¿Volverán las oscuras golondrinas?

Al más puro estilo autoritario, en pleno verano y tramitada urgentemente -lo cual significa, entre otras cosas, que apenas sí se ha dado tiempo a la oposición a que estudie la nueva normativa en profundidad para proponer mejoras y textos alternativos en el Congreso-, el gobierno ha aprobado en su último Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, que viene a sustituir a una de las últimas leyes franquistas aún en vigor, la de Secretos de 1968.

Aprovechando que el Pisuerga sigue pasando por Valladolid, aunque sea con un cauce a menos de medio gas, el articulado del nuevo anteproyecto de ley esconde normas que atacan gravemente a la libertad de expresión. Eso es, al menos, lo que ve la FAPE, principal federación de periodistas de España, que ha mostrado ya su alarma y su enorme preocupación por los derroteros de recortes de las libertades que nuevamente toma el gobierno.

Ya nos temíamos algo así a principios de diciembre del año pasado, y lo advertíamos en una columna que titulábamos Pseudoneolibertad de información y censura, recriminando la iniciativa que entonces tomaron los directores de comunicación de los partidos que conforman el gobierno (PSOE y Unidas Podemos), secundados por los colegas de los partidos que les apoyan desde fuera (Bildu, ERC, Más País, BNG…), en el que pedían al Congreso que “vete y expulse a determinados medios de comunicación de las Cámaras por considerarlos radicales”. Y lo afirmaban en base a ciertas cuestiones incómodas que los periodistas acreditados plantean frecuentemente a los portavoces de esos partidos en las ruedas de prensa que convocan.

Está claro: si no nos gustan las preguntas de los periodistas de ciertos medios, o la línea editorial de estos sigue siendo abiertamente crítica con el gobierno de la nación, vamos a dificultarles su labor y, si se ponen chulos, lo mismo los cerramos también. Una reacción al más puro estilo chavista o del nicaragüense Daniel Ortega que, precisamente, estos días está dando lecciones prácticas de “libertad de información” cerrando varios medios que dan cobijo a voces de la oposición nica.

Hasta ahora los secretos oficiales dependían del ministerio de Defensa, pero, según el nuevo anteproyecto, van a pasar a manos del ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que es tanto como decir que pasarán de manos de Margarita Robles a las de Félix Bolaños, el último alter ego de Pedro Sánchez.

No son solo los periodistas quienes han mostrado ya su honda preocupación ante el inquietante paisaje que marca la nueva ley, sino también reputados juristas que ya se llevan las manos a la cabeza por la pretensión del gobierno de implantar «un control total y absoluto de la información».

La extensión del concepto de “secreto oficial”, ahora pasaría de tener dos niveles a cuatro (alto secreto, secreto, confidencial y restringido, expresados de mayor a menor plazo para su desclasificación).

Lo cierto es que, si finalmente se aprueba esta nueva clasificación en los términos avanzados, serán mucho más los temas que se volverán opacos a la opinión pública y el gobierno no va a querer dejar en la tentación de ocultar asuntos, no ya que afecten a la seguridad del estado (cosa lógica y que ya prevé la Ley de Secretos de 1968), sino que, ampliando el abanico, afectará también a todos aquellos asuntos que al ejecutivo le sitúen en una posición de incomodidad ante la opinión pública. Pensemos, por ejemplo, en los recientes casos Pegasus, Plus Ultra, el repentino cambio de postura frente a Marruecos con el problema del Sáhara, o posibles casos de corrupción que afecten al gobierno y su entorno. Estos asuntos, sin duda, una vez aprobada la nueva ley, seguro que entrarían de lleno en alguno de los cuatro apartados que propone y se hurtaría su información o su comentario a la ciudadanía.

Es curioso cómo partidos y políticos cambian habitualmente su concepción sobre los grandes temas en función del lugar que ocupen en cada momento en el hemiciclo: gobierno u oposición. A Pedro Sánchez se le llenaba la boca de libertad, de más democracia y de mayor participación del pueblo cuando estaba en la oposición. Ahora, que maneja los hilos del poder, no sin grandes dificultades que le llevan a concesiones continuas a ERC y a Bildu, es mucho más propenso a la opacidad que a la transparencia en sus acciones de gobierno, a decir una cosa y la contraria y, al final, a hacer siempre la que más conviene a su permanencia en Moncloa más que al bien de la ciudadanía.

Podríamos seguir aquí hablando y argumentando, pero siempre se nos dirá que lo hacemos a ciegas, sin conocimiento del texto final de la nueva ley, que ni siquiera ha sido debatida en el Congreso y el Senado. Aun así, seguimos pensando lo mismo: por un lado, como ya acuñó la FAPE hace unos años, puede afirmarse sin ningún tipo de tapujos que “sin periodismo no hay democracia”. Y, por otro, tal y como apuntábamos en nuestra columna de opinión a la que aludíamos más arriba, “a nosotros nos basta con un solo artículo para marcar las reglas del juego informativo: las consignadas en el artículo 20 de nuestra Constitución”.

Desconfiemos de todos aquellos que hablan mucho de libertad de expresión, pero la niegan en la práctica a quienes no piensan como ellos. Vamos, que, si la sociedad no despierta de la modorra veraniega, en cuatro días tenemos aquí otra vez la censura previa, y entonces sí que “volverán las oscuras golondrinas…”, y no precisamente las de Gustavo Adolfo Bécquer.