Cuando un gobierno cobardón corroe la arquitectura constitucional y practica el caos en la gestión de la Dana que desgarró y desgarra al Levante, se impone confirmar la verdad profunda de la actual España constitucional. Cuando alguno se alarma por la degradación de la Seguridad Nacional hay que recordar que, a la vez, el Gobierno tergiversa maliciosamente la historia que nos dice que el alzamiento del 18 de julio de 1936 no se produjo para instaurar una dictadura racista o fascista sino para evitar que la Península derivase en una dictadura comunista con la URSS de Stalin como único aliado militar, económico e ideológico de la II República. Desaparecida la amenaza fascista de Europa ya en 1956 siete personas representativas del pluralismo democrático -Ridruejo, Sánchez Ferlosio, Ruiz Gallardón, Pradera, Múgica, Tamames y Elorriaga- fuimos encarcelados y procesados por intentar una moderada democratización de la convivencia con la conformidad de todas las tendencias políticas, e inclusive la comunista, ya desengañada del estalinismo.
Desde entonces, desde la clandestinidad o desde un aperturismo desigualmente tolerado, se consagró como aspiración popular preparar un futuro en paz para una España pluralista. También se promovieron objetivos prácticos de cambio del sistema autárquico como el Plan de Estabilización y Liberación Económica de 1959 o la liberación en los años de gestión de Fraga Iribarne de la prensa hasta entonces sometida a censura previa y designación oficial de directores, socialmente demandada por el gran crecimiento de las clases medias cultas, la convivencia buscó una fórmula para estabilizar un tránsito de concordia y lo encontró en la monarquía. La primera meta de la Transición fue consolidar a título de Rey por adelantado a quien debería suceder al Generalísimo siendo imposible la avenencia entre Franco y don Juan de Borbón, heredero de Alfonso XIII, destronado por la efímera II República. Todos los esfuerzos se volcaron en su hijo Juan Carlos que se educaba en España por el único acuerdo que fue posible entre Franco y don Juan. Se utilizaron todas las tramas desde el llamado “bunker” del Régimen por impedir esta designación sabiendo que llevaba consigo la democratización de España, patrocinando otras candidaturas más o menos oportunistas hasta remover lazos familiares o soñar posibles regencias militares.
Era urgente proporcionar a don Juan Carlos un estatus desde el que pudiera establecer los acuerdos políticos para una futura transición. Se consiguió como una audacia posteriormente consentida. En torno a don Juan Carlos, ya formalmente príncipe de España, Torcuato Fernández Miranda pudo trazar el esquema jurídico del cambio político y el rey situó de entrada para ejecutarlo como presidente del Gobierno a Adolfo Suarez. No debe pasar por alto que ambos habían sido ministros secretarios generales del Movimiento. Las primeras elecciones libres con todos los partidos conformes y presentes se celebraron de acuerdo con la Ley a la Reforma Política que fue la última ley fundamental del franquismo defendida brillantemente por Fernando Suarez. Es falso el vulgar tópico de un “Harakiri”. Fue un cambio político consciente por necesidad y justicia después, tras los Pactos de la Moncloa formalizados por Santiago Carrillo, Felipe González, Manuel Fraga y Adolfo Suarez, el tren de la Transición constitucional se pondría en marcha y llegaría a su destino tras debates y accidentes en 1978. Las nuevas Cortes Generales formadas por Congreso y Senado encargaron el texto a una comisión retratada para siempre en el Congreso de los Diputados que redactarían un proyecto constitucional que cuajaría en la Constitución de 1978 felizmente vigente hoy, a pesar de las alianzas anticonstitucionales de Pedro Sánchez y la consiguiente radicalización del clima político y a pesar de la blandenguería de quienes no se atreven a exponer sus evidentes raíces que no son, precisamente, las espantadas fugaces de UCD traicionando a Adolfo Suarez sino el germen independiente del Partido Popular —antes Reforma Democrática y después Alianza Popular que para el caso es lo mismo— que fue y sigue siendo el pilar centroderechista de la Constitución siempre a la espera de que a su izquierda actúe como alternativa un socialismo también constitucionalista y democrático.
La fecha de 1978 no supone que la Constitución haya nacido por artes mágicas a cargo de unos políticos sin arraigo en el pueblo. El largo proceso constitucional fue una historia congruente de acuerdos y referéndum popular que no se derrumbará por mucha demolición de sus pilares y muchas cobardías que acumule Pedro Sánchez. Nuestros nietos verán como la Constitución cumple un siglo. De Pedro Sánchez solo quedará el obsceno recuerdo de quien quiso chantajear con el dolor de una Dana.
Si (
No(
