Elecciones en Guinea: ni libertad total ni presiones perversas

La delegación parlamentaria española estaba formada por los diputados Fátima Aburto (socialista), Francesc Ricomá (del PP) y Jordi Xuclá (de Convergencia i Unió), fruto de una iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación adoptada tras la invitación cursada al Gobierno español por las autoridades ecuatoguineanas para participar en una misión de observación electoral en los comicios celebrados el 4 de mayo.

Los parlamentarios han suscrito una declaración conjunta en la que reconocen que la oposición ha denunciado ciertas prácticas antidemocráticas por el por partido del Gobierno (PDGE), pero que las mismas deben ser resueltas por órganos independientes de la antigua colonia española.

Ahora bien, en el punto quinto de su declaración conjunta, los parlamentarios españoles afirman: “La profunda imbricación del partido del Gobierno (PDGE) en la sociedad y la identificación de las estructuras y órganos del Gobierno con dicho partido dificulta, por un lado, a los otros partidos hacer llegar su voz y sus propuestas alternativas de gobierno a la población y, por otro, la normalización en cuanto a la independencia de las instituciones públicas, de la sociedad civil y los medios de comunicación”.

Respeto ciudadano a las normas

La delegación española visitó varios centros de votación durante la jornada electoral (diversos distritos en Bata, y numerosas mesas en el interior del continente, en el recorrido entre Bata y Evinayong). “En todos ellos pudimos comprobar el conocimiento de las normas electorales por parte de los ciudadanos, el respeto a las mismas, y un comportamiento cívico notable. La exposición de las papeletas de votación frente a las urnas y la exposición pública por numerosos votantes de su papeleta (algo que las propias normas electorales prohíben) fue denunciado por los partidos de la oposición”.

Ahora bien, los parlamentarios señalan que las impugnaciones de los partidos y sus quejas sobre el cumplimiento de las normas electorales “deben ser resueltos por una institución independiente del Gobierno, pues solo una institución independiente puede ser árbitro ecuánime para solventar las disputas”. Añaden a este respecto que “esta afirmación general no se puede conciliar con el hecho de que en la Junta Electoral Nacional haya presencia del Gobierno, como ocurre en la hora actual en Guinea Ecuatorial”.

“Clima de libertad”

En cualquier caso, recuerdan que el Pacto Nacional de 1993 implicó una serie de acuerdos en la dirección de establecer un régimen democrático en Guinea Ecuatorial. “La conclusión de la jornada electoral del 4 de mayo representa un nuevo paso en el proceso de democratización de la República de Guinea Ecuatorial, y un avance en materia de garantías electorales respecto a las elecciones celebradas en 2004, que deberá ser mejorado y completado en futuras convocatorias”.

Las conclusiones de estos observadores tienen un aspecto igualmente positivo, en el sentido de que han constatado “el clima de libertad en que se ha desarrollado la campaña electoral, según la información que nos han trasladado los representantes de los diversos partidos con quienes hemos mantenido reuniones (CPDS, APGE, UP y el gubernamental PDGE)”
 
Inaceptable censura a la prensa española
        
No obstante, un aspecto muy censurado por la delegación española es la decisión de las autoridades ecuatoguineanas de no autorizar la presencia en los comicios celebrados de la prensa española. “No es admisible”, dicen en su declaración conjunta.

 Según esa nota, “la libertad de prensa es consustancial al establecimiento de la democracia, es parte de la misma. Así lo hemos denunciado en nuestras reuniones con los máximos responsables del Gobierno de Guinea Ecuatorial, y hemos observado la predisposición de esas autoridades a corregir su decisión en el futuro y abrir una nueva etapa con los medios de comunicación extranjeros, y en especial españoles, facilitando el conocimiento de la realidad política y social ecuatoguineana”.