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     2 de marzo de 2021

Tribunal de Cuentas

> Remite el expediente a los juzgados de Plaza Castilla para que lo investigue la justicia ordinaria

> La condena por la venta de vivienda pública a un fondo buitre queda revocada

El presunto desvío de fondos públicos que el Govern de Carles Puigdemont habría llevado a cabo para organizar el referéndum del 1-O será motivo de investigación en el Tribunal de Cuentas, como ocurrió con la consulta soberanista del 9-N. El fiscal del Tribunal de Cuentas ha pedido que se inicie un procedimiento tras la denuncia de Societat Civil Catalana que reclama 89 millones al Govern por la organización de la consulta, 87 de ellos, por el coste del dipositivo policial desplegado.

La portavoz del PP, Marta González ha tildado de "alarmantes" las informaciones sobre la financiación iraní de Vox, después de que el diario 'El País' confirmase que la formación de extrema derecha nació gracias a donaciones del exilio iraní, concretamente de miembros del Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI), que fue considerada organización terrorista y llegó a tener un brazo armado. Génova cree que los de Santiago Abascal deben dar explicaciones ante el Tribunal Cuentas, al que piden "que tome cartas en el asunto".

El Tribunal de Cuentas ha denunciado un trato de favor a Cataluña por parte del Ministerio de Hacienda desde el año 2016 en que se hace cargo de la gestión del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Según su informe, es la autonomía que más dinero recibe, no justifica ciertos pagos e incumple los plazos de devolución.

> La malversación sería más del doble de lo que cifró Llarena

El Govern de la Generalitat de Carles Puigdemont desvió más de 8 millones de euros de dinero público al referéndum ilegal del 1-O, según los cálculos del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres.

> Toma medidas también contra: PNV, IU, CDC, UDC, UPyD, Amaiur y Euskal Herria Bildu

El Tribunal de Cuentas ha acordado abrir un proceso sancionador contra Ciudadanos por las irregularidades contables detectadas en el ejercicio 2015. Asimismo, también ha abierto de forma paralela otros procedimientos contra PNV, IU, CDC, UDC, UPyD, Amaiur y Euskal Herria Bildu por distintas infracciones.

El Tribunal de Cuentas va a investigar la procedencia de los 2,2 millones de euros aportados por el ex president Artur Mas para la causa abierta sobre el 9-N. La suma aportada -menos de la mitad de la fianza solidaria exigida para los encausados- procede de la Asamblea Nacional Catalana, pero queda dilucidar si ese dinero podría tener que ver con las subvenciones públicas que recibió de la Generalitat.

El ex president de la Generalitat Artur Mas ha depositado 2,2 millones de euros en el Tribunal de Cuentas y ha pedido una ampliación del plazo para abonar de forma íntegra los 5,2 millones de euros que fijó como fianza por la organización de la consulta del 9-N en Cataluña.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha calificado de “indecente” el estudio del Tribunal de Cuentas en relación a si Artur Mas debería pagar con su patrimonio la consulta del 9-N. Además, en declaraciones a RAC 105, ha preguntado irónico si Montoro se rascaría el bolsillo para sufragar el dinero público no ingresado con motivo de la “amnistía fiscal ilegal”.

La consulta catalana del 9-N costó a las arcas públicas más de 5 millones de euros. El Tribunal de Cuentas estudia ahora la posibilidad de pasar la factura a su promotor, el ex president de la Generalitat, Artur Mas, para que haga frente al coste con su propio patrimonio.

El Tribunal de Cuentas acaba de tumbar el 'crowdfunding' de Pedro Sánchez por considerarlo contrario a la ley de financiación de partidos políticos. Sin embargo, esta fórmula no es nueva, de hecho en nuestro país la popularizó otro partido: Podemos. Pero, ¿es o no legal esta fórmula de recabar fondos? ¿qué las diferencia?

La campaña de 'crowdfunding' del ex secretario general del PSOE y candidato a las primarias, Pedro Sánchez, no se ajusta a lo dispuesto a la ley de financiación de partidos políticos que, entre otras cuestiones, prohíbe las donaciones anónimas y de más de 50.000 euros por individuo y año. Así de tajante se ha mostrado el Tribunal de Cuentas que ha dado la razón a la actual gestora del partido para controlar las donaciones a través de una cuenta que será supervisada por el citado órgano.

El Tribunal de Cuentas ha aprobado el ‘Informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria, ejercicios 2009 a 2015’ en el que concluye que el coste acumulado de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria se situaba, al cierre de 2015, en 60.718 millones de euros.

> Casi un 60% de los recursos electorales de los partidos procedían del endeudamiento bancario

El informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas sobre las elecciones del 20 de diciembre de 2015 pone de relieve la gran dependencia del endeudamiento bancario de los partidos políticos. Sin embargo, es sobre otro tipo de financiación sobre la que pone el foco: los microcréditos. Una fórmula abanderada por Podemos como signo de independencia.

Cuatro directivos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y uno de la entidad RED.es cesaron de sus cargos días antes de la aprobación de la reforma laboral de 2012, lo que les permitió cobrar indemnizaciones "muy superiores" a las que les hubiera correspondido con la nueva normativa, según señala el Tribunal de Cuentas en un informe.

> También su sucesor en vitoria, el actual vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto

Rajoy no gana para disgustos. Ahora el Tribunal de Cuentas ha condenado al ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, así como al resto del equipo del Gobierno del Ayuntamiento de Vitoria en 2007, por causar un perjuicio económico de 393.000 euros a las arcas públicas, al firmar un contrato público para el alquiler de unas oficinas con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado

El vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, y el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, serán juzgados este próximo lunes por el Tribunal de Cuentas del Estado por el presunto "perjuicio" causado a las arcas públicas al firmar, durante su etapa al frente del Ayuntamiento de Vitoria, un contrato con un empresario a un precio considerado muy superior al de mercado. En esta vista, que se celebrará a las once de la mañana en la sede del Tribunal de Cuentas, en Madrid, se tratarán de determinar las posibilidades responsabilidades derivadas de la firma de un contrato firmado en 2007, con Alonso como alcalde y Maroto como concejal de Hacienda de Vitoria, con el empresario Gonzalo Antón.

El Tribunal de Cuentas lamenta que varios organismos pertenecientes al área de la Administración Económica del Estado hayan cumplido en los últimos años menos de la mitad de las recomendaciones recogidas en hasta 40 informes aprobados entre 2003 y 2013.

El Partido Popular (PP) ha optado por hacer oídos sordos ante las advertencias del Tribunal de Cuentas sobre la insostenibilidad financiera del AVE, y fiar el futuro de las cuentas de Adif Alta Velocidad a su Plan de Empresa, que pasa por completar la red en ejecución y conseguir un incremento "significativo" de viajeros que, a su vez, "asegurará la sostenibilidad a largo plazo" de la compañía pública.

> Los donativos a entidades ligadas a partidos cayeron en 2013 desde 7,8 millones a 4,5, según el Tribunal de Cuentas

Las fundaciones vinculadas a partidos políticos recibieron en 2013 un total de 4,5 millones de euros en donaciones, y de ellas la que más percibió (1,05 millones) fue la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside José María Aznar, a su vez, presidente de honor del PP. Así consta en el informe de fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos correspondiente a 2013 que fue aprobado la semana pasada por el Tribunal de Cuentas y que acaba de ser remitido al Congreso de los Diputados. En comparación con el ejercicio anterior, el total de donativos de las 41 entidades fiscalizadas ha caído en 3,29 millones, al pasar de los 7,79 millones que recibieron en 2012 a los 4,50 que sumaron en el ejercicio siguiente.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ve "significativos incumplimientos" en la ejecución de los contratos del sector público realizados en 2012, así como excesos en la facturación realizada y falta de justificantes de pago. Álvarez de Miranda ha presentado el informe de fiscalización de la contratación del sector público estatal en 2012 que, según sus palabras, "está lleno de incumplimientos como tradicionalmente lo han estado los informes de contratación desde el origen de los tiempos".

> El Tribunal de Cuentas presenta el martes a las Cortes su primer examen a la contabilidad de Podemos

 El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, presentará el próximo martes ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado)  el informe de fiscalización de los gastos electorales de los partidos políticos en las europeas de 2014, que fue el primer examen realizado por la institución a la contabilidad de Podemos.

Los grupos parlamentarios del Senado han acordado obligar al Tribunal de Cuentas a que, antes de unos comicios de cuya fiscalización vaya a ser competente, comunique el límite de gasto electoral que va a tener cada partido en esa campaña.

- Especial: 'España, un país en elecciones'

> El Tribunal de Cuentas señala una "responsabilidad contable" de nueve ediles que estaban bajo las órdenes de ahora ministro

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha fijado inicialmente en 496.223 euros "la responsabilidad contable" de los nueve ediles que integraban en 2007 la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Vitoria en 2007, presidida por el entonces alcalde, Alfonso Alonso. Entre este grupo de ediles, también se encontraba Javier Maroto, actual regidor, al considerar que ha habido "perjuicio" a las arcas municipales en un contrato de alquiler de unos locales por un importe superior a su valor en el mercado, según han informado fuentes del proceso judicial administrativo.

El Tribunal de cuentas ha dejado a los exconsejeros andaluces de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez y José Antonio Griñán fuera de la responsabilidad contable por las irregularidades en la aplicación y gestión de los fondos de subvenciones gestionadas por la Junta de Andalucía entre 2001-2009. Su investigación se centra en la actuación de los directores generales competentes.

>>Para la futura gestión de los residuos radiactivos que generan

El Tribunal de Cuentas recomienda a ENRESA que se obligue a revisar cada año los elementos tributarios de las dos tasas que caen sobre los titulares de centrales nucleares para la gestión futura de los residuos radiactivos que estas generan.

PP y PSOE han valorado este viernes el informe de fiscalización realizado por el Tribunal de Cuentas correspondiente al ejercicio 2012, el primero de gestión íntegra del Gobierno de Dolores de Cospedal. El informe refleja algunos defectos, ofrece algunas recomendaciones y alaba, por ejemplo, la disminución de la deuda con proveedores. Pero las interpretaciones políticas son muy distintas por parte de los dos únicos partidos que tienen representación en las Cortes castellano-manchegas.

>>El Informe de Fiscalización de cuentas de 2012 de la Junta "cuestiona la presupuestación realista de gastos"

>>El Gobierno de Cospedal no incluyó las cuentas de la RadioTelevisión Pública de Castilla-La Mancha

>>Varias entidades presentaron cuentas fuera de plazo

El Tribunal de Cuentas (TC) ha emitido el Informe Anual de Fiscalización de Castilla-La Mancha correspondiente al año 2012, primer informe desde la supresión de la Sindicatura de Cuentas de la región y que se refiere al primer año completo con el Gobierno del Partido Popular que dirige Dolores de Cospedal. El Tribunal le 'saca los colores' a la Junta en varias cuestiones: habla de datos que "cuestionan la presupuestación realista de gastos", le recrimina que no incluyese las cuentas correspondientes a la RadioTelevisión de Castilla-La Mancha o el hecho de que varias entidades rindieran cuentas fuera de plazo.