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Ley de pandemias, sí o sí

martes 23 de noviembre de 2021, 08:26h

La efectividad de la vacunación como fórmula más adecuada por el momento para hacer frente a la pandemia de covid es cada día más patente. En España, que ya vamos por la sexta ola, aunque siguen los contagios, sus efectos son mucho menores que en buena parte de Europa gracias a que prácticamente el 90 por ciento de las personas mayores de 12 años ya han recibido dos dosis, es decir, la pauta completa y eso se traduce en que, aunque la incidencia ha vuelto a subir claramente de los 100 casos por 100.000 habitantes, la presión hospitalaria es muchísimo menor, por un lado, y la mayor parte de los enfermos que han tenido que pasar a las UCI (7 de cada 10), no se han vacunado.

En esta situación, y ante la proximidad de las Navidades, ha surgido ya el debate sobre la conveniencia o no de exigir en sitios públicos y privados el certificado covid que se expide por las consejerías de sanidad de las autonomías correspondientes, que son los organismos legitimados para ello. Ante la falta de una ley estatal, son los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma los que tienen la última palabra y han vuelto a surgir las opiniones encontradas (sentencias, en este caso). Cataluña, Galicia o Baleares han dicho sí, pero el País Vasco ha sentenciado todo lo contrario.

El problema radica en que en nuestro país hoy no se puede obligar a ningún ciudadano a vacunarse y, por tanto, tampoco ningún servicio público puede impedir que alguien pueda acudir a él, aunque no esté vacunado. Solicitar que se presente el certificado de vacunación para ir a un hospital, a un restaurante o a una sala de fiestas sería contrario a la ley si no media una sentencia que lo permita. Y, claro está, en unas regiones se puede pedir, en otras no.

No sucede así, por ejemplo, en Austria donde el gobierno ha vuelto a anunciar el confinamiento general de la población, después de que, desde el pasado 15 de noviembre, prohibiese a los ciudadanos no vacunados (o los que no hubieran pasado aún la enfermedad) no pudieran salir de su domicilio salvo casos muy contados recogidos por ley. Además, y en esas circunstancias, tienen prohibido ir de compras, acudir a restaurantes, bares, gimnasios o eventos culturales y deportivos, entre otros. En España, con la legislación vigente, ni el gobierno de la nación ni los gobiernos autonómicos están capacitados legalmente para imponer este tipo de medidas a los no vacunados porque violarían derechos fundamentales.

La única forma de anticiparse en España a futuras pandemias es iniciar con el consenso y el sosiego necesarios la elaboración de una ley de pandemias que previese la posibilidad de la aplicación, de forma generalizada, de medidas como estas que pudieran así garantizar tanto la salud como la libertad de los ciudadanos, y siempre dentro de los términos de la constitución. Las dos sentencias dictadas recientemente por el Tribunal Constitucional (TC), sobre la limitación de derechos fundamentales durante el estado de alarma en España apuntan en esa dirección, es decir, que nuestro país hoy no está dotado de leyes que le permitan afrontar con la agilidad y la contundencia necesarias situaciones tan graves como las provocadas por una pandemia como la del covid.

Se lo han recordado al gobierno Sánchez algunas fuerzas parlamentarias de oposición en el momento más grave de la pandemia en la que aún estamos inmersos –una circunstancia que olvidamos con frecuencia -, pero este parece mucho más preocupado por marear la perdiz con asuntos ideológicos, absolutamente prescindibles en estos momentos, que en embarcarse en la promulgación de una ley de pandemias que, obviamente, le exigiría transitar por la senda del consenso político, un camino del que ha huido de forma sistemática durante los meses de pandemia tras descubrir que el del Real Decreto Ley es mucho más cómodo y limpio, aunque luego traiga consecuencias tan bochornosas como las derivadas de las sentencias del Constitucional.

Parece que el gobierno Sánchez está mucho más preocupado en resucitar viejos fantasmas históricos que en solucionar los problemas reales de unos ciudadanos que, desde luego, están más que inquietos por la vertiginosa subida de los precios, la crisis energética (luz, gasolina, gas…), las pensiones actuales y futuras, la bajada de la tasa de desempleo entre los jóvenes, la situación de nuestra agricultura y ganadería, el metal, la universidad o el espacio aéreo (también hay ya anunciadas movilizaciones de controladores), o de una –ya inaplazable-, nueva ley de pandemias que evite volver a asistir al formidable caos de gestión que durante los primeros meses se vivió en España y cuya responsabilidad trató de eludir el ejecutivo tratando de enmascararla bajo el concepto de la cogobernanza con las comunidades autónomas, un subterfugio político-legal que, por cierto, también ha tumbado el TC.

O se pone a trabajar de una vez el gobierno, y cuanto antes, para promulgar esa ley con el mayor consenso posible o, como siempre, pronto veremos cómo unos y otros se tiran los trastos a la cabeza buscando culpables en el bando contrario mientras más hospitalizados y muertos engrosan las cifras estadísticas. A estas alturas de la película sería ya imperdonable.

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