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El ex president de la Generalitat Carles Puigdemont recurrirá hasta la última instancia la decisión del tribunal alemán de Schweslig Holstein de aceptar la extradición a España por un posible delito de malversación. Por el otro lado, está por ver la reacción del Tribunal Supremo. El juez Pablo Llarena podría retirar la euroorden, acudir al Tribunal Europeo de la Unión Europea o, la opción menos probable, aceptar que Puigdemont regrese para ser juzgado sólo por este delito y no por rebelión.

El ex president de la Generalitat Carles Puigdemont puede ser ya extraditado desde Alemania, pero por un delito de malversación y no por rebelión como pretendía el Tribunal Supremo. Así lo ha decidido el tribunal territorial de Schweslig Holstein, no obstante, la extradición sólo se hará efectiva si lo aprueba la Fiscalía General alemana y la defensa del líder independentista no recurre la decisión, algo que ya ha anunciado que hará.

La Fiscalía de Bélgica ha rechazado la euroorden de detención y entrega de los ex consellers de la Generalitat Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret solicitada por el juez Pablo Llarena en la causa por rebelión que investiga el Tribunal Supremo.

La justicia belga ha rechazado la euroorden de entrega que pesaba sobre el rapero Valtonyc por considerar que las polémicas letras de sus canciones se enmarcan dentro de la libertad de expresión y que los delitos por los que el Tribunal Supremo le condenó en España no tienen una equivalencia automática en el ordenamiento jurídico belga.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha rehusado comentar la decisión del tribunal alemán de autorizar la extradición de Carles Puigdemont por malversación pero no por rebelión y se ha limitado a mostrar "respeto". Sánchez considera que "lo importante en términos de la justicia española es que aquellas personas involucradas en lo ocurrido en el último semestre de 2017, sean juzgadas por los tribunales españoles y esto va a ocurrir".

El ingeniero informático Hervé Falciani, ex trabajador del banco HSBC que destapó miles de millones defraudados en 28 países, ha rechazado la posibilidad de ser intercambiado por las líderes independentistas catalanas huidas en Suiza. “España es un estado de derecho”, insistió.