Hace unos cuantos años en España, en pleno nacionalcatolicismo franquista, atreverse a disentir, criticar o proclamarse librepensador, religioso, pero de forma particular y no en el seno de iglesia alguna, o lanzar públicamente y a voz en grito insultos, vituperios o procacidades que pusieran por medio el nombre de dios en tu boca, podría costarte una multa, alguna noche en el calabozo y, desde luego, el alejamiento y el desprecio de vecinos y paisanos.
Ahora, todo eso me parece que sucede con la nueva religión, la del ecologismo y el medio ambiente. Si eres agricultor y usas pesticidas contra las seguras plagas que atacarán a tus cultivos; si eres pescador y en el barco, en lugar de bucólicas y melodiosas liras para atraer a los peces, utilizas redes convencionales; si eres partidario de las nucleares, te gustan los toros, fumas a menos de cien metros de un congénere, no ves con malos ojos la existencia de granjas intensivas, o la práctica de la caza, tienes asegurado el estigma, la sospecha, la desconfianza, el desprecio, el señalamiento y la etiqueta –a veces, incluso, el escrache- de estos nuevos vigilantes, organizadores y seudoamigos de la naturaleza que han surgido en los últimos años al amparo de modas ideológicas, subvenciones y chiringuitos.
Para esta moderna inquisición de lo políticamente progre y correcto, a poco que te desvíes de la doctrina oficial del ecologismo, pronto te cuelgan el sambenito, el anatema, la denuncia, la desaprobación y la condena. Pregúntaselo, si no, a las gentes del campo –agricultores y ganaderos-, y gentes de la mar, aunque pongan como razones de sus milenarias prácticas que vienen de generación en generación para cuidar, mimar, trabajar y vivir haciendo de la agricultura o la pesca, y del cuidado del entorno que facilitan esos productos, su profesión, su modus vivendi. Nadie, pues, más interesado que ellos en que la tierra, los pastos, los bosques, los animales y el mar puedan seguir siendo explotados en el sentido más respetuoso, natural y humano del término.
Pero, a vista de los modernos ecologistas, estos “advenedizos” (agricultores, ganaderos y demás oficios derivados del sector primario), a lo sumo, podrían encuadrarse dentro de un segundo orden de ecologismo, más primitivo y sin fundamento alguno. Vamos, que serían algo así como ecologistas de pueblo, o de provincias, como se decía en tiempos del nacionalcatolicismo. Una arrogancia, un sinsentido que ya es generalmente admitido por la sociedad urbana y que nos está costando muy caro, y de no poner cuanto antes cada cosa en su sitio, me parece que aún nos va a costar mucho más.
Uno de los adalides de este neoecologismo guay y progre es, sin duda, nuestro ministro de Consumo, Alberto Garzón. Los medios críticos censuran su inacción, el hecho de que pasen meses y meses sin que nadie sepa nada de su actividad en ese flamante ministerio creado por Pedro Sánchez por mor de la cuota morada en el gobierno de coalición, y de ahí que pongan en duda la necesidad –más aún en tiempos de crisis y recesión como los que estamos abocados a vivir durante muchos más meses-, la propia existencia del organismo ministerial. Uno, sin embargo, que es cada vez más escéptico, aunque solo sea por razones de edad, considera siempre que, del mal, el menos. Y así, lo mejor es no saber nada de lo que hace o deja de hacer el joven ministro porque, de otra forma, cada vez que se mueve, tiemblan ganaderos, supermercados, agricultores, transportistas y hasta fabricantes de juguetes.
La última, pionera y ecologista idea de don Alberto Garzón es la de obligar a los mataderos a instalar cámaras de videovigilancia para luchar contra el maltrato animal, convirtiéndose así nuestro país en el primero de Europa que adopta esta iniciativa. Esas cámaras, al parecer, deben de estar instaladas tanto en las zonas en las que haya animales vivos como en los muelles de descarga y en las salas de despiece, aturdimiento y ejecución del animal. Como puedes imaginar, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos está que trina. No creo que en futuras reuniones ninguna de sus asociaciones integrantes proponga declarar al señor ministro miembro honorario, ni que se le vaya a entregar insignia alguna de reconocimiento a su labor en pro de los sectores agropecuarios.
Por lo que uno oye y lee por acá y por allá, nuestro país es uno de los que tienen normativas más exigentes en asuntos de estabulación animal y mataderos. De hecho, en cada matadero ya hay un veterinario oficial que certifica que el trabajo se ajusta a las normativas tanto sanitarias y medioambientales como de bienestar animal.
Pero debe de ser que Garzón no se fía de sus propios funcionarios, o personas delegadas en el cumplimiento de estas normativas -hablo de los veterinarios oficiales-, cuando salta ahora con esta nueva ocurrencia. No les falta otra cosa a los ganaderos que añadir un gasto más al de la energía, el trasporte, la alimentación, etc. de su ganado… 700 mataderos necesitarán de este sistema de videovigilancia, que tiene un coste medio de 4 500 euros y estarán también obligados a contratar un servicio de mantenimiento de los equipos.
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