La Fiscalía pide 3,1 millones de euros a Puigdemont y otros 34 altos cargos de la Generalitat por el 1-O

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas solicita que 35 ex altos cargos de la Generalitat de Catalunya (entre los que están los ex presidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y el ex vicepresidente Oriol Junqueras) paguen 3,1 millones de euros por el dinero público desviado para la organización del referéndum del 1-O y la promoción exterior del procés. Así consta en el escrito de conclusiones del fiscal jefe del órgano fiscalizador, Manuel Martín-Granizo, al que ha tenido acceso el periódico digital 'elDiario.es'.

Martín-Granizo ha presentado su escrito después de que la consejera Elena Hernáez le diera 10 días de plazo para presentarlo. Hernáez acordó el pasado enero seguir adelante con el procedimiento sobre la derivada económica de la causa penal por el procés que ya sentenció el Tribunal Supremo en 2019 a la espera de la ley de amnistía.

Una norma que, de salir adelante, dejará en papel mojado cualquier multa por el supuesto desvío de fondos públicos en el procés al considerar "extinguidas" las responsabilidades civiles y contables derivadas de esos actos.

La ley de amnistía podría dejarlo sin efecto

La consejera rechazó entonces la solicitud de suspensión planteada por la representación procesal de Junqueras y otros 8 codemandados más, con el respaldo de la Fiscalía.

Pero una vez recibida la respuesta del Ministerio Público y de la acusación popular que ejerce Sociedad Civil Catalana, el tribunal dará traslado a las defensas para que se pronuncien y, después, dictará sentencia.

En su informe, Martín-Granizo afirma que la ley de amnistía "es un hecho futuro y no exactamente incierto, pero tampoco dotado de una certeza plena, al desconocer la fecha de entrada en vigor de la ley y su exacto contenido y alcance".

En consecuencia, considera que subsisten las "razones" que esgrimió cuando, durante el juicio, se posicionó en contra de suspender el procedimiento.

Asimismo, cree "acreditada la responsabilidad contable" de los principales responsables del 'procés'. "Fueron los actos desplegados por los demandados los que dieron lugar a la producción del perjuicio (...) sin que exista ninguna duda acerca de que los daños resultan objetivamente imputables a su conducta", argumenta.

En su escrito, el fiscal sostiene que las actividades incluidas en la demanda "no se encuentran en el ámbito competencial de la comunidad autónoma" y evidencian "un gran número de actuaciones irregulares".

Según precisa, ya sea porque no tienen "encaje en el seno de las competencias autonómicas de acción exterior por su directa vinculación con la expansión y difusión internacional del proceso de transición y del derecho a la autodeterminación", o bien por "la falta de justificación de determinados gastos analizados".

Y en el caso de los gastos de la acción exterior, la responsabilidad contable de Puigdemont "deriva precisamente de su participación y dirección de todos los proyectos, estrategias y procedimientos necesarios para desarrollar relaciones y actividades en el ámbito internacional, excediendo los límites de la promoción en el exterior de los intereses del conjunto de Cataluña" que permite la ley.

En lo relativo a los gastos del 1-O, el fiscal entiende que "aunque Puigdemont no interviniera en las siguientes fases de la tramitación presupuestaria, le resulta atribuible la presunta responsabilidad contable derivada de ser la autoridad que aprobó la totalidad de los gastos inherentes a la consulta".

En total, el Ministerio Público reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones de euros. De esa cantidad, 883.695 euros corresponden a gastos en el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 y 2.209.503 euros al dinero utilizado para la promoción exterior del procés.

Los nombres que figuran en la lista

Además de Puigdemont, constan otros 34 nombres, entre ellos el del ex presidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.

En la lista también aparecen ex consejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; ex consejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; ex delegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).

Asimismo, están encausadas 9 personas que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Entre los que destacan el ex secretario general de la Presidencia del Govern Joaquim Nim; el ex secretario de difusión de Presidencia Antoni Molons; el ex secretario general de Trabajo Josep Ginesta; y el ex director del Diplocat Albert Royo.