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La imposición inútil

lunes 16 de abril de 2018, 12:16h

La lucha contra el español dentro de España es una de las más ignominiosas formas de perder el tiempo y el dinero en que se afana un subgénero de políticos de andar por casa. No confundir a este subgénero de falsos lingüistas con aquellos otros cuidadosos de la conservación de lenguas que son valores culturales que correrían riesgo de extinción en la práctica sin la protección y el fomento de su estudio. Tampoco se puede identificar a estos falsos lingüistas con aquellas personas sensibles que saben que unas lenguas culturalmente conservadas pero sin uso popular pueden convertirse en lenguas muertas, como el latín o el griego clásico, a pesar de su universalidad y su incrustación en las raíces y expresiones de todos los idiomas modernos. Conservación y utilización justifican una pedagogía y la presencia pública de lenguas de contorno regional en sus áreas naturales. Pero no es este el ánimo de aquellos que sueñan con hacer de la lengua un arma de división diferencial promoviendo un proceso de inmersión forzada que creen que pueden servirles para descoser las costuras de un Estado pluralista para dar paso a unos Estados de facción.

Superada y abandonada la idea de romper la unidad de los Estados históricos con el mito de la lucha de clases para establecer, bajo su pretexto, dictaduras del proletariado y fórmulas totalitarias de Estados de partido, los herederos del estalinismo buscan la fractura lingüística como un método de anulación de los lazos comunes a los grandes pueblos para convertirlos en agrupaciones de manejables tribus ideológicas mal comunicadas entre sí. Es como decir de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a la Unión de Repúblicas Lingüísticas Nacionalistas. Por ello no es extraño que una izquierda extrema se asocie a todo montaje idiomático retrógrado porque creen que, con ello, debilitan la conciencia de pertenencia a una patria establecida sobre principios comunes opuestos a su pretensión totalitaria.

Por ello, estos falsos lingüistas no se conforman con la conservación y activación de las lenguas elevadas al rango de cooficiales sino que ensayan su imposición sin contar con la voluntad de la ciudadanía. Es así como se producen anécdotas tan absurdas como que se tenga en cuenta el idioma para contratar unos músicos destinados a expresar con sonidos el más universal de los mensajes o para contratar profesionales de la salud o de la investigación, como se observa en Baleares. En Navarra pretenden imponer el vasco al personal público al servicio de una población que solo lo conoce en un 5%, favoreciendo, además, a las empresas que pretendan ser contratadas por la administración foral. En Valencia se ofrecen incentivos fiscales a las empresas que implanten requisitos lingüísticos en sus plantillas. No merece la pena por sobradamente conocida la inversión escolar en Cataluña, pisoteando el derecho a la libertad de elección de los padres. Lo que no comprenden los autores de estos y otros desafueros es que evidencian con su ánimo impositivo su fracaso y su impotencia. Porque no hay nadie con sentido común a quien le moleste educarse libremente en una lengua común de proyección universal sin mengua de compatibilizarla en el grado que parezca oportuno con el cultivo de la lengua ancestral de un territorio.

Lo que no comprenden los fanáticos de la parcelación lingüística es la inutilidad de su empeño destinado a la inevitable frustración de quienes proponen que las gentes prefieran una lengua que se entiende en todas partes a otra que solo sirve para hablar en una parte. Es un empeño parecido al de los clérigos que creían que el método adecuado para conservar la fe era imponer la obligatoriedad de saber recitar de memoria un catecismo. Pues bien, en ciertas épocas, todos recitaban el catecismo y, una vez fuera de la escuela, lo olvidaban. Es como lo que sucedía con el empeño en que todos los niños de la escuela aprendiesen la lista de los reyes godos. La aprendían pero no adquirían ninguna virtud gótica y, en cambio, voluntariamente, recitaban mejor la alineación de su equipo de futbol preferido sin necesidad de que nadie los obligase. Ese es el futuro de todos esos funcionarios y contratados a los que se pretende hacer que aprendan como obligación o como mérito una lengua de uso territorial. Si son estudiosos y memoriones la aprenderán por necesidad laboral y, después, se irán a charlar en español con su familia y sus conocidos sin preguntarles donde han nacido, a ver juntos el partido de futbol comentado por un argentino, a cantar rancheras mejicanas, a leer novelas de un peruano a soñar con el comunismo cubano y olvidarse del suplicio gramatical que mejor hubiesen preferido sufrir para conseguir dominar el inglés.

El problema de las tácticas impositivas de idiomas locales es que no tienen otro objetivo más allá de los intereses y autosatisfacción de un subgénero de políticos de tercera división y de una clase de profesionales de proyección pueblerina. Son imposiciones de lenguas sin posibilidades de expansión que son legítimas para quienes las aman por instinto natural de pertenencia pero carecen de utilidad en un planeta dominado por el inglés, el español, el chino o el árabe. No ofrecen oportunidades laborales ni proyección cultural más allá de los límites del territorio donde pueden establecerse los filtros de discriminación. “Pasarán más de mil años, pasarán” y la situación será administrativamente estática mientras la imposición política se mantenga. Los más despiertos se libraran de las limitaciones a que los someten quienes condicionan su educación y los privan del dominio perfecto y completo de la lengua común. Los menos despiertos se quedarán para siempre, hablando con los vecinos, estudiando mal y expresándose torpemente en la lengua común y en la lengua propia. Una tara impuesta que eluden los mejor situados y que provoca la preferencia por la enseñanza privada de quienes pueden pagarse la correcta enseñanza de la lengua común sin merma de la babelia circundante

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