Desbandada de las asociaciones de jueces de cara a la huelga

El colectivo de jueces supera los 4.600, pero sólo la mitad están asociados y, de ellos, unos 1.200 pertenecen a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación que decidió en junio convocar el paro por considerar insuficientes los resultados logrados en las negociaciones con el Gobierno. La huelga, sin embargo, ha sido rechazada por las otras tres agrupaciones de jueces: Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente y Francisco de Vitoria. Estas dos últimas asociaciones sí apoyaron, en cambio, la huelga del 18 de febrero.

         La de este jueves será la segunda huelga que vivirá la carrera judicial en su historia y, al igual que ocurriera en la primera, para esta jornada de paro no se han fijado servicios mínimos ya que, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ejercicio del "hipotético" derecho de huelga de jueces y magistrados carece actualmente de soporte normativo.

         Como se sabe, la primera huelga de jueces -la del 18 de febrero- fue secundado por un 35,58 por ciento de los magistrados en ejercicio, según los datos del CGPJ, cifra que los convocantes, que consideraron un éxito la jornada, elevaron al 60 por ciento. El hecho de que la actual jornada de paro la convoque sólo una asociación, aunque sea la mayoritaria, rebaja las perspectivas de éxito, sobre todo porque no cuenta con el apoyo de las juntas de jueces de Madrid ni de Barcelona.

         No obstante, la convocatoria de la APM ya ha sido apoyada por una decena de juntas provinciales de jueces, entre las que se encuentran Málaga, Valencia, Castellón, Las Palmas, Ibiza, Zamora, Toledo, Murcia, Albacete, Guadalajara, A Coruña, Ourense y Zaragoza.

El Ministerio de Justicia, por su parte, insiste en que no hay razones para la huelga. Según el ministro Francisco Caamaño, un 90 % de las reivindicaciones de los jueces ya han sido atendidas y el presupuesto para 2010 será "la mayor inversión de la historia de la democracia en modernización de la Administración de Justicia".

         El Ministerio ha distribuido un argumentario en el que asegura que este Gobierno es el que más ha invertido en Justicia en la historia de la democracia y que es "falso" que los presupuestos de Justicia se incrementen sólo un 9,67 %, ya que ese dato no tiene en cuenta el "presupuesto homogeneizado" -descontando las transferencias de competencias-.

         Añade Justicia que la suma de la inversión estatal y de las comunidades autónomas en materia de Justicia alcanzó en 2008 los 4.000 millones de euros. Señala que en los próximos tres años se van a dedicar 600 millones de euros adicionales a la Justicia y que este compromiso se materializará con 218 millones de euros para la puesta en marcha del Plan Estratégico en 2010, año en el que se destinará un 102,88 % más a la modernización.