Las comunidades del PP, Murcia, Valencia y Madrid, legalizan el ‘boicot’ a Educación para la Ciudadanía

La vicepresidenta De la Vega recordó el viernes una vez más que Educación para la Ciudadanía es una asignatura obligatoria y que como tal, no asistir a sus clases tiene las mismas consecuencias que el no hacerlo a clases de Matemáticas. Sin embargo, aún hay padres que insisten en que sus hijos no cursen la asignatura. Pero ¿cuántos?

No existe un ‘censo’ de objetores de conciencia, nos aseguran fuentes del Ministerio de Educación y tampoco es esa su competencia. Por ello, es muy difícil saber a ciencia cierta cuál es el número de padres ‘objetores’, sin embargo sí hay quien se aventura a dar algunas cifras. Las distintas asociaciones surgidas con este fin aseguran que en España hay ya 45.376 objeciones presentadas ante las distintas consejerías de educación autonómicas y más de 500 recursos judiciales abiertos, pero hay un detalle que se escapa. ¿Cuántas de estas objeciones de conciencia se refieren a alumnos que tengan que cursar la asignatura? Según informa la conselleira de Educación, Laura Sánchez Piñón, en Galicia sólo el 9% de los objetores (25 alumnos de 2º de ESO) eran alumnos que tenían que cursar la asignatura del total de 275 alegaciones recibidas. La conselleira gallega explicó que en Galicia esta asignatura se comenzará a impartir en el curso 2008-09 en 2º de ESO y en el 2009-10 será en 6º de primaria. Por tanto, no se hacen cargo de las peticiones de objeción de quienes no tienen que cursar la asignatura ya que no pueden objetar ante una asignatura que no les afecta. Este hecho hace pensar que sucede lo mismo en otras comunidades y que por tanto, los datos totales de padres objetores no se acercarían demasiado a las cifras totales de padres directamente afectados.

   De igual modo, lo que parece aceptado es que Madrid es la región donde más objeciones de conciencia se han planteado. Según la web Objetores  en esta comunidad se habrían recogido ya 11.500 objeciones, estaría seguida por Castilla- La Mancha con 9.014 y Andalucía con 7.505. De nuevo estos datos aparecen sin especificar si se trata o no de objetores que tengan que cursar la asignatura o simplemente de padres contrarios a que Educación para la Ciudadanía se implante en el sistema educativo español, pero lo que sí está claro es que hay comunidades autónomas en las que se respalda y defiende este tipo de rebeliones.

Comunidades que respaldan la 'objeción'

Murcia es la comunidad donde se ha atajado el problema más radicalmente. Esta región ha decidido tomar medidas cautelares por su cuenta y riesgo, negando la obligatoriedad de la propia asignatura. Hasta que no haya una sentencia firme del Tribunal Supremo los objetores no tendrán que ir a clase, según la consejería de Educación enfrentándose a la propia LOE. Esto supone que a un total de 3.895 objetores de conciencia, según cifras de la Asociación de Profesionales por la Ética, se les exigirá sólo que estén en el centro cuanto toque la asignatura y durante ese tiempo se les permitirá ir a la biblioteca.

    Y es que al Supremo le queda ahora la ardua tarea de tratar de evitar la disparidad de sentencias que existen actualmente. Mientras los Tribunales Superiores de Andalucía y La Rioja reconocieron el derecho a la objeción de conciencia, el de Asturias se pronunció en contra y del mismo modo, sólo algunos juzgados como el de Albacete permitieron de forma cautelar a algunos alumnos no asistir a las clases de Ciudadanía.

Valencia se opuso a Ciudadanía de una manera un tanto particular. Por un lado propuso a los objetores a aprobar la asignatura por trabajos y sin necesidad de asistir a clase y por otro, determinó que ese currículo se impartiría íntegramente en inglés. Los tribunales derribaron la posibilidad del ‘trabajo como sustituto de la asignatura’, pero sin embargo, sí que se impartirá en inglés ya que las comunidades tienen competencias para hacerlo con cualquier asignatura a pesar de tratarse de un idioma no oficial. Eso sí, la conselleria ha tenido el ‘detalle’ con sus alumnos de poner un traductor simultáneo en sus clases para que no se pierda nadie.

    Por su parte, Esperanza Aguirre ha inaugurado el curso escolar en Madrid informando a los centros educativos a través de una circular sobre cómo debían actuar ante los objetores de conciencia. En dicha misiva se pedía a los responsables educativos que convalidasen a estos alumnos la asignatura por un trabajo -algo contra lo que ya se manifestaron los tribunales en el caso de Valencia- o bien por un ‘voluntariado social’. Pese a lo que pueda parecer, este nuevo boicot a la asignatura ha sido mal acogido por los objetores que se han visto ‘traicionados’ y piden, desde la plataforma Profesionales por la Ética, que la presidenta declare “expresamente” que los objetores están exentos de cursar la asignatura, tal y como “prometió”.

    En resumen, del total de 460.000 alumnos que este año cursarán Educación para la Ciudadanía, un pequeño porcentaje de los 45.376 objetores será el que realmente se verá afectado por el retraso de la resolución del Tribunal Supremo. Sin embargo, esta polémica asignatura parece que seguirá dando más guerra política que educativa.

Educación para la Ciudadanía: La “Educación para la Ciudadanía” se presenta bajo tres denominaciones diferentes: “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos”, que se imparte en dos etapas diferentes: en uno de los dos cursos del tercer ciclo de Primaria (artículo 18.3 LOE), es decir, a alumnos de entre 10 y 12 años; en uno de los tres primeros cursos de la ESO (artículo 24.3 LOE), esto es, a alumnos de entre 12 y 15 años. “Educación ético-cívica”, que se impartirá en 4º de la ESO (artículo 25.1 LOE), esto es, a alumnos de entre 15 y 16 años. “Filosofía y ciudadanía”, que se impartirá en un curso de Bachillerato (artículo 34.6 LOE), esto es, a alumnos de entre 16 y 18 años. El Real Decreto 806/2006, de 30 de junio (BOE número 167, de 14 de julio) establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo.