Río revuelto en Telefónica

Hace sólo unos días el Consejo de Ministros, con cierta nocturnidad y algo de alevosía, decidió hacerse con el 10% de Telefónica, la empresa que dejó de ser estatal hace más de 25 años, para lo cual habrá de desembolsar más de 2 000 millones de euros. La decisión se ha fundamentado en la necesidad de parar a Arabia Saudí (y casi al grito de ‘¡que vienen los árabes…!’), tras la adquisición del 9,9% del accionariado a través de STC Group, el principal operador saudí de telecomunicaciones.

Lo malo para España es que la semana pasada supimos también que nuestra deuda externa alcanzó a finales de octubre de 2023 la despreciable, insignificante y hasta mezquina cifra de 1 572 billones de euros (con B de burrada…). Una cifra que, en buena medida, se la debemos a la gestión de la hasta dentro de poco vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, ex alta funcionaria de la UE reconvertida al sanchismo más ferviente, que en cuestión de días se hará con la presidencia del BEI. Ya se sabe que lo peor de las ideologías son los neoconversos porque son capaces de ir mucho más allá de lo que la ortodoxia les ordena. Calviño ha debido de concluir en tan pocos años como ha estado en el gobierno, que mientras la deuda se amplíe por motivos sociales, todo está permitido, y seguro que se ha llegado a convencer de que siempre quedará la salida de pedir su condonación cuando el pozo se haya profundizado hasta cotas de imposible vuelta atrás. Si todas las familias españolas imitásemos a nuestra ministra, no entraríamos en la total bancarrota sino varios estadios más allá y empresas, fondos, bancos y estados huirían de todo lo que huela a español para intentar así no contaminarse de barbaridades tan ostentosas.

El grueso de presidentes y consejeros delegados del Ibex 35 no debe de haber pasado la mejor de sus navidades porque ya se sabe que “cuando las barbas de tu vecino veas pelar...". Más de uno se habrá dicho ya que si el gobierno controla ya Prisa, Indra y, a partir de ahora, controla también Telefónica, lo mismo la siguiente puede ser la mía. Así pues, atentos a decisiones y argumentos gubernamentales futuros (estos últimos no serán muy contundentes, seguro…), para que Iberdrola, BBVA, Santander y -con permiso de Carles Puigdemont, claro-, hasta la misma Bancaixa, pueden ser los próximos objetivos de un gobierno populista y acaparador como es el sanchista. Más aún la parte encabezada por la ministra Dior, Yolanda Díaz, que no habrá día del año en que sus sueños más húmedos no estén polarizados por nacionalizaciones y más nacionalizaciones de empresas, empezando sobre todo por Mercadona e Inditex, las de Juan Roig y Amancio Ortega, respectivamente, que vienen sufriendo los más furibundos ataques en redes sociales por parte de los seguidores más cafeteros de la izquierda radical, siempre envidiosa de todo tipo de éxitos personales, aunque sea incapaz de señalar -si los hay-, otros tantos de éxitos colectivizados.

Lo más curioso del caso Telefónica, no obstante, son las razones argumentadas por fuentes gubernamentales para justificar la decisión tomada. Se alude, por un lado, a que el de las telecomunicaciones es un “sector estratégico”. ¿Y cuál no lo es? Todo es estratégico, o puede llegar a serlo en un momento determinado. No sé la última razón por la que se hace alusión al tema porque el gobierno sabe perfectamente que no hubiera hecho falta acudir más que a la aplicación de la ley vigente para abortar la operación de entrada de capital saudí en Telefónica.

Pero el sentido táctico y estratégico que preside toda acción del gobierno Sánchez, le ha decidido a que, con la excusa de frenar a los saudíes, había que aprovechar esta nueva oportunidad de ejercer de nuevo el intervencionismo estatal, de reactivar el populismo político y la politización institucional, y volver (26 años después de que Telefónica se hiciese totalmente privada), a meter de nuevo cabeza en la que se ha convertido en baluarte de la presencia empresarial española en el ámbito internacional.

Por otro lado, se argumenta también que la decisión ha sido tomada para defender los intereses de España. Por esa misma regla de tres, no entiendo muy bien qué hace un representante del Consejo de Ministros negociando en Ginebra el futuro de nuestro país. Quizás sea también por intereses de España, y el común de los mortales no acertemos muy bien a ver dónde diablos están esos intereses generales. Los particulares los vemos a primera vista: los de Pedro Sánchez para mantenerse cuatro años más en el sillón de Moncloa, y los de Puigdemont para volver en loor de multitudes catalanistas con banderas esteladas recibiendo a su líder en una nueva, inesperada y dorada página de la historia de la non nata República de Catalunya.

Concluimos, en fin, en que Dios nos pille confesados como el de Telefónica sea el ejemplo que anime al gobierno a emprender una nueva e imparable serie de nacionalizaciones totales o parciales de empresas privadas porque, si ya encabezamos algunos de los rankings negativos de la economía de la UE, con este nuevo enfoque de comunismo económico vamos a batir todos los records. Bien harían bancos, eléctricas, transporte, industrias, alimentación o incluso farmacéuticas, en armarse de razones, especialmente legales, para intentar evitar esta tentación de ocupar todo lo ajeno que siempre tiene la izquierda antifranquista que, sin embargo, no le duelen prendas a la hora de imitar tanto al antiguo Caudillo (recuérdese, por ejemplo, el viejo INI).