Pseudoneolibertad de información y censura

Los directores de Comunicación de los partidos que hoy conforman el Gobierno de España, PSOE y Podemos, así como sus más fieles aliados en el Congreso (ERC, PNV, Más País, BNG y Bildu), junto a los minoritarios CUP, Junts, PdeCat y Nueva Canarias, han impulsado hace sólo unos días un más que sorprendente comunicado pidiéndole al Congreso que vete y expulse a determinados medios de comunicación de las Cámaras por considerarlos radicales. Y lo afirman en base a ciertas cuestiones incómodas que los periodistas acreditados plantean frecuentemente a los portavoces de esos partidos en las ruedas de prensa que convocan.

Está claro que a los partidos firmantes lo único que les gustaría es que los profesionales de esos medios…, digamos “no afines”, se limitasen a tomar nota de sus argumentos, y a lanzarlos al aire sin alterar ni una coma, que es tanto como imponer una sola visión, unívoca y acrítica, de cuanto decidan sus señorías. De ahí a la censura previa desde las mismas instituciones no hay más que un paso. En otras palabras, que la izquierda parlamentaria y sus admiradores más fieles lo que buscan es imponer a los medios sus intereses informativos que –no lo olvidemos-, no son más que los de una parte del parlamento y no de toda la cámara que, al cabo y en su conjunto, representa al pueblo español.

Los únicos argumentos en los que se apoya este comunicado orientado a ejercer el veto a estos medios en el Congreso no es otro que el de evitar las preguntas incómodas de sus periodistas para los partidos del poder porque, finalmente, retratan las múltiples contradicciones que pueden colegirse entre lo que predican y lo que practican.

El comunicado nos trae a la memoria lo que Pedro Sánchez presentó en su investidura como una “estrategia contra la desinformación” que, sólo unos meses después, derivó en el anuncio de la creación de un “ministerio de la Verdad” (inquietante iniciativa que nos recuerda al Gran Hermano que Orwell imaginó en ‘1984’), orientado a que fuera el propio gobierno quién decidiese de qué se podría informar y de qué no, en qué términos concretos y en qué medios.

Unidas Podemos –al menos cuando se expresa como partido, no lo ha hecho todavía como parte del gobierno-, es aún más drástico y, si por ellos fueran, en España no existiría hoy ni un solo medio privado ya que, a la primera oportunidad, todos serían nacionalizados y, consecuentemente, no podrían “ladrar” más que cuando se lo permitiese el “amo” estado, o su “guardián”, el gobierno de turno.

Para quienes insisten en transitar por estos derroteros liberticidas, el artículo 20 de la Constitución de 1978 es mucho más que una incómoda señal de “prohibido”. Quizás esta no sea más que una nueva fórmula de desbordar la Constitución a base de normas y leyes paralelas que la vayan debilitando, vaciando de su verdadero contenido, por mucho que Sánchez proclame ahora, aprovechando la celebración del 43º aniversario de la Carta Magna (antes dijo lo contrario y, posiblemente, mañana dirá lo contrario de lo contrario…), que “la Constitución hay que cumplirla de pé a pá”. Y lo dice, como siempre, practicando el olvido interesado de quien, por ejemplo, se salta una sentencia determinante del mismo Tribunal Supremo condenando a los impulsores del referéndum de independencia del 1 O de 2017 en Cataluña indultando a unos condenados por sedición que, no sólo es que no se hayan arrepentido de su iniciativa, sino que han reiterado hasta la saciedad que volverán a repetirla cuando les parezca.

Como mínimo, esta es una posición de un cinismo proverbial que, sistemáticamente, demoniza a una parte de los medios de comunicación y de la sociedad española –plural, en cualquier caso-, y se pongan como se pongan los partidos firmantes del documento del Congreso.

Posturas como las manifestadas por los firmantes del manifiesto se parecen mucho más a la Ley de Prensa que Serrano Suñer dictó en plena Guerra Civil (1938), con objeto de suprimir la prensa republicana, que hizo más que buena a la posterior Ley de Prensa e Imprenta de 1966 inspirada por Manuel Fraga Iribarne. Si esta tenía sus mecanismos para controlar a la prensa, también permitió la existencia de publicaciones como Triunfo, Cambio 16 o Cuadernos para el diálogo; mientras, y por el contrario, aquella quiso convertir a toda la prensa en una institución al servicio del Estado, transmisor de valores oficiales e instrumento de adoctrinamiento político y relegar al periodista en “apóstol del pensamiento y de la fe de la nación recobrada a sus destinos”. Vamos, como hoy sucede con la prensa de Rusia, Venezuela o Cuba, pongamos por caso.

Huyamos como del demonio de estas viejas fórmulas de falsa libertad de información, de pseudoneolibertad de información, que hacen parecerse tanto a las soluciones fascistas y comunistas para acallar a los medios y proclamemos bien alto que a nosotros nos basta con un solo artículo para marcar las reglas del juego informativo: las consignadas en el artículo 20 de nuestra Constitución. Desconfiemos sistemáticamente de todos aquellos que hablan mucho de libertad de expresión, pero la niegan a quienes no piensan como ellos.