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España 'suspende' en la lucha contra la pobreza y la desigualdad global
(Foto: Reuters)

España 'suspende' en la lucha contra la pobreza y la desigualdad global

jueves 29 de septiembre de 2016, 15:32h

Ha pasado un año desde que España se sumó a la aprobación de la Agenda de Desarollo Sostenible 2030, una iniciativa cuyo objetivo es la lucha contra la pobreza y la desigualdad a nivel global. En este tiempo, el Gobierno de Mariano Rajoy no ha hecho nada, o (casi nada), al respecto para cumplir con los compromisos adquiridos. Esta es la conclusión del informe ‘Un año de Agenda 2030 en España: Mucho por hacer’,publicado por UNICEF Comité Español y Oxfam Intermón. “La inacción de España contrasta con las iniciativas adoptadas por otros países, como México, Colombia, Finlandia o Francia, e incluso por algunos gobiernos autonómicos y locales.

Para el director de Unicef, Javier Martos, la Agenda 2030 “es una cuestión de compromiso político, inversión en las personas que más lo necesitan y de voluntad colectiva. Bajo ninguna circunstancia España debe llegar a la reunión del Panel de Alto Nivel en 2017 sin haber definido políticas, presupuestos, indicadores y mecanismos de seguimiento”.

Durante este tiempo, Unicef y Oxfam Intermón han insistido en la necesidad del liderazgo político desde una Vicepresidencia de Desarrollo, Derechos Humanos y Medio Ambiente, la puesta en marcha de una estrategia nacional de desarrollo sostenible, y la creación de una Comisión de Desigualdad en el Parlamento que garantice el cumplimiento de esta agenda, pero estas propuestas no se han tenido en cuenta.

“La interinidad del Gobierno no puede justificar su inacción en la implementación de la Agenda 2030, cuando podría haberse aprovechado este año para avanzar en todo el trabajo preparatorio que precisará el plan nacionales de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La Agenda ODS es clave para el conjunto de las políticas públicas, fundamental para la vida de las personas en nuestro país y en la de los países en vías de desarrollo con las que deberíamos contribuir” declara Chema Vera, director de Oxfam Intermón.

Como ya señala el título del informe, en España queda mucho por hacer. La pobreza sigue castigando especialmente a los niños de nuestro país. El 28,6% de los españoles vive en riesgo de pobreza o exclusión social, uno de cada tres en el caso de los niños (34,4%). El número de hijos, la situación de familia monoparental y la condición de extranjero de los padres o tutores se han convertido en los principales factores de riesgo de pobreza infantil.

Para ambas organizaciones, la desigualdad es el verdadero talón de Aquiles de la recuperación social y económica tras la crisis. Mientras el 20% de los españoles acumula una riqueza que multiplica por 86 la del 20% más pobre, la precariedad laboral ha hecho presa a una generación de españoles. Casi la mitad de los menores de 25 años están desempleados, más del 13% de las personas con empleo están en riesgo de pobreza o exclusión social, y el salario mínimo en España está muy lejos del que disfrutan las economías más boyantes de Europa. Desde 2014 no se han registrado avances respecto a la brecha salarial y el reparto de cargas familiares entre hombres y mujeres. El dato más reciente establece en 18,8% la diferencia salarial de género, la sexta más alta del conjunto de la UE.

Por eso, “es necesario que España tome medidas relevantes como la inversión en protección social, el incremento sustancial del salario mínimo y garantizar que las grandes empresas contribuyen de forma justa a la recaudación fiscal que garantice la inversión en políticas sociales. La protección de los menores debe estar garantizada a través de un Pacto de Estado por la infancia y deben promoverse políticas activas para la igualdad de género. Finalmente, España también es responsable de que los países en desarrollo cumplan con la agenda, para lo que debe incrementar su Ayuda Oficial al Desarrollo hasta 0,4% en una Legislatura. Además, debe responder a la crisis migratoria cumpliendo su compromiso de acogida y garantizando el tránsito seguro y el respeto de los derechos humanos”.

Ambos colectivos han incidido en que la agenda 2030 “representa un calendario de actuación que debe tener un impacto positivo en la vida de todas las personas, así como llegar a los grupos más vulnerables”.

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