España no acogerá refugiados a través de las embajadas

Según anunció la vicepresidenta Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el texto persigue adaptar la legislación española de cara al futuro Sistema Europeo Común de Asilo, por lo que incorpora tanto las directivas europeas en este sentido como el marco de la Convención de Ginebra en materia de asilo y refugio. 

   De salir adelante en su redactado actual, la ley eliminará la posibilidad actual de solicitar asilo en España a través de los consulados y embajadas en terceros países y equiparará a nivel administrativo la protección subsidiaria y el asilo, según el informe elaborado por el Ministerio del Interior.

   Asimismo, el texto marca la separación entre los ámbitos de asilo y extranjería, a fin de que se reconozca el estatuto de refugiado "únicamente a quienes no ofrezcan dudas en su temor fundado de sufrir persecución por los motivos tasados en la Ley". Así, el Gobierno pretende impedir "que el asilo pueda utilizarse de manera fraudulenta por parte de inmigrantes económicos", explica el informe.

   Otra de las novedades respecto de la legislación actual es el reconocimiento de la persecución por razones de género y orientación sexual como causa para solicitar asilo, "siempre y cuando en el país de origen estas circunstancias sean determinantes para que la persona sea catalogada como miembro de un determinado grupo social perseguido".

ACNUR y reasentamiento

   El texto remitido por Interior introduce asimismo un capítulo para regular el papel que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ejerce en el procedimiento de asilo, de modo que "se regula expresamente su intervención en la tramitación de las solicitudes, así como su condición de miembro en la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio".

   Por otra parte, en el anteproyecto establece que se podrá reasentar, mediante la fijación de un cupo y con la intervención del ACNUR, "a un número de refugiados establecidos en países limítrofes al de su origen y donde, pese a ser refugiados, no tienen garantizada la no devolución a éste, corriendo peligro".

   Además, desarrolla y pormenoriza la exclusión, revocación y cese de la protección internacional, "dotando al sistema de las cautelas necesarias para evitar que el estatuto de refugiado se desvalorice y pueda abusarse de su contenido para cometer delitos graves o actividades atentatorias contra la seguridad del Estado".