Gobierno vasco

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha iniciado su ronda de contactos con los presidentes autonómicos con el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, con quien ha acordado abrir una vía de diálogo para abordar los asuntos pendientes, como el acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco, o el traspaso de competencias como la gestión de la Seguridad Social, prisiones o de determinados tramos de autopista, entre otras. Ambos mandatarios han constatado la voluntad de mantener "una relación institucional normalizada y una dinámica de trabajo estable y constructiva".

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha explicado que su ejecutivo no participará en los actos por el desarme de ETA que se celebrarán el día 8 de abril en Bayona (Francia).

El president catalán Carles Puigdemont podría tomar nota... o no. El caso es que el lehendakari Íñigo Urkullu acaba de dar una lección de pragmatismo a los nacionalistas de todo el país confirmando una legislatura tranquila, negociando apoyos con los socialistas y dejando de lado a Bildu y a los que piden un referéndum de independencia.

El Gobierno vasco ha hecho llegar al Comité Internacional de Verificación una propuesta de "desarme rápido" basado en "un gesto unilateral de ETA ante la sociedad vasca, y con cobertura social, internacional e institucional". Entre los cinco puntos que el Ejecutivo exige a la banda se incluye la creación de un "comité para el desarme" al que la banda entregue "en un plazo de tiempo comunicado" la localización de sus armas para que el Ejecutivo autónomo actúa como proceda.

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco no ve "necesidad" de dar una orden expresa a la Ertzaintza para actuar contra las personas que participen en actos contra políticos, conocidos como "escraches", que últimamente están protagonizando los movimientos antidesahucios, a pesar de las indicaciones de Interior.

Hoy comienza a fraguarse de verdad la configuración del próximo Gobierno vasco. La ejecutiva del PNV, el Euzkadi Buru Batzar (EBB), analizará este lunes, en su reunión semanal ordinaria, la segunda ronda de encuentros que este partido ha mantenido con EH Bildu y el PSE-EE y estudiará la fórmula para gobernar la próxima legislatura. Supuestamente, apostará por hacerlo en solitario con apoyos puntuales.

Los representantes del sector educativo de cataluña, el País Vasco y Canarias han exigido este lunes al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert una alternativa al anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). La consellera catalana de Eduación, Irene Rigau ha 'amenazado' directamente que la Generalitat podría llevar al Tribunal Constitucional la reforma educativa por "abusiva" de la potestad reglamentaria del Estado. Del mismo modo, la consejera vasca en funciones de Educación, Universidades e Investigación, Isabel Celaá, ha tachado el texto de "segregador, centralista y retrógrado" y ha reclamado un texto "que parta al menos de un diagnóstico consensuado" entre todas las comunidades autónomas.

En una entrevista concedida a Europa Press, el consejero de Interior del Gobierno vasco ha asegurado que mientras exista un lehendakari y un Ejecutivo socialista, la sociedad vasca puede tener  "la tranquilidad absoluta de que no habrá recortes ni en educación, ni en sanidad, ni en políticas sociales".

El presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, insiste en la necesidad de que PSE y PP rompan el pacto de gobernabilidad que mantienen y que permitió a Patxi López acceder a la Lehendakaritza, porque sólo les sirve para "perder votos" y al PNV "para hacer negocio". Además, apuesta porque, en la próxima legislatura, se conforme un gobierno de concentración en el que estén PNV, PSE-EE, PP y Batasuna. Algo que no ha tardado en ser contestado desde el PP: Basagoiti ha calificado la propuesta de "aberración".

Para el lehendakari vasco, Patxi López, el regreso a Euskadi de un gobierno nacionalista supondría "la vuelta al pasado de la confrontación y la bronca permanente", ya que se recuperaría la búsqueda de la independencia y "no es ese el debate que necesitan los vascos". Sobre los presos de ETA, elude responder si deben pedir perdón, pero asegura que lo que tienen que hacer es "asumir la responsabilidad de lo ocurrido en el país y de lo que han hecho".

La consejera de Justicia del Gobierno vasco, Idoia Mendia, ha detallado que el Ejecutivo destinará un millón de euros en 2012 a resarcir a las víctimas de "abusos" policiales y ha precisado que a lo largo del próximo año se aprobarán dos decretos relativos a estos colectivos.

El Gobierno vasco retendrá el importe económico del Premio Literario Euskadi 2011 concedido por el jurado de este certamen al miembro de ETA huido desde 1985 Joseba Sarrionandia, en la modalidad de ensayo en euskera, hasta que el escritor, que "no se ha retractado nunca de su militancia" en ETA, "regularice plenamente su situación con la justicia".