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Artur Mas, condenado a devolver los 5 millones de euros que se gastó en la consulta soberanista de 2014

Artur Mas, condenado a devolver los 5 millones de euros que se gastó en la consulta soberanista de 2014
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(Foto: EP)
lunes 12 de noviembre de 2018, 13:24h

El Tribunal de Cuentas ha condenado este lunes al ex president Artur Mas a pagar 4,9 millones de euros en calidad del dinero público que se estima que invirtió en la consulta soberanista del 9-N de 2014, declarada ilegal por la Justicia, pero que celebró igualmente.

También están condenados por este gasto público la que fuera su vicepresidenta, Joana Ortega, así como los ex consellers Francesc Homs e Irene Rigau y 5 altos cargos de la Generalitat de tiempos de Mas.

La consulta soberanista fue un intento de sortear la ley por parte del Govern de Mas, ya que era ilegal convocar un referéndum, como sí ocurrió en 2017 con el Ejecutivo de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Esta consulta "sobre el futuro político de Cataluña", se llamaba, se celebró el 9 de noviembre de 2014 y su objetivo era conocer la opinión de los ciudadanos sobre si Cataluña debería ser un Estado y si ese Estado debería ser independiente.

En septiembre de 2017, este tribunal exigía 5,25 millones, pero la cantidad ha sido levemente modificada a la baja pasado un año desde entonces. Esta condena por responsabilidad contable se unía a la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que inhabilitó durante dos años a Mas por desobediencia al Tribunal Constitucional, que prohibió la consulta.

Al conocer el fallo, su sucesor Puigdemont escribió un mensaje crítico con las instituciones españolas en Twitter: "Los "gestos Sánchez" se parecen mucho a los "gestos Rajoy". Un abuso y una arbitrariedad indigna. El mismo día en que promueven el candidato del PP a presidir el CGPJ, lo acaban de redondear. Muchos ánimos, presidente Mas, vicepresidenta Ortega, consejera Rigau y consejero Homs".

La consulta soberanista 9-N

La consulta fue convocada a raíz de un acuerdo entre la mayoría de los partidos políticos con representación en el Parlament. Fue suspendida tras los recursos de inconstitucionalidad del Gobierno central, en ese tiempo en manos de Mariano Rajoy. El 14 de octubre, ante la situación de la suspensión, Mas anunció que la consulta no se celebraría en los términos previstos y que en su lugar convocaría una consulta alternativa y la denominó "proceso participativo".​ En todo caso, siguió siendo considerada ilegal pero el Govern de Mas se comprometió a financiarlo, problema que ahora ha sido resuelto por el Tribunal de Cuentas exigiéndole la devolución de 4,9 millones públicos

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