En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega respondió con un "aquí no hay nada descartado" cuando se le interrogó sobre si la citada autorización implicaba que el Ejecutivo desistía de ilegalizar Acción Nacionalista Vasca (ANV).
"El Gobierno cumple la Ley y la maquinaria jurídica trabaja a pleno rendimiento para garantizar el cumplimiento de la Ley de Partidos Políticos", enfatizó la ministra. Asimismo, defendió que la Fiscalía General del Estado está actuando "con rigor y responsabilidad" y que si hay irregularidades, se atajarán.
"No es momento de descartar nada", insistió De la Vega, que indicó que las investigaciones están abiertas, que se trabaja "sin descanso" y que agotarán el plazo del que disponen --hasta los días 2 y 3 de mayo-- para investigar las cuestiones que afectan "a las candidaturas y a las siglas" para actuar de la forma "más correcta".
"No le temblará la mano"
La vicepresidenta fue preguntada sobre si creía que existían razones para acabar con ANV o sus listas en bloque. Aseguró que los ciudadanos "tienen que tener la certeza" de que al Gobierno "no le temblará la mano a la hora de aplicar la Ley". "Con toda certeza y claridad, Batasuna no estará en las elecciones y otras formaciones en Euskadi estarán en las elecciones si cumplen la Ley --señaló-- Si no la cumplen, no estarán".
Ahora bien, De la Vega enfatizó que en democracia, las normas las marca "la Ley y el Estado de Derecho" y que por ello, "no valen sólo sospechas, sino que son necesarias certezas y pruebas".
Cuando se le preguntó sobre si consideraba que en el caso de ANV existían pruebas, la portavoz del Ejecutivo insistió en que aún no han concluido la investigación. "No se puede hacer todavía una evaluación completa y cuando se tenga, se adoptarán las decisiones dirigidas a garantizar que la Ley se va a cumplir", afirmó.
"No caben interpretaciones"
Fue también preguntada respecto a unas afirmaciones del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que el jueves aseguró, en relación a este asunto, que no estarán en las elecciones los que no deban estar, añadiendo que "otra cuestión es que haya quien interprete la Ley en sentido drástico, probablemente incompatible con el Estado de derecho".
"Lo que estamos haciendo es que se cumpla la Ley y no caben interpretaciones --reseñó la vicepresidenta--. La Ley o se cumple o no se cumple y el Gobierno la cumple y va a hacer que se cumpla en todos sus términos".
Así, explicó que ello equivale a cumplir la Ley de Partidos Políticos, la Constitución y la jurisprudencia aplicada del Tribunal Constitucional, órgano que ya ha hecho una "interpretación" de la citada norma. "La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es muy precisa, exige certezas y además hay que acreditarlas", resaltó.
En cuanto a la nueva remesa de cartas de extorsión a empresarios, la vicepresidenta se limitó a señalar que "cualquier cuestión" relativa al terrorismo es investigada y analizada por el Gobierno y que en base a ello, toma las medidas que le corresponden.
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