El president catalán, Carles Puigdemont, y el lehendakari, Íñigo Urkullu, emitieron ayer un comunicado conjunto tras la reunión que mantuvieron en el Palau de la Generalitat en el que defienden un proceso dialogado para "reformular" el Estado para responder a las "diversas realidades nacionales".
Asimismo, apuntan que la legalidad "no es inmutable", sino que debe servir para "resolver problemas políticos y sociales". "Si la legalidad se convierte en un corsé que ahoga las aspiraciones democráticas, no sirve para solucionar los problemas de las naciones y los pueblos y hay que cambiarla y adaptarla", añade el comunicado.
Ambos presidentes consideran que el Estado "no puede imponer un determinado modelo territorial que después del periodo de la Transición se ha revelado como insatisfactorio en el reconocimiento de las realidades nacionales de Cataluña y Euskadi". En su opinión, "los problemas territoriales no se resolverán con la apelación y el recurso permanente a la legalidad derivada de una unidad constitucional que no se basa en la unión voluntaria" por lo que consideran necesario "un proceso dialogado para una reformulación del Estado que responda a las diversas realidades nacionales".
Asimismo, constatan las dificultades de avanzar ante la "estrategia de quietud" del Estado frente a las demandas catalanas y vascas que defienden "el derecho de su ciudadanía a ser consultada de manera legal y pactada sobre su futuro".
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