Un CGPJ dividido intenta desactivar en su reunión de hoy la huelga de jueces

Y es que la huelga de jueces llama a la puerta. Por ello, este martes hay una reunión clave en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sobre todo porque en ella se va a tratar el tema de ese paro que el colectivo de jueces pretende llevar a cabo en el mes de febrero por la posible revisión a la sanción al juez Tirado, aunque oficialmente utilizan excusas profesionales.

Una huelga que preocupa mucho en el organismo que preside Carlos Dívar, porque oficialmente los jueces no pueden ir a la huelga y ésta sería ilegal y añadiría más polémica a la compleja situación de la Justicia. Pero quizás lo que esta mañana preocupe más sea la división entre partidarios de aumentar la sanción -que traewría casi seguro la huelga- y de dejarla como está

El  trasfondo de este paro de los jueces, previsto en principio para el mes de febrero, va más allá de sus reivindicaciones, sin que sean sólo estas teóricas. Porque la noticia que peor les ha sentado últimamente fue la que ellos entienden como “injerencia” política del Gobierno. Varios de sus miembros, empezando por el presidente Zapatero, así lo hicieron público: les parecía ridícula la sanción del CGPJ –antes de su renovación- de sólo 1.500 euros al juez Rafael Tirado.

Como se sabe, en el juzgado número uno de Sevilla de este juez dejó en libertad  a Santiago del Valle García, que había sido condenado antes, y que asesinó presuntamente a la niña Mari Luz Cortés. Según Tirado, que echó la culpa a la secretaria, estaba ·"convencido de que Del Valle estaba cumpliendo la pena".

El pasado 24 de septiembre, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, presentó ante el Pleno del CGPJ, un recurso de alzada contra el acuerdo, días antes, de la Comisión Disciplinaria de este órgano de multar con 1.500 euros a Rafael Tirado.

Y este asunto va a centrar la reunión, en la que habrá división de opiniones. Ya que si hasta hace poco todo indicaba que la inmensa mayoría de los magistrados, tanto conservadores de la APM y progresistas de Jueces para la Democracia, tanto próximos al PSOE como al PP, se iban a oponer rotundamente a aumentar la sanción a Tirado, en las últimas horas ha ido ganando terreno otra idea.

Tampoco muy contraria, ni partidaria de un gran aumento económico, pero sí de consensuar llevarla a una cifra mayor, aunque no escandalosa –alrededor de 2.500 o 3.000 euros- y de la sanción de suspensión de empleo y sueldo inferior a seis meses, lo que no implicaría su traslado de juzgado. Esa va a ser la propuesta oficial que va a presentar a votación el vocal Félix Azón, encargado de la revisión de la ‘pena’.

Según ha sabido 'Diariocrítico' la propuesta de Azón, que apenas ocupa un folio, propone en concreto al Pleno que se desestime el recurso interpuesto por Tirado contra la decisión del anterior Consejo de multarle y que, respecto a la petición de la Fiscalía, opte entre mantener la sanción económica o bien considerar su conducta como falta muy grave, debiéndole suspender de sus funciones entre uno y seis meses.

Las reformas que pretende el ministro Bermejo

Con esta sanción inferior a medio año, el polémico juez, amenazado si fuera mayor incluso de apartarle definitivamente de la carrera, volvería a su juzgado después. Posiblemente esta nueva ‘sentencia’ equilibrada, aunque no gustaría mucho a los compañeros de Tirado, tampoco los pondría en pie de guerra y la idea de la huelga perdería fuerza.

Porque la amenaza ahora está fuerte, muy fuerte. Y, aunque ellos son conscientes de que no pueden convocar un paro oficial, sí que pueden hacerlo con trucos ya habituales como retrasar más el trabajo o de convocar asambleas a nivel regional o nacional un día determinado, que sería el de la huelga etc. El caso es que en ese día por determinar en febrero, los jueces querían montar un escándalo fuerte, muy fuerte.

No hay más que ver y leer en las páginas de intranet por las que se comunican internamente y en diversos blogs y foros las opiniones de gran número de magistrados, donde aprovechando el anonimato, demuestran estar muy enfadados con la situación que vive la Justicia en general y los juzgados en particular.

Quieren más medios económicos y de personal, también paralizar o negociar ciertas reformas del ministro Bermejo que les restarían algo de poder en la Administración de justicia, que en definitiva les minimizan mientras el poder. Y esa ración del mismo que les quitan, por ejemplo a la hora de la instrucción de los casos, pasa a los fiscales.

En fin que el malestar era grande por todo esto, pero en una profesión tan corporativista, lo que más les dolía era el incremento de la sanción al juez Tirado. Y la huelga era una amenazas más que factible. Quizás este martes el CGPJ, en su reunión clave, pueda desactivarla. En tal caso, después vendría el tiempo de negociar con ministerio pero sin la amenaza de la huelga. La solución, este martes.