La Fiscalía se ha opuesto a suspender la causa por el desvío de fondos públicos para el 'procés' que acoge el Tribunal de Cuentas contra 35 ex altos cargos catalanes al considerar que la ley de amnistía es "un hecho futuro y relativamente incierto" que está al comienzo de su tramitación.
El fiscal Manuel Martín-Granizo Santamaría ha remitido un escrito al órgano contable, al que ha tenido acceso 'RTVE', en el que se manifiesta en contra de la petición formulada por el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras para que se suspendiese el procedimiento en base a la futura ley de amnistía.
La proposición de ley de amnistía, impulsada por el PSOE y sus socios independentistas, fue el argumento que usaron las defensas de varios de estos ex dirigentes para suspender este procedimiento contable, que encajaría en esa medida de gracia si finalmente se aprueba.
El fiscal recuerda que la ley aún está en el inicio de su tramitación
El fiscal ya se opuso explícitamente a esta petición durante la vista que celebró el pasado mes de noviembre el Tribunal de Cuentas para practicar las pruebas aprobadas en este procedimiento, al estimar que la amnistía es "un acontecimiento futuro, no incierto, pero sí de una certeza cuya existencia no se puede afirmar" y cuyos efectos no serán tangibles hasta que entre en vigor.
En este mismo sentido, el Ministerio Público argumenta en su escrito que la proposición de ley registrada por el PSOE, cuya toma en consideración estudia el martes el Congreso, está en el inicio de su tramitación "y, por tanto, no puede producir efecto alguno, por cuanto su entrada en vigor es un hecho futuro y relativamente incierto, al no poder conocer actualmente su exacto contenido en el momento en que entre en vigor".
Por ello, añade, "de la misma manera que no se acordó la suspensión del juicio, no procede acordar la suspensión del procedimiento".
También la entidad Societat Civil Catalana (SCC), que ejerce como demandante, se ha opuesto a la petición de suspensión al concluir que no existe por ahora ningún artículo legal vigente que ampare la "ilegítima injerencia" en este procedimiento.
Un presunto desvío de fondos para el 1-O
El procedimiento trata de dirimir la presunta responsabilidad contable de 35 ex altos cargos de la administración catalana, incluidos los ex presidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, Oriol Junqueras y varios ex consellers, en el desvío de fondos públicos para sufragar el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal, y la promoción exterior del 'procés'.
La Fiscalía cifra ese supuesto desvío en unos 3,4 millones de euros, que solicita que abonen los demandados, mientras que SCC lo eleva a 5,3 millones.
De suspenderse, no sería el primer juicio con cambios a raíz de la tramitación de la ley de amnistía. El pasado 1 de diciembre, el Juzgado de lo Penal Número 2 de Girona decidió aplazar una vista oral, ya que la previsible aprobación de la norma "habría hecho inútil la celebración".
Tanto el tribunal como la Abogacía del Estado aludían al "coste personal y material que para los acusados, las restantes partes y la propia Administración de Justicia implicaría la celebración de un juicio oral que puede quedar vacío de contenido, sin efecto alguno, de aprobarse" la proposición de ley orgánica.
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