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     29 de julio de 2021

Tribunal de Cuentas

> Si no presentan los avales en el plazo establecido, el Tribunal procederá al embargo de bienes

> Si se confirma en vía judicial la responsabilidad civil o contable, la persona "deberá devolver el dinero"

> Remite el expediente a los juzgados de Plaza Castilla para que lo investigue la justicia ordinaria

> La condena por la venta de vivienda pública a un fondo buitre queda revocada

El presunto desvío de fondos públicos que el Govern de Carles Puigdemont habría llevado a cabo para organizar el referéndum del 1-O será motivo de investigación en el Tribunal de Cuentas, como ocurrió con la consulta soberanista del 9-N. El fiscal del Tribunal de Cuentas ha pedido que se inicie un procedimiento tras la denuncia de Societat Civil Catalana que reclama 89 millones al Govern por la organización de la consulta, 87 de ellos, por el coste del dipositivo policial desplegado.

La portavoz del PP, Marta González ha tildado de "alarmantes" las informaciones sobre la financiación iraní de Vox, después de que el diario 'El País' confirmase que la formación de extrema derecha nació gracias a donaciones del exilio iraní, concretamente de miembros del Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI), que fue considerada organización terrorista y llegó a tener un brazo armado. Génova cree que los de Santiago Abascal deben dar explicaciones ante el Tribunal Cuentas, al que piden "que tome cartas en el asunto".

El Tribunal de Cuentas ha denunciado un trato de favor a Cataluña por parte del Ministerio de Hacienda desde el año 2016 en que se hace cargo de la gestión del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Según su informe, es la autonomía que más dinero recibe, no justifica ciertos pagos e incumple los plazos de devolución.

> La malversación sería más del doble de lo que cifró Llarena

El Govern de la Generalitat de Carles Puigdemont desvió más de 8 millones de euros de dinero público al referéndum ilegal del 1-O, según los cálculos del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres.

> Toma medidas también contra: PNV, IU, CDC, UDC, UPyD, Amaiur y Euskal Herria Bildu

El Tribunal de Cuentas ha acordado abrir un proceso sancionador contra Ciudadanos por las irregularidades contables detectadas en el ejercicio 2015. Asimismo, también ha abierto de forma paralela otros procedimientos contra PNV, IU, CDC, UDC, UPyD, Amaiur y Euskal Herria Bildu por distintas infracciones.

El Tribunal de Cuentas va a investigar la procedencia de los 2,2 millones de euros aportados por el ex president Artur Mas para la causa abierta sobre el 9-N. La suma aportada -menos de la mitad de la fianza solidaria exigida para los encausados- procede de la Asamblea Nacional Catalana, pero queda dilucidar si ese dinero podría tener que ver con las subvenciones públicas que recibió de la Generalitat.

El ex president de la Generalitat Artur Mas ha depositado 2,2 millones de euros en el Tribunal de Cuentas y ha pedido una ampliación del plazo para abonar de forma íntegra los 5,2 millones de euros que fijó como fianza por la organización de la consulta del 9-N en Cataluña.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha calificado de “indecente” el estudio del Tribunal de Cuentas en relación a si Artur Mas debería pagar con su patrimonio la consulta del 9-N. Además, en declaraciones a RAC 105, ha preguntado irónico si Montoro se rascaría el bolsillo para sufragar el dinero público no ingresado con motivo de la “amnistía fiscal ilegal”.

La consulta catalana del 9-N costó a las arcas públicas más de 5 millones de euros. El Tribunal de Cuentas estudia ahora la posibilidad de pasar la factura a su promotor, el ex president de la Generalitat, Artur Mas, para que haga frente al coste con su propio patrimonio.

El Tribunal de Cuentas acaba de tumbar el 'crowdfunding' de Pedro Sánchez por considerarlo contrario a la ley de financiación de partidos políticos. Sin embargo, esta fórmula no es nueva, de hecho en nuestro país la popularizó otro partido: Podemos. Pero, ¿es o no legal esta fórmula de recabar fondos? ¿qué las diferencia?

La campaña de 'crowdfunding' del ex secretario general del PSOE y candidato a las primarias, Pedro Sánchez, no se ajusta a lo dispuesto a la ley de financiación de partidos políticos que, entre otras cuestiones, prohíbe las donaciones anónimas y de más de 50.000 euros por individuo y año. Así de tajante se ha mostrado el Tribunal de Cuentas que ha dado la razón a la actual gestora del partido para controlar las donaciones a través de una cuenta que será supervisada por el citado órgano.

El Tribunal de Cuentas ha aprobado el ‘Informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, ejercicios 2009 a 2015’ en el que concluye que el coste acumulado de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria se situaba, al cierre de 2015, en 60.718 millones de euros.

> Casi un 60% de los recursos electorales de los partidos procedían del endeudamiento bancario

El informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas sobre las elecciones del 20 de diciembre de 2015 pone de relieve la gran dependencia del endeudamiento bancario de los partidos políticos. Sin embargo, es sobre otro tipo de financiación sobre la que pone el foco: los microcréditos. Una fórmula abanderada por Podemos como signo de independencia.

Cuatro directivos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y uno de la entidad RED.es cesaron de sus cargos días antes de la aprobación de la reforma laboral de 2012, lo que les permitió cobrar indemnizaciones "muy superiores" a las que les hubiera correspondido con la nueva normativa, según señala el Tribunal de Cuentas en un informe.

> También su sucesor en vitoria, el actual vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto

Rajoy no gana para disgustos. Ahora el Tribunal de Cuentas ha condenado al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, así como al resto del equipo del Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria en 2007, por causar un perjuicio económico de 393.000 euros a las arcas públicas, al firmar un contrato público para el alquiler de unas oficinas con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado

El vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, y el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, serán juzgados este próximo lunes por el Tribunal de Cuentas del Estado por el presunto "perjuicio" causado a las arcas públicas al firmar, durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria, un contrato con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado. En esta vista, que se celebrará a las once de la mañana en la sede del Tribunal de Cuentas, en Madrid, se tratarán de determinar las posibilidades responsabilidades derivadas de la firma de un contrato firmado en 2007, con Alonso como alcalde y Maroto como concejal de Hacienda de Vitoria, con el empresario Gonzalo Antón.

El Tribunal de Cuentas lamenta que varios organismos pertenecientes al área de la Administración Económica del Estado hayan cumplido en los últimos años menos de la mitad de las recomendaciones recogidas en hasta 40 informes aprobados entre 2003 y 2013.

El Partido Popular (PP) ha optado por hacer oídos sordos ante las advertencias del Tribunal de Cuentas sobre la insostenibilidad financiera del AVE, y fiar el futuro de las cuentas de Adif Alta Velocidad a su Plan de Empresa, que pasa por completar la red en ejecución y conseguir un incremento "significativo" de viajeros que, a su vez, "asegurará la sostenibilidad a largo plazo" de la compañía pública.

> Los donativos a entidades ligadas a partidos cayeron en 2013 desde 7,8 millones a 4,5, según el Tribunal de Cuentas

Las fundaciones vinculadas a partidos políticos recibieron en 2013 un total de 4,5 millones de euros en donaciones, y de ellas la que más percibió (1,05 millones) fue la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside José María Aznar, a su vez, presidente de honor del PP. Así consta en el informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos correspondiente a 2013 que fue aprobado la semana pasada por el Tribunal de Cuentas y que acaba de ser remitido al Congreso de los Diputados. En comparación con el ejercicio anterior, el total de donativos de las 41 entidades fiscalizadas ha caído en 3,29 millones, al pasar de los 7,79 millones que recibieron en 2012 a los 4,50 que sumaron en el ejercicio siguiente.