Así ha empezado una semana de vértigo económico y financiero, que nos ha colocado de nuevo en el foco de los inversores, y no precisamente para bien, después de unos días dulces tras el visto bueno de Alemania. En España, el diferencial entre el bono español a diez años y su homólogo alemán se ha ampliado hasta superar holgadamente los 200 puntos básicos (pb), despues de que la visita de Ángela Merkel hiciera descender hasta los 180 puntos dicha prima, lo que supone una penalización en los mercados.
Todo empezó con la reunión entre el jefe del Ejecutivo,
José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de la Generalitat,
Artur Mas, el pasado lunes. Mas salió con el compromiso de que José Luis Rodríguez Zapatero autorizará a Cataluña a acudir a una nueva emisión de deuda antes siquiera de que el Ministerio de Economía haya dado el visto bueno al plan de viabilidad presentado por la Generalitat.
El objetivo es aumentar la deuda pública catalana en 2.000 ó 2.500 millones de euros en las próximas semanas. Mas dejó claro que esta sería solo una primera emisión, a la que seguirán otras -cuya cuantía no quiso aún desvelar- una vez que el departamento que dirige la vicepresidenta segunda,
Elena Salgado, haya aprobado la propuesta de reducción del 10% del déficit catalán, elaborada por el recién estrenado Gobierno nacionalista. El objetivo de estas emisiones es refinanciar las deudas que vencen en 2011.
Pero la marcha atrás del presidente Zapatero y su equipo económico en el control de los desmanes autonómicos ha tenido como consecuencia las protestas generalizadas del resto de autonomías, que se ha zanjado con un café para todos y una carta 'aclaratoria' de la vicepresidenta segunda a los responsables autonómicos. El último ejemplo, la consejera de Economía y Hacienda de Murcia,
Inmaculada García, que se ha apresurado a recordar que su autonomía pidió antes que Cataluña la cantidad de 345 millones en el vencimiento a corto plazo, donde se incluye el préstamo puente que se acaba de firmar, y de 91,2 millones a largo para el último trimestre de este año.
El propio presidente,
Rodríguez Zapatero, ratificaba el miércoles en el Congreso que la posibilidad de refinanciación está abierta a todas las comunidades. De momento, la deuda se eleva hasta 13.700 millones de euros, mora que corresponde a los vencimientos pendientes en 2011.Pero los expertos subrayan que la necesidad total de financiación autonómica (con deuda nueva) alcanzaría los 24.500 millones de euros, lo que significa que todavía quedan cerca de 11.000 millones sin colocar.
El tema estrella
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, aseguró que el Ministerio de Economía autorizará todas las peticiones que hagan las comunidades autónomas para refinanciar los vencimientos de su deuda en 2011. Eso sí, Salgado matizó que el Gobierno siempre autoriza estas emisiones porque no suponen un aumento del volumen general de la deuda, sino que simplemente se hacen para ampliar los plazos de vencimiento.
El Gobierno recula, pero insiste en que no se trata de un "cheque en blanco al endeudamiento", sino una autorización limitada para las refinanciaciones: es decir, se permite recurrir de nuevo al endeudamiento para hacer frente a los préstamos que vencen este año si no se pueden saldar de otra forma. Y parece, a tenor de las cifras publicadas, que no hay otra forma.
Penalización de las agencias de riesgo
Pero no será tan fácil porque la deuda emitida lleva la marca España, proceda de donde proceda. De hecho, la agencia de rating Standard & Poor's (S&P) continúa firme en sus perspectivas negativas al considerar que el deterioro presupuestario de las regiones españolas ha sido más "intenso" que el de otras regiones europeas. Además, prevé que en uno o dos años la media de ratings podría descender hasta en dos escalones, aunque sin alcanzar el nivel 'BBB'.
Pero no toda la deuda tiene la misma carga. Cataluña, Murcia y Castilla-La Mancha son las tres comunidades que de momento han incumplido claramente los objetivos de déficit de 2010.
La obligación de que sea el Consejo de Política Fiscal y Financiera el encargado de dar el visto bueno a los planes de ajuste permite a los expertos asegurar que "muy probablemente no se producirá ninguna autorización de refinanciación antes de final de marzo".
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