La Plataforma en Defensa del Transporte consuma este lunes su pulso al Gobierno central: esta medianoche inició un nuevo paro indefinido con el que busca presionar para que se acepten sus reivindicaciones, las cuales defenderán en una manifestación en Atocha esta misma mañana a las 10:00 horas.
Esta agrupación minoritaria de autonómos y pequeñas empresas del sector ya convocó en marzo una huelga que paralizó el país y ahora denuncia seguir trabajando a pérdidas pese a las medidas que pactaron para evitarlo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El seguimiento se prevé minoritario, pues las asociaciones más representativas no secundan la convocatoria, pero podría ocasionar problemas en un momento crítico para la distribución en plena campaña prenavideña y a las puertas del Black Friday.
Los convocantes aseguran que sus clientes, las grandes empresas que contratan sus portes, no respetan el decreto aprobado por el Ejecutivo el pasado 2 de agosto por el que se prohibe prestar servicios por debajo de costes. La Plataforma se queja de que las compañías les pagan precios inferiores al gasto que les supone el viaje y acusa al Ministerio que preside Raquel Sánchez de desautorizar a la Guardia Civil en sus labores de control de este incumplimiento. "Estamos pagando un 40 por ciento menos de salario a nuestros conductores, haciendo seguros que cubran lo mínimo imprescindible por no poder costear los importes que nos exigen", señaló al anunciar la huelga el presidente de la Plataforma en Defensa del Transporte, Manuel Hernández, quien cifró entre 200 y 250 las empresas del gremio que cierran cada mes por no poder hacer frente a pagos como el del combustible.
Su rotundidad en la denuncia de unas condiciones inasumibles para trabajar, con un incremento de gastos que alcanza el 30 por ciento, contrasta con el diagnóstico de la situación que formula el resto del sector. Una decena de organizaciones miembros del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) no apoyan el paro patronal. "Su realización en este momento no conduce a nada, en atención a los avances conseguidos y al nivel de interlocución obtenido del Gobierno", avisan desde este órgano del que los convocantes no forman parte pese a ser el único reconocido por el Ejecutivo para negociar porque "no tienen representatividad acreditada suficiente".
Argumentos "falsos" frente a los "hitos" conseguidos
Desde la sección de Madrid de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CTEM) también rechazan sin ambages la huelga. "No es el momento para convocar un paro, para el que se han utilizado unos argumentos populistas e incluso falsos, que difieren de la realidad de este sector", remarcan. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), con 60.000 vehículos asociaciados, también considera "injustificada" esta "medida de presión límite". Todas las asociaciones coinciden en calificar de "hitos" sendos acuerdos firmados con el Gobierno de Pedro Sánchez por los que se aprobaron dos reales decretos en abril y agosto que recogen muchas de las exigencias por las que se movilizaron de forma masiva a principios de este año.
Después de 20 días de movilizaciones entre marzo y abril, el CNTC consiguió que se prohibiera la participación del conductor en tareas de carga y descarga, la reducción de tiempos de espera, la obligatoriedad de la cláusula de revisión del precio del transporte por la variación del precio del combustible, la devolución mensual del gasóleo profesional o la rebaja de 20 céntimos por litro de gasoil. Además, se pactaron entonces líneas de ayudas directas concretadas en dos pagos de 1.250 euros cada uno por camión y 500 por furgoneta. "Los avances de los últimos meses deben ir madurándose y mejorándose, pero han beneficiado en términos generales al sector para poder seguir vivo en unos momentos de gran dificultad, debido principalmente al fuerte incremento del coste del combustible", sostienen desde CTEM.
Nuevo plan de inspecciones
La Plataforma que lidera Manuel Hernández reclama un refuerzo en el número de inspectores, tanto de los dependientes del Gobierno central como de las comunidades autónomas, ambos con competencias. Piden asimismo un plan de inspección nuevo y que el importe de las sanciones que se interpongan "sean ejemplares". Los transportistas que proponen la huelga mantuvieron un encuentro de carácter informativo con el Ministerio de Transporte este jueves, pero no lograron un acuerdo. No obstante, desde el Ejecutivo confirmaron a El País que en 2023 se implementará un plan de inspecciones que contemplará, como novedad, una línea de actuación específica para el control de precios, morosidad y carga y descarga.
Según datos oficiales a los que ha tenido acceso el citado medio, al buzón de denuncias anónimas que funciona desde el primer trimestre de 2022 tan solo han llegado un total de 88, ninguna de ellas formalizada por una empresa de transportes contra quien les encarga el porte. Considerando que en España se encuentran registradas alrededor de 105.000 compañías dedicadas al transporte, de las que cerca del 80 por ciento cuentan con una flota de hasta tres vehículos, el porcentaje de denuncia por incumplimiento es ínfimo. De ahí la insistencia estos días de Raquel Sánchez en que "resulta absolutamente imprescindible que se haga para que la inspección pueda realizar su trabajo e imponer sanciones que pueden llegar hasta los 4.000 euros".
Lea más en Madridiario.es>>
Si (
No(
