Guindos y Montoro, reforzados en el nuevo Gobierno Rajoy... entre comillas

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, mantiene dentro de su cartera las competencias en Ciencia, materia en la que el PP y Ciudadanos han acordado la consecución de un pacto en I+D+i o la reforma de la Agencia Estatal de Investigación. Además, deberá hacer frente a asuntos recurrentes como la atracción de talento extranjero o la 'fuga' de cerebros.

El pacto nacional por la ciencia y la innovación, que ya propuso Rajoy en su fallida investidura de finales de agosto, tiene la meta de alcanzar en 2020 el objetivo de inversión pública del 2% del PIB en el conjunto de todas las actividades de este sector.

Además, entre otras reivindicaciones del sector de la ciencia en España, se encuentra mejorar la situación laboral de los investigadores y atraer talento extranjero, al tiempo que se facilita la vuelta al sistema de los nacionales que han salido del país.

Otro de los aspectos que se debe abordar es la atracción de inversión privada. En este sentido, tal y cómo recoge el Informe Cotec 2016 sobre Innovación en España, el volumen anual de crédito destinado a actividades de I+D por parte del sector financiero es "pequeño", y se ha visto reducido en un 72% en el periodo 2011-2014.

Este dato, según apunta el documento, está en línea con la opinión de los expertos del panel de Cotec, que consideran la falta de participación de los agentes financieros españoles en la financiación de la innovación como un problema "muy importante".

Por último, como aspecto general, el equipo ministerial tendrá que enfrentarse a otras de las reivindicaciones del sector como adquirir el compromiso a largo plazo y de forma continuada del desarrollo de los proyectos científicos, sin que su cumplimiento esté por encima de cualquier situación económica y política, tal y como recoge la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), en su Informe 2016 sobre el Análisis de los Presupuestos de I+D+i.

Montoro pierde competencias

Rajoy ha revalidado a Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda y ha premiado su control del déficit público, que ha bajado desde el entorno del 9% en 2011, cuando el PP llegó al Gobierno, hasta reducirlo a la mitad este año. Sin embargo, se ha quedado sin las competencias de Administraciones Públicas.

De esta forma, el nuevo ministro 'tripitirá' en el cargo, ya que Montoro ya encabezó el Ministerio de Hacienda en la segunda legislatura de José María Aznar (2000-2004) y ha vuelto a dirigir este Ministerio entre los años 2011 y 2016, durante la primera legislatura de Rajoy.

El Ministerio de Hacienda pierde en favor de la vicepresidenta del Gobierno la Dirección General de Coordinación de Competencias, que controla todo lo referido a los conflictos de competencias con las autonomías y los entes locales.

Pero Cristóbal Montoro seguirá manteniendo todas las competencias relativas a la financiación de las Comunidades Autónomas. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, en éstas se incluye también el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la Comisión Nacional de administración Local (CNAL) y el control del gasto de las autonomías, incluidas las advertencias en caso de que éstas se desvíen en el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda.

Las fuentes consultadas explicaron que el Secretario de Estado de Hacienda Miguel Ferre ha comunicado ya su decisión de dejar el Ministerio.

Además de reducir a la mitad los 'números rojos' del Estado, Montoro también tuvo que 'bailar con la más fea' y aprobar al comienzo de su mandato una de las mayores subidas de impuestos aplicadas por un Gobierno durante la etapa democrática para enjugar las cifras del déficit. Así, el ministro tuvo que defender los incrementos llevados a cabo tanto en el IRPF como en el Impuesto sobre Sociedades y terminar claudicando ante la subida del IVA, incremento al que se opuso en un primer momento contra el criterio de otros miembros del Ejecutivo.

En esta nueva legislatura, el ministro deberá seguir haciendo frente al control del déficit, que tiene que seguir reduciéndose hasta situarse en 2018 por debajo del 3%, y lo que no parece tan claro es cuál será la política fiscal que tendrá que liderar, ya que, a pesar de que el PP ganó las elecciones prometiendo nuevas rebajas de impuestos, la situación actual de las finanzas públicas y la falta de mayoría suficiente en el Congreso, quizás obliguen al Gobierno a replantearse dichas rebajas.

En materia de administraciones públicas, Montoro sacó adelante dos instrumentos financieros muy importantes para las comunidades autónomas, como son el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que ha permitido a los gobiernos regionales financiarse a tipos más bajos que los del mercado, y el Plan de Pago a Proveedores para saldar las deudas pendientes con las pymes y autónomos que trabajan para los ejecutivos autonómicos.

En materia de Función Pública, el ministro tendrá que trabajar para acordar la subida salarial de los empleados públicos para 2017 pendiente de concretar todavía, debido a la situación de interinidad del Gobierno.

A finales de septiembre el Congreso aprobó una proposición no de ley en la que se instaba al Ejecutivo a aprobar un decreto-ley que permita revisar las pensiones y las retribuciones de los empleados públicos, en el caso de que se produjese una prórroga presupuestaria.

A pesar de la formación de Gobierno, el Ejecutivo de Mariano Rajoy tendrá que prorrogar los Presupuestos de 2016 y, al contar ya con plena capacidad presupuestaria, previsiblemente dará luz verde a un decreto-ley para actualizar las pensiones y el salario de los funcionarios para 2017, ya que la tramitación del nuevo Presupuesto de 2017, que incluirá el ajuste para cumplir el objetivo de déficit, no concluirá hasta el mes de febrero.