Aunque el texto aprobado no menciona expresamente la investigación judicial de los crímenes del franquismo, asunto por el que el juez
Baltasar Garzón corre el riesgo de ser procesado, sí recuerda que la legislación española "obliga de modo indudable y suficiente, a la persecución de los crímenes contra la humanidad y de genocidio". No obstante, al mismo tiempo resalta que "la aplicación e interpretación de toda esta legislación corresponde a los jueces y tribunales".
Es más, y en medio de la polémica por las críticas al Supremo por el 'caso Garzón' y al Tribunal Constitucional por la fallida sentencia del Estatut, la declaración pactada por PSOE e IU-ICV proclama su "respeto a los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al resto de tribunales internacionales legítimamente constituidos".
Además, la moción aboga por "transformar u potenciar" la Oficina de Víctimas que tiene su sede en el Ministerio de Justicia para que, además de su función de atención y asesoramiento a los ciudadanos, "asuma la dirección y coordinación de todas las políticas públicas vinculadas a la aplicación de la Ley de Memoria".
También se ha incluido otro punto para "garantizar la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo, así como a la divulgación de los resultados, a pasando a ser ésta una política pública e institucional garantizada por el conjunto de las Administraciones y por la Administración General del Estado con carácter subsidiario".
No se toca la Ley de Memoria
Ese compromiso incluye, "impulsar las reformas normativas que sean necesarias", aunque el Gobierno no tiene en mente tocar la Ley de Memoria de 2007, como reclamaba inicialmente IU-ICV, sino sólo alguno de los reglamentos que la desarrollan. Por último, el acuerdo confirma el compromiso de dar a conocer el mapa de fosas, realizado con los datos proporcionados por las comunidades autónomas, que hoy no son todas, y "conmemorar de forma solemne la declaración del Congreso de los Diputados de condena expresa al régimen franquista y de apoyo a las víctimas" de la dictadura.
Durante su intervención,
Herrera se congratuló del acuerdo alcanzado con el PSOE, aunque lamentó que el Gobierno "no quiera ir tan lejos como la sociedad le reclama". Se felicitó especialmente por la declaración de que "el ordenamiento vigente obliga de modo indudable y suficiente a la persecución de crímenes contra la humanidad y el genocidio", pese a que algunos, dijo, quieran "hacer pactar con los aires el pacto constitucional desnaturalizando la Ley de Amnistía".
Eso sí, expresó su deseo de que "nadie" se atreva a decir que en tiempos de crisis no se debe "gastar un solo euro" en abrir las fosas "porque la dignidad de las familias no tiene precio". "Espero que nadie dé marcha atrás ni eche agua al vino porque la falta de sensibilidad de algún despacho de Moncloa a la hora de acompañar a las víctimas sería inconcebible", advirtió.
Por su parte,
Daniel Fernández, miembro de la dirección del Grupo Socialista, subrayó que el Gobierno está dispuesto a acometer "reformas normativas" para avanzar más en la cuestión de las fosas, siempre respetando el marco competencial vigente, y que la moción aprobada "aclara el camino" para hacer más eficaz la Ley de Memoria.
Los muertos de todos
También se refirió a la Ley de Amnistía como una "victoria" de la Transición. "Por suerte quedan muy lejos los tiempos en que quien legislaba, juzgaba, ejecutaba y gobernaba en este país era la Falange Española y de las JONS", proclamó Fernández, para quien el mejor homenaje a quienes lucharon por la democracia debe ser "el esfuerzo constante que hagamos entre todos para que algún día en España los muertos de los unos y los muertos de lo otros desaparezcan para convertirse a través de una memoria compartida en los muertos de todos".
En representación de CiU,
Jordi Xuclà también salió en defensa de "lo que significó" la Ley de Amnistía e interpretó el texto aprobado como "un impulso a la Ley de Memoria", dando especial importancia a la petición de que se haga un plan "integral" de fosas, es decir, con datos de todo el Estado. Asimismo, quiso dejar claro que la moción se refiere a ningún juez en concreto y reclamó a la Oficina de Atención a las Víctimas que tenga una "sensibilidad más resolutiva" y no deniegue tantas solicitudes como ha hecho hasta ahora.
Desde el BNG,
Francisco Jorquera, también criticó a quienes se amparan en la Ley de Amnistía para rechazar la investigación que intentó abrir Garzón y mostró su apoyo al texto, aunque coincidió con el PNV en que el Gobierno no explota todas las potencialidades de la Ley de Memoria.
En nombre de los nacionalistas vascos,
Aitor Esteban, denunció que los reglamentos han "cercenado" artículos de esa norma y dijo no confiar en que el Gobierno vaya a "enderezar el rumbo" aplicando la ley en su totalidad, también en la previsión de quitar subvenciones a las entidades privadas que no retiren símbolos franquistas
Rosa Díez, de UPyD, reclamó todo el apoyo institucional para quienes buscan a sus seres queridos y que el Gobierno asuma esa responsabilidad si no lo hacen otras administraciones, pero se opuso a "que se derogue la Transición" para que todo eso sea posible.
PP: Suspender ayuda para exhumaciones
En términos parecidos se expresó el 'popular'
Jorge Fernández Díaz, que, como hizo la diputada de UPyD, aludió a la intervención del comunista
Marcelino Camacho durante el debate de la Ley de Amnistía para arremeter contra quienes quieren reabrir el debate sobre "una pieza jurídica que es clave de bóveda del pacto constitucional".
"Reconocemos y respetamos el derecho de toda persona a que sus muertos sean enterrados debidamente; apoyamos se abran las tumbas pero no al precio de reabrir heridas", sentenció, antes de solicitar que se suspendan las subvenciones a las entidades de memoria histórica que se conceden primando los proyectos de exhumaciones. "Han recibido más de 19 millones, ya es suficiente, deben y pueden quedar suspendidas", dijo, para contribuir a la reducción del déficit.
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