La política española asiste estos días a un nuevo capítulo de las eternas recomposiciones de la izquierda institucional. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha lanzado una iniciativa que pretende agrupar a las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE, con el objetivo declarado de frenar a la extrema derecha. La llamada "operación Rufián" nace del temor a que los próximos resultados electorales consoliden una tendencia política irreversible. Sin embargo, carece del respaldo de su propio partido, encuentra el rechazo de EH Bildu y se estrella contra la oposición frontal de Sumar e Izquierda Unida. Antonio Maíllo, portavoz de IU, ha sido tajante planteando que es una operación frívola.
Esta enésima operación de maquillaje electoral evidencia el callejón sin salida al que ha llegado la izquierda institucional. Su problema no es de siglas, ni de liderazgos, ni de vetos. Su problema es de programa, de principios y, sobre todo, de sumisión a las instituciones que están devastando las condiciones de vida de las clases populares. Porque no se puede pretender frenar a la extrema derecha mientras se aplican dócilmente las políticas “europeas” que alimentan su crecimiento.
El sometimiento a la UE: la rémora que todo lo lastra
El núcleo del fracaso de la izquierda gubernamental reside en su aceptación acrítica del marco impuesto por la Unión Europea. Este sometimiento voluntario convierte cualquier intento de giro social en una quimera. No es posible defender el ferrocarril público mientras Bruselas exige la liberalización del sector. No es posible proteger al campesinado mientras se firman acuerdos como el de Mercosur, que inundarán nuestros mercados con productos sudamericanos producidos en condiciones de dumping sanitario y laboral.
El Gobierno progresista ha tenido que hacer concesiones de última hora a los ferroviarios en huelga: 1.800 millones para infraestructuras y 3.650 nuevos puestos de trabajo. Concesiones que no hacen sino evidenciar la verdad oculta durante años: las infraestructuras carecen de financiación suficiente y las plantillas son claramente insuficientes. Pero ni siquiera estas migajas han satisfecho a los sindicatos convocantes. CGT, Alferro y el Sindicato Ferroviario mantuvieron la huelga porque el acuerdo evitada citar lo fundamental: la privatización que estrangula el sistema.
Algo similar ocurre con el campo. La reciente movilización agraria en Madrid liderada por la Unión de Uniones contra el acuerdo con Mercosur expresa la ruptura entre el Gobierno y un sector productivo estratégico. Los agricultores y ganaderos saben que no pueden competir con importaciones masivas de países donde se utilizan fitosanitarios prohibidos en Europa y donde se trabaja en peores condiciones. La Unión Europea sacrifica al sector primario europeo en el altar de sus acuerdos comerciales con grandes potencias emergentes al objeto de favorecer la industria alemana, y el Gobierno español asiente.
Estas políticas no son errores menores ni concesiones inevitables a los poderes fácticos. Son la consecuencia lógica de la pertenencia a una institución neoliberal que tiene como pilares la liberalización, la privatización y la desregulación. La Unión Europea no es un espacio neutral que pueda reformarse desde dentro, sino una maquinaria al servicio del capital transnacional. Sus directivas contra el déficit, su política agraria común, sus tratados de libre comercio y su sumisión a la OTAN constituyen obstáculos insalvables para cualquier proyecto de transformación social.
El desarme político ante la ofensiva reaccionaria
Mientras tanto, la izquierda oficial lanza alarmas "antifascistas" centradas exclusivamente en el ejercicio del voto. Su discurso se limita a advertir sobre el peligro que representa la extrema derecha, pero silencia las causas objetivas de su ascenso. Los alquileres inalcanzables, salarios de miseria, las pensiones cada vez más bajas, la sanidad y la educación pública desguazadas: sobre estas realidades cotidianas apenas pronuncian palabra.
Peor aún, quienes alertan del fascismo desde los ministerios mantienen acuerdos de Estado con quienes representan su continuidad histórica. Los pactos presupuestarios con la derecha franquista, los consensos constitucionales que blindan la monarquía y la Ley de Seguridad Ciudadana “ley mordaza” heredada del PP y que han dejado para que estos tipos que llegan nos puedan reprimir mejor.
Los avances reaccionarios no son una amenaza futura. Ya están aquí. Se expresan en la precarización del trabajo, en el desmantelamiento de los servicios públicos, en la criminalización de la protesta social y en la participación española en guerras imperialistas. La izquierda gubernamental no solo no combate estas realidades, sino que las gestiona eficientemente.
Necesitamos movilización y objetivos políticos claros
Frente a este panorama, sectores amplios de la sociedad han comenzado a moverse. Profesores de la educación pública mantienen su reivindicación de un aumento salarial del 25% y la reducción del número de alumnos por aula. Los trabajadores ferroviarios sostienen su lucha pese a las concesiones gubernamentales. Los agricultores y ganaderos toman las calles.
Esta disposición a la movilización constituye la base real sobre la que podría crearse la resistencia efectiva de la izquierda. No desde arriba, mediante operaciones electorales diseñadas en despachos, sino desde abajo, desde los conflictos concretos y las reivindicaciones de las clases trabajadoras. Una confluencia por la movilización social con un programa de cambio político y económico. Un partido que plantee cuestiones diferenciadas y diferentes y por tanto pueda ilusionar.
Ese programa no puede eludir la cuestión central: la necesidad de ruptura con la Unión Europea y la OTAN. Mientras España permanezca atada a los tratados europeos y a la alianza militar atlántica, cualquier gobierno que se pretenda de izquierdas carecerá de los instrumentos necesarios para revertir las políticas neoliberales. La soberanía energética, alimentaria, industrial y monetaria son condiciones inexcusables para abordar las transformaciones que el país necesita.
Conclusión
La operación Rufián nace muerta porque confunde los síntomas con las causas. No se frena a la extrema derecha con nuevas marcas electorales, por muy carismático que sea su liderazgo. Se frena recuperando la soberanía perdida, enfrentando a los verdaderos poderes que gobiernan nuestras vidas desde Bruselas y desde Wall Street, reconstruyendo servicios públicos destruidos y devolviendo la dignidad al trabajo.
Una alianza del movimiento obrero y popular, democrático, republicano y feminista puede ser construida. Pero esa alianza y/o coalición no puede construirse sobre la negación de la realidad ni sobre la ocultación de los compromisos internacionales que hipotecan cualquier posibilidad de cambio. La izquierda debe elegir: o sigue siendo la gestora de la austeridad en España, o se atreve a señalar al verdadero responsable y a exigir la salida de esta rémora neoliberal llamada Unión Europea. Toda otra discusión es más de lo mismo y deseo de mantener el puesto.
Si (
No(
