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Banderitas

miércoles 11 de agosto de 2021, 08:12h

La fractura social que ha generado en Cataluña el desafío independentista se ve con una nitidez meridiana incluso a centenares de kilómetros del foco de los acontecimientos. Con demasiada y cada vez mayor frecuencia asistimos a circunstancias esperpénticas que sacan a la luz pública la tensión, el ninguneo, el desprecio y el rechazo a los que se ve sometida la mitad de la población catalana, esa que, además de catalana, se siente también y al mismo tiempo española.

Quienes en Cataluña ni votan al independentismo, ni lo apoyan, ni lo ven con buenos ojos saben que tienen que pagar un canon muy alto que, en muchos casos, les ha llevado a considerar la posibilidad cierta de tener que abandonar su tierra. En tiempos de ETA y por motivos similares fueron también muchos los ciudadanos vascos que pusieron tierra por medio cuando desde distintas zonas de Vitoria, Bilbao o San Sebastián hicieron las maletas y emigraron a otras tierras españolas para dejar de sufrir en carne propia el aislamiento, el acoso y en varios cientos de casos, hasta el tiro en la nuca o la bomba en los bajos de su coche. La diferencia entre entonces y ahora es –gracias a Dios-, que aquí no hay armas de fuego, pero a cambio hay connivencia y hasta el apoyo descarado de autoridades municipales y autonómicas a un independentismo que así se envalentona, se crece y se siente cada vez más protegido frente al otro gran sector de la población –la que ellos mismos llaman españolista-, que, por el contrario, ve más pisoteadas cada día sus libertades de opinión, de expresión y de manifestación.

Hasta ahora la cosa iba por la imposición a toda costa del idioma catalán frente al castellano o español en todas las manifestaciones sociales. La tendencia no solo se ha establecido en el día a día de comerciantes que no pueden rotular en español sin tener que enfrentarse por ello a multas o a boicots, hasta la dificultad de muchísimas familias para encontrar colegios en los que los niños aprendan en castellano la mayor parte de los currículos de las asignaturas. Pero, en los últimos años, sin abandonar ni mucho menos los aspectos anteriores, han ido más allá y la tendencia ha llegado también a los símbolos nacionales, a las banderas –roja y gualda para los españolistas y estelada para los independentistas catalanes-, y a otros símbolos como los lazos amarillos, que en ciertos momentos han inundado sobre todo los paisajes urbanos de pueblos y ciudades del noreste español.

Y, como a cada acción le sucede una reacción, muchos ciudadanos catalanes acosados han formado lo que ellos mismos llaman Brigadas antilazos amarillos que, sobre todo, cuando se acerca la festividad del 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, se lanzan a calles y plazas para eliminar los símbolos independentistas para sustituirlos por otros constitucionalistas, en especial la bandera española. Claro que semejante osadía no es gratuita, como han podido padecer hace bien poco y en sus propios bolsillos unos cuantos ciudadanos al comprobar que desde la Generalitat se les han impuesto multas económicas de más de 600 € -podrían llegar, incluso, hasta los 30 000 €-, por incumplir la normativa de protección ciudadana. Su infracción consistió simplemente en haber sido sorprendidos por los mossos en octubre de 2020 colocando banderas españolas en farolas y semáforos de Barcelona.

Sí, es cierto que uno no puede dedicarse a monopolizar el uso de semáforos, marquesinas o farolas por muy loables y patrióticas que sean sus intenciones. Pero también lo es que hay muy distintas varas de medir cuando los protagonistas de acciones similares son los independentistas. Los mossos no persiguen ni aplican sanciones como estas a los partidarios del independentismo cuando llenan de lazos amarillos y esteladas los espacios públicos. Se rompe así la máxima de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. En Cataluña no. Hay catalanes de primera, los independentistas, y ciudadanos de segunda, todos los demás, los que no lo son.

La fractura ciudadana, el enfrentamiento, el dolor, el enconamiento de unos frente a otros van a tardar muchos años en superarse y los últimos responsables de ello tienen nombres y apellidos: los cuarenta personajes independentistas condenados por el Tribunal Supremo como instigadores y promotores del procés, y cientos y cientos de autoridades y líderes catalanes más que, como Pere Aragonés o Ada Colau, alientan manifestaciones antiespañolistas que lo único que denotan es su sectarismo permanente y su afán de representar exclusivamente a una parte de los ciudadanos catalanes.

Indirectamente también Pedro Sánchez y su gobierno alientan, promueven y extienden este tipo de sectarismo al indultar, primero, y al sentarse después a negociar en una mesa bilateral con los mismos que han protagonizado el procés y quienes persiguen cualquier manifestación de españolismo o, lo que aún es peor, también a quienes no hacen pública adhesión a estos y otros principios cuyo único fin es el de segregar a la mitad de la población catalana.

Extraño país esta España que persigue a quienes lucen o hacen ostentación en algún momento de su propia enseña nacional. Justo lo contrario de lo que sucede en cualquier otro país civilizado, sea o no democrático. Hemos podido apreciarlo directamente en lugares tan distintos y distantes como -por poner algunos casos concretos-, Estados Unidos de América, Francia, Reino Unido, Portugal, Rusia, Australia, Argentina, Uruguay, Brasil o Marruecos. Se diría que aquí se mira con desprecio, cuando no se ataca físicamente, a quien lleva algún distintivo con su propia bandera. Colectivamente es un asunto que deberíamos examinarnos. Se diría que somos una sociedad que busca su propia destrucción. Claro que ya llevamos más de cinco siglos intentándolo y aún estamos aquí.

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