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'Nada es igual, si alguien desaparece': una campaña por la verdad, justicia y reparación

'Nada es igual, si alguien desaparece': una campaña por la verdad, justicia y reparación

miércoles 30 de agosto de 2017, 11:46h
¿Cómo sería su vida si un ser querido desapareciera para siempre? Si bien es imposible imaginar lo que siente una víctima de desaparición forzada, no es menos difícil tratar de comprender lo que sienten sus familiares, que comparten un denominador común: una lenta y prolongada angustia psicológica. En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Amnistía Internacional lanza la campaña: ‘Nada es igual, si alguien desaparece’, una acción que reclama a los gobiernos verdad, justicia y reparación.

En esta campaña, Amnistía Internacional recurre a populares series de ficción como ‘Juego de Tronos’, ‘Los Simpsons’, ‘Cuéntame’ o ‘Verano Azul’ para plantear cómo serían estas historias sin uno de sus protagonistas. Con esta acción, la organización recuerda que sólo en nuestro país hay más de 114.000 crímenes de derecho internacional denunciados ante la Justicia, de los que la mayoría corresponden a desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y el franquismo. En España, no sólo no se han investigado estos crímenes, sino que aún se intenta impedir cualquier investigación fuera de nuestras fronteras.

Las desapariciones forzadas no son hechos puntuales, en los que una persona desaparece literalmente de sus seres queridos y de su comunidad, en muchos casos sin que se sepa cuál ha sido su suerte. Los casos seguirán abiertos, mientras las familias no sepan cuál ha sido su suerte. Hay veces que nunca tendrán esa información. Tampoco importa que las desapariciones sean recientes como en el caso de Siria o México, o se hayan producido hace décadas como en España. Todos los casos tienen un denominador común: las familias serán sometidas a una lenta y prolongada angustia psicológica y sus vidas nunca serán las mismas.

Con la desaparición forzada, las personas desaparecen literalmente cuando agentes estatales (o con el consentimiento del Estado) los detienen por la calle o en su casa y después lo niegan, o rehúsan decir dónde se encuentran. Amnistía Internacional insiste en que se trata de un delito de derecho internacional, y que muchas de estas personas nunca son puestas en libertad y no llega a conocerse qué ocurrió con ellas.

España no investiga ni deja investigar

“Tenía tres años cuando ocurrió. Una noche sacaron a mi madre de casa y se la llevaron. Mi hermano y yo dormíamos. Nunca más supimos de ella. A mi padre le habían matado un mes antes, fue de los primeros que cayeron en Marchena, y hoy sigue enterrado en una fosa”. La madre de Antonio Narváez no figura en ningún listado como víctima o fallecida. Antonio tiene 83 años y sigue pidiendo justicia. “A ver si puedo juntarles y darles un entierro digno, lo que no tuvieron en su día”.

En España se sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. En los últimos años, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas han denunciado que España ni investiga ni deja investigar los crímenes cometidos en ese periodo. Así, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, con motivo de su visita a España en 2013, se mostró especialmente preocupado por el cierre, archivo, paralización o mínima investigación de cualquier proceso para esclarecer y juzgar estos crímenes, e instó al Estado español a investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas, así como a eliminar todos los obstáculos que pudieran impedir dichas investigaciones. En mayo de 2017, el Congreso de los Diputados aprobaba una Proposición No de Ley en la que instaba al Gobierno que cumpliera con las recomendaciones de dichos organismos internacionales, entre otros aspectos, asumiendo las labores de localización y exhumación de fosas e identificación de los cadáveres de personas víctimas de desaparición forzada.

España no investiga ni deja investigar. En 2010, víctimas del franquismo interpusieron una querella en Argentina, de forma que se inició una investigación en aplicación del principio de jurisdicción universal. Hasta ahora, España ha rehusado colaborar con la jueza María Servini. En dos oportunidades ha rechazado extraditar a los procesados a Argentina, ha negado información a la justicia de ese país y ha impedido que la jueza interrogue a los 19 acusados, o tome declaración de algunas víctimas y testigos.

Con esta campaña, Amnistía pretende seguir sumando firmas, a las más de 189.000 recogidas hasta ahora, para recodar al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que se debe ayudar a las familias a encontrar respuestas sobre sus seres queridos, ya que los casos de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el franquismo siguen vigentes.

Los casos de Siria y México

Noura Ghazi visitaba en prisión a su marido Bassel Khartabil tres veces al mes desde que fue detenido en 2012. Las visitas siguieron hasta que el 3 de octubre de 2015 cuando Bassel le informó de que le trasladaban a un lugar desconocido. A partir de ese momento se convirtió en uno de los al menos 75.000 desaparecidos entre 2011 y 2016, según datos de la Red Siria de Derechos Humanos. A esta cifra hay que sumar sólo en los primeros seis meses de 2017, 3.157 personas desaparecidas.

Durante su visita a España en marzo de 2017, Noura aseguraba que “no era optimista con la suerte que hubiera podido correr Bassel, he oído rumores de que habría podido ser condenado a muerte”. Y, las informaciones no eran alentadoras, sólo en la prisión de Saydnaya entre 2011 y 2015 hasta 13.000 personas habrían sido ahorcadas después de juicios sin garantías que les condenaron a muerte.

“Pero el pensar que existe la posibilidad de que pueda seguir vivo me hace seguir denunciando lo que pasa en las cárceles sirias”. El pasado 1 de agosto la familia de Bassel anunciaba su muerte tras recibir información de que fue ejecutado en 2015 tras haber sido presuntamente juzgado y condenado a muerte por un Tribunal Militar de Campaña.

El caso de Bassel no es único. Y muchas familias ha sido extorsionadas, adquiriendo grandes deudas, para conseguir información de sus familiares desaparecidos, en muchos casos falsa.

“El dormitorio está impecable, intacto, como si los relojes se hubieran detenido una tarde de enero de 2009”. El hijo de María Guadalupe Fernández de 32 años fue secuestrado por un grupo de hombres armados en Monclova. “Lo peor es no saber lo que le sucedió. Nunca me olvidaré de él, pero las cosas serían diferentes si al menos tuviera un lugar donde presentarle mis respetos” cuenta María Guadalupe.

A junio de 2017 según datos del Gobierno, 32,096 personas se hallaban en paradero desconocido, sin especificarse cuántas habían sido sometidas a desaparición forzada. Un caso emblemático son los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron en septiembre de 2014. En abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusó al Gobierno mexicano de no haber seguido las líneas de investigación claves, manipular evidencias, proteger a oficiales sospechosos de participar en las desapariciones forzadas y de torturar a presuntos sospechosos para asegurar “confesiones”. Recientemente se ha verificado que integrantes de este grupo y de organizaciones de derechos humanos que trabajan el caso han sido espiadas con sofisticados programas disponibles sólo para gobiernos.

La Convención Internacional para la protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas ha sido firmada por 96 países y ratificada por 57. Los últimos en ratificarla ha sido República Checa, Sri Lanka y Suiza. España la ratificó en 2009. Los últimos datos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (junio 2016), señalan que desde 1980 siguen abiertos 44.159 casos en 91 estados. Sólo entre el 16 de mayo de 2015 y el 18 de mayo de 2016, se registraron 766 nuevos casos en 37 Estados.

Según este informe, los países con mayor número de desaparecidos registrados desde 1980 son Irak (16.560), Sri Lanka (12.349), Argentina (3.446), Argelia (3.168), Guatemala (3.154), Perú (3.006), El Salvador (2.673) y Colombia (1.260).

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