El fundador de Wikileaks, Julian Assange, se enfrenta este martes y miércoles a una vista en el Tribunal Supremo británico que podría terminar con la puerta abierta a su extradición a Estados Unidos.
Assange no ha estado en persona debido a problemas de salud, pero fuera del tribunal hay cientos de personas que demandan su liberación. Si gana el caso, la acusación podría todavía presentar nuevas alegaciones. En cambio, si pierde la única opción para que el periodista pueda evitar ser extraditado sería un recurso de urgencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Assange, de 52 años, está acusado por 18 delitos relacionados con la filtración en Wikileaks de archivos confidenciales de las Fuerzas Armadas estadounidenses y de cables diplomáticos. EEUU asegura que la revelación, la mayor filtración de documentos de este tipo de la historia, puso en riesgo la vida de sus agentes, funcionarios y colaboradores, y que no existe excusa posible. Sus partidarios en todo el mundo le ven como a un héroe de la libertad de expresión y el periodismo de investigación, perseguido por la única razón de sacar a la luz las violaciones de la ley internacional y de los derechos humanos en todo el mundo por parte de Washington.
"Es un ataque a todos los periodistas en todo el mundo - ha dicho Stella Assange, su esposa, en el exterior del Alto Tribunal que le juzga en Londres - Es un ataque a la verdad y al derecho del público a saber".
La también abogada ha puesto como ejemplo el caso de Alexéi Navalni, el opositor ruso muerto el pasado viernes en prisión. "Julian es un preso político y su vida corre peligro. Lo que le ha pasado a Navalni puede pasarle a Julian", ha manifestado.
Delitos "de carácter político", según su abogado
La defensa asegura que Assange no puede ser entregado a EEUU porque los delitos que le son imputados "son de carácter político", lo que violaría el Tratado de extradición británico-estadounidense de 2003.
El abogado Edward Fitzgerald ha dicho ante el Tribunal Superior de Londres que entregarle sería "un abuso de proceso", además de una violación de sus derechos a un juicio justo y a la libertad de expresión, entre otros. "Está siendo procesado por participar en la práctica periodística ordinaria de obtener y publicar información clasificada, información que es a la vez verdadera y de evidente e importante interés público", ha comentado Fitzgerald.
Fitzgerald ha criticado también la orden de extradición firmada en 2022 por la entonces ministra del Interior, Priti Patel, y ha solicitado poder presentar un recurso completo en un nuevo juicio.
Además, la defensa quiere que el tribunal admita el hallazgo de una trama de la CIA para secuestrar o matar a su cliente cuando estaba refugiado en la embajada de Ecuador en Londres (entre 2012 y 2019), lo que aseguraría la motivación política del caso. "Extraditar a Assange significaría entregarlo directamente a manos de las mismas personas que conspiraron para asesinarlo", han declarado los abogados.
También advierten que su cliente podría no tener un juicio justo y que EEUU podría agregar más cargos una vez extraditado, lo que sería contrario al principio de permitir la extradición solo para los delitos especificados en la orden internacional de arresto.
Entre quienes apoyan a Assange y su causa se encuentran grupos de medios de comunicación, ONG como Amnistía Internacional, y políticos de su país de origen, Australia. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, votó la semana pasada a favor de una moción parlamentaria pidiendo que sea entregado a Australia.
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