permiso de residencia

La Unión Europea está consistiendo que los estados miembros expulsen a ciudadanos comunitarios en función de sus recursos económicos, lo que vulnera el principio de no exclusión. Uno de los casos más sangrantes es el de Bélgica, que ha incrementado de forma drástica las expulsiones de comunitarios, y que entre 2013 y 2014 ha llevado a cabo más de 4.000, de los cuales 400 son españoles. Ante esta situación, la asamblea del 15M/Marea Granate Bruselas, presentó el pasado 12 de noviembre una queja oficial en el Parlamento Europeo para reclamar el fin de estas expulsiones justificadas mediante criterios económicos.

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, levantó la polémica al anunciar una probable medida del Gobierno: otorgar permisos de residencia a extranjeros que compren viviendas de al menos 160.000 euros. Poco después tuvo que explicar que esta segunda residencia -pensada para rusos y chinos- en ningún caso llevaría aparejado un permiso de trabajo, de sanidad o de escolarización para sus hijos y el propio presidente, Mariano Rajoy, aclaró que aún no se ha tomado ninguna decisión. De hecho, este martes se celebra una cumbre de seis ministerios para ver si se adopta este mecanismo que no es novedoso, pese al revuelo generado: Irlanda y Portugal ya lo implantaron.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que el Ejecutivo no ha tomado ninguna decisión sobre dar el permiso de residencia a extranjeros que adquieran en España una vivienda valorada en, al menos, 160.000 euros, si bien ha admitido que la intención del Gobierno es que el stock de viviendas actual se saque al mercado a precios "razonables".

Cualquier lucha para estimular el mercado de vivienda es válida, aunque alguna es más discutible. Por ejemplo, este lunes se ha sabido que el Gobierno concederá permiso de residencia en España a extranjeros que adquieran una vivienda cuyo precio sea superior a 160.000 euros, según anunció el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.