Fiscales alemanes y españoles se reúnen en secreto para acordar la extradición de Puigdemont

Según ha publicado este miércoles el diario 'El País', un grupo de fiscales alemanes y españoles se van a reunir de manera discreta a lo largo de las próximas horas para abordar el tema de la extradición de Carles Puigdemont antes de que un tribunal de Alemania decida sobre los delitos imputados por la Justicia española al ex president catalán.

La reunión sería, sin embargo, en Holanda, en concreto en la localidad de La Haya, donde intercambiarrán la información que tienen en nuestro país sobre el procés soberanista y los detalles de cómo llevaron a cabo el desafío separatista. La intención de la Fiscalía es que no se queden fuera las imputaciones de los presuntos delitos cometidos de rebelión y sedición, ya que ahora sólo terminaría tratando el de malversación de fondos públicos.

"El objetivo de la reunión es intentar demostrar a los fiscales alemanes que existen pruebas suficientes para justiciar los delitos de rebelión y sedición", informa 'El País', que también añade que se va a intentar que la fiscalía germana se dirija a la audiencia de Schleswig-Holstein para que reconsidere su decisión. Se trata del tribunal regional que decidió que no podía ser imputable a Puigdemont el delito de 'alta traición', el equivalente en la legislación de su país al de rebelión o sedición en España. Consideró que al no haber violencia evidente en sus actos políticos, el Govern de Puigdemont no sería responsable de ese grave delito. Los fiscales españoles llevarán las pruebas aportadas por el Ministerio del Interior sobre al menos 300 actos violentos en el proceso separatista.

La Fiscalía española también planteará a la germana que haga ver al tribunal que quizás sea más recomendable llevar la causa al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Según informaba este lunes el diario 'La Vanguardia', la resolución del tribunal regional alemán de Schleswig Holstein que denegó la apreciación del delito de rebelión en la actuación de Puigdemont, cuestiona también la posibilidad de que se le pueda imputar por un delito de malversación de fondos públicos.