sanidad para inmigrantes

El diputado del grupo parlamentario popular en las Corts Valencianes Rubén Ibáñez ha dicho este miércoles al Consell, ante la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la ley que regula el acceso a la sanidad a los inmigrantes irregulares, que "la ley está para cumplirla".

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad propone a las comunidades que ofrezcan atención sanitaria a los inmigrantes irregulares siempre que lleven al menos 6 meses empadronados y se encuentren en "situación de vulnerabilidad o exclusión", y ha asegurado que el Ministerio del Interior no conocerá los datos de los ciudadanos que soliciten esta atención y queden registrados en la base de datos del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad propone este miércoles a las comunidades autónomas un nuevo sistema para ampliar la atención sanitaria que hasta ahora reciben los inmigrantes irregulares, mediante un registro previo y con un documento diferente a la tarjeta sanitaria que usan el resto de usuarios de la sanidad pública.

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, no entiende las críticas que ha levantado, entre la oposición y las asociaciones que trabajan con el colectivo de inmigrantes, la puesta en marcha de un registro de inmigrantes en situación irregular para mayor acceso sanitario, y ha defendido su desarrollo por la necesidad de una base de datos con su historia clínica.

Aministía Internacional España (AI) denuncia que en Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha se siguen emitiendo compromisos de pago y facturas a inmigrantes en situación irregular o 'sin papeles' cuando son atendidos en Urgencias, a pesar de que la reforma sanitaria de 2012 garantiza esta asistencia.

El Gobierno acordará con las comunidades autónomas la creación de un programa de asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares que cumplan una serie de requisitos como un tiempo mínimo de empadronamiento y que incluirá, entre otras garantías, la asignación de un médico de atención primaria.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, considera "sensato y razonable" que el Ministerio de Sanidad estudie permitir el acceso de los inmigrantes en situación irregular a la Atención Primaria a través de los centros de salud, ya que permitirá "entre otras cosas que no se colapsen las urgencias".

Los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular volverán a tener derecho a la atención primara en el Sistema Nacional de Salud (SNS) pero no recuperarán la tarjeta que les fue retirada con la aprobación de la reforma sanitaria en 2012.

Las personas extranjeras 'sin papeles' "resultan excluidas del sistema". Alrededor de 873.000 inmigrantes irregulares habrían perdido la tarjeta sanitaria desde la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012, pero además la atención asistencial de urgencias a la que sí tendrían derecho se ve menoscabada por mecanismos disuasorios, tal y como pone de relieve el informe de la Defensora del Pueblo y los defensores autonómicos sobre derechos y garantías de los pacientes.

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) ha hecho llegar a una joven nicaragüense que falleció el pasado mes de mayo en el Hospital de Toledo "la factura" por los servicios prestados en el centro hospitalario. Una circunstancia que ha provocado duras críticas a las que el SESCAM ha respondido que se trata de un "error administrativo".

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que regula las condiciones de los internos en estas instalaciones policiales donde son retenidos antes de ser expulsados del país. Este documento es un imperativo de la Ley de Extranjería de 2009, que debería llevar en vigor, al menos, desde 2010.

El Consejo de Estado considera que el Proyecto de Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) propuesto por el Ministerio del Interior "introduce limitaciones o restricciones" al derecho de los inmigrantes recluidos a la atención sanitaria y pide al Ejecutivo que modifique su redactado porque considera que "no resulta aceptable".

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad asegura que los inmigrantes irregulares que viven en España tienen una de las coberturas sanitarias más amplias de toda la Unión Europea, a pesar de que el Consejo de Europa ha publicado un informe en el que considera contrario a su convención la reforma sanitaria impulsada por Ana Mato en abril de 2012, que dejó sin derecho a la tarjeta sanitaria a este colectivo.

El Consejo de Europa considera contrario a su convención el Real Decreto de Sostenibilidad del Sistema Sanitario, aprobado por el Gobierno en abril de 2012, por el que se deniega el acceso a asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular en España mayores de 18 años.

Médicos del Mundo ha documentado directamente cerca de 100 casos de personas inmigrantes que han sido "excluidas" del sistema sanitario de Castilla-La Mancha, por lo que continúa reclamando a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales que garantice el acceso al a la Salud de este colectivo.

Izquierda Unida en Baleares (EU) llevará al Congreso de los Diputados el caso de un joven senegalés que murió por tuberculosis presuntamente tras habérsele negado el tratamiento que requería por no disponer de tarjeta sanitaria, lo que habría condicionado la asistencia recibida en el hospital de Inca (Mallorca).

Tras la tormenta y la polémica, la solución: fuentes del Ministerio de Sanidad aseguraron que el Gobierno vasco no podrá conceder a los 'sin papeles' una tarjeta sanitaria "única e interoperable" a nivel nacional y que por tanto sólo les servirá en territorio de Euskadi.

El semáforo de la exclusión sanitaria de Médicos del Mundo está en rojo para nueve comunidades autónomas (Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia y La Rioja) por aplicar a rajatabla la reforma sanitaria y, en algunos casos, incluso, ir más allá de ella.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas han aprobado los convenios especiales para aquellos ciudadanos que no tengan derecho a tarjeta sanitaria, como los inmigrantes irregulares, puedan ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS). El convenio, sin embargo, no incluye el copago de los medicamentos.

Castilla-La Mancha cumplirá con "rigor, eficacia y eficiencia" la nueva legislación sanitaria sobre la atención a personas 'sin papeles', aunque pretende dar "un paso más" y atender a personas que no sean beneficiarios de tarjeta sanitaria y ya estén en tratamiento crónico, para "no generar problemas ni sanitarios ni sociales".

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) está prestando a día de hoy "con total normalidad" y como hasta ahora asistencia a las personas inmigrantes en situación irregular, y se encuentra "estudiando" la aplicación de la normativa del Ministerio de Sanidad, que deja desde el pasado 1 de septiembre sin tarjeta sanitaria a los 'sin papeles' en España.

El PSOE ha asegurado que la resolución publicada este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha por parte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) sobre los precios de la asistencia sanitaria en centros hospitalarios incluye como novedad limitar el acceso a la sanidad a "unos 5.000 o 7.000" inmigrantes 'sin papeles' que el PSOE calcula hay en la Comunidad Autónoma. Unas declaraciones que realizan horas después de que el propio SESCAM desmintiese tal extremo.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha desmentido que la resolución publicada este jueves en el Diario Oficial (DOCM) de la región sobre precios públicos sanitarios se refiera a los que tendrían que pagar los inmigrantes sin papeles. Fuentes de la Consejería de Sanidad han aclarado a Diariocrítico de Castilla-La Mancha que se trata de una publicación habitual que "ya venía realizando el anterior Ejecutivo regional" y que se refiere a las facturas "que por ejemplo pagan las aseguradoras por sus clientes que han sido atendidos en esta región pero no están empadronados en ella, independientemente de si son españoles o extranjeros", según explican las mismas fuentes.

 

La entrada en vigor del real decreto-ley 16/2012 de 20 de abril, que deja sin sanidad gratuita completa a los extranjeros que no tienen la documentación en regla, no ha colapsado, de momento, las urgencias de los hospitales madrileños. A juicio de los detractores de la normativa se debe a que "la gente está con mucho más miedo que antes". Los médicos de urgencias temen no dar abasto.

Los responsables de varias asociaciones de inmigrantes y ONG que trabajan con ellos en la provincia de Ciudad Real ha asegurado que la no asistencia sanitaria a sin papeles "es una desprotección más de las muchas que ya sufren los inmigrantes y que dificulta su subsistencia".

Este sábado 1 de septiembre entra en vigor la norma del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España, que dejará sin tarjeta sanitaria a los más de 153.000 inmigrantes que están en situación irregular en España.

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Hasta 8 comunidades han anunciado que no van a seguir toda las exigencias de la reforma del Ministerio de Sanidad sobre atención a los inmigrantes ilegales sin papeles. Pero llama la atención que entre ellas esté Galicia, con un ejecutivo del PP, el de Feijóo: las elecciones del 21 de octubre pueden tener mucho que ver en esto...

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) ha alertado de que los diferentes posicionamientos que están adoptando las comunidades en relación a la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares o 'sin papeles' puede provocar "trasvases de pacientes de una comunidad que no preste la atención a otra que sí lo haga". Unas 'sospechas' que se han trasladado a la opinión pública en el mismo día en que el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno en Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, ha pedido "prudencia y tranquilidad" a los médicos tras las reformas en el Sistema Nacional de Salud.

Ocho comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León y Galicia, seguirán prestando asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles a partir del próximo sábado, cuando entra en vigor el decreto del Gobierno que les retira ese derecho, aunque las dos autonomías del PP aplicarán esa norma con matices. 

Un total de 1.731 profesionales sanitarios de toda España, 59 de Castilla-La Mancha, han mostrado su intención de recurrir a la objeción de conciencia para poder atender a los inmigrantes irregulares o 'sin papeles' a partir del 1 de septiembre, cuando entra en vigor la norma del Ministerio de Sanidad por la que pierden su derecho a tener una tarjeta sanitaria.

Los sindicatos CCOO y UGT en Castilla-La Mancha han asegurado que los inmigrantes sin papeles "no están de turismo" en España, sino que "están intentado sobrevivir", por lo que "la obligación de todos los gobiernos es dar la asistencia sanitaria adecuada como personas" que son, "al margen de que tengan nacionalidad española o sean de Senegal".

Médicos del Mundo ha lanzado la campaña "Derecho a curar" en apoyo de la objeción de conciencia del personal sanitario para que pueda asistir a la población inmigrante irregular que quede fuera del sistema a partir del próximo 1 de septiembre, cuando entre en vigor la reforma sanitaria.

Medio centenar de médicos de familia de Castilla-La Mancha se han acogido a la objeción de conciencia para atender a inmigrantes sin papeles en el mes de julio, desde que la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) diera la posibilidad a estos profesionales de acogerse a este derecho el pasado 10 de julio.

IU de Castilla-La Mancha ha denunciado el "apartheid social" que provocará dejar sin asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares y ha calificado de "injusta, segregadores y con tintes claramente xenófobos" esta medida, "la cual no hará otra cosa que incidir aún más en la exclusión social de un colectivo claramente golpeado por los efectos de la crisis".

El sindicato Comisiones Obreras de Castilla la Mancha ha mostrado su "más profundo rechazo" al nuevo Real Decreto de Sanidad, aprobado por el Gobierno Rajoy que, aseguran, restringe "significativamente" el derecho a la asistencia sanitaria del colectivo de inmigrantes que no tienen permiso de residencia.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Castilla-La Mancha cree que la propuesta del Gobierno central de limitar a los inmigrantes sin papeles el acceso a la sanidad pública puede provocar a medio plazo epidemias en la sociedad.

Un vecino de Alicante, Eduardo G.P., ha recibido una factura de la Consejería de Sanidad por importe de 20.800 euros correspondientes al tratamiento e intervención de su pareja, una mujer de origen chino enferma de cáncer que se encuentra en España en situación irregular, según ha explicado el propio afectado.