El Ministerio de la Presidencia, dependiente de Vicepresidencia Primera, ha tenido que salir al quite y ha confirmado que el Ejecutivo "viene trabajando en un estudio sobre el estado de conservación del Valle de los Caídos y de sus criptas y osarios"; un estudio, por cierto, al que no se le ha dado ninguna publicidad. En este contexto, Presidencia ha confirmado ahora que Patrimonio Nacional, responsable de la gestión del Valle de los Caídos, y la Oficina de Víctimas del Ministerio de Justicia firmaron el 1 de octubre de 2009 un acuerdo para digitalizar las fuentes documentales de los restos inhumados en el Valle de los Caídos.
Según Presidencia, en este estudio concurren dos líneas de trabajo: una primera línea documental para "compilar y examinar todas las fuentes existentes" (los libros de registro de entrada de restos y la documentación de los Gobiernos civiles de la época) para determinar la distribución de los restos en los distintos osarios, a partir de su traslado desde sus distintos lugares de procedencia, y una segunda línea arquitectónica "para conocer el estado de conservación de la estructura del templo, de las criptas y de los osarios".
¿Por qué no se ha dado publicidad a este asunto, dado que el Valle de los Caídos configura en sí mismo un estado de sentimientos encontrados? El Gobierno se escuda en que el 30 de septiembre de 2009 la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de Ley por la que se instaba al Gobierno a "elaborar un censo de las personas enterradas en el Valle de los Caídos y a facilitar las exhumaciones y agilizar el traslado de los restos mortales de las personas allí enterradas, cuando así lo soliciten los familiares o entidades representantes de los mismos".
Ley de Memoria Histórica
Además, en la propia convocatoria de ayudas relacionadas con la Ley de Memoria Histórica, de 24 de marzo de 2010, se estableció la "necesidad de dar prioridad a los proyectos de indagación, localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas", según admite ahora Presidencia.
Y, efectivamente, el Gobierno reconoce que para dar cumplimiento al desarrollo de la Ley de la Memoria Histórica, al mandato parlamentario y a las peticiones de exhumación, el Gobierno determinó, y así se lo trasladó a las asociaciones y familiares que la habían solicitado, la necesidad de realizar un estudio forense para comprobar el estado de los restos y la viabilidad de las exhumaciones. Es decir, que se habían abierto criptas y osarios de una forma 'discreta'.
No obstante lo anterior, el Ejecutivo asegura que este estudio se lleva a cabo dentro de un procedimiento administrativo en el marco de las competencias atribuidas a Patrimonio Nacional, que tiene la responsabilidad del mantenimiento y conservación del Valle de los Caídos. Y afirma, seguidamente, que este procedimiento "es público y del mismo ha tenido también información la comunidad benedictina".
Según la información remitida por el Ministerio de la Presidencia, dentro de ese procedimiento se han realizado entre los meses de mayo y septiembre de este año "distintas prospecciones en las criptas, para comprobar el estado de los osarios, sin que se haya procedido a ninguna exhumación ni traslado". Asegura el Gobierno que los estudios forenses aún no han concluido y que habrá que esperar a que concluyan sus trabajos. Ahora bien, una vez finalizados los mismos, "el Gobierno hará públicas sus conclusiones y las dará a conocer tanto las distintas fuerzas políticas del arco parlamentario como a las asociaciones y familiares interesados en conocer el estado de situación". Parece ser que ése será el momento en el que se procederá a las exhumaciones como tal.
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