Los independentistas catalanes podrían ser también juzgados por conspiradores y sediciosos

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha abierto la puerta a incluir en la causa del procés delitos alternativos a la rebelión como sería el caso de la sedición y de la conspiración para la rebelión en el hipotético caso de que no quedara acreditado el uso de la violencia.

El magistrado hizo esta apreciación en el auto en el que desestima los recursos del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros 22 investigados, de forma que confirma su procesamiento en la causa.

No obstante, Llarena defiende que en la causa concurre el requisito de violencia para imputar a 13 investigados el delito de rebelión. El juez explica que la ausencia de determinación expresa de un delito en el auto de procesamiento no impide que la acusación provisional o definitiva que llegue a formularse pueda ser diferente siempre que su base fáctica se encuentre en el propio auto, ya que la finalidad del procesamiento no es otra que definir los hechos objetos del enjuiciamiento, más que los delitos.

En su argumentación sobre la existencia de un delito de rebelión, el juez insiste en que hubo violencia "conscientemente asumida y buscada" y destaca la envergadura de la insurrección en la que se insertaron esas expresiones de violencia durante el referéndum ilegal del 1-O y días después, con movilizaciones que implicaron cortes de carretera. Hasta el punto, añade Llarena, que el Rey "dirigió un mensaje a la nación y reclamó al Gobierno de la Generalitat de Cataluña que respetara el orden constitucional democrático".

Además, el juez sostiene que la incertidumbre jurídica, la movilización en las calles, los cortes en las vías de comunicación y el condicionamiento de la vida económica y social que supuso el procés motivaron una retirada "masiva" de fondos de entidades financieras radicadas en Cataluña y el cambio de domicilio de más de 3.000 empresas.

Asimismo, Llarena señala que los datos de Hacienda no sólo no contradicen sino que coinciden, al apreciar algunos indicios de fraude, con su investigación sobre el delito de malversación. Al respecto, el juez destaca que los investigados han silenciado parte de las manifestaciones del ministro Cristóbal Montoro sobre los gastos del 1-O, ya que éstas eran más matizadas de lo que ellos defendieron, y de hecho apuntaron a "la posibilidad material de que pueda existir una mecánica de fraude oculta y no confirmada".

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