Juicio por la consulta del 9-N: Artur Mas, erre que erre: "Volveríamos a hacerlo"

El expresident Artur Mas y las que fueron sus consejeras lo tienen muy claro, como coincidieron en la citada conferencia de prensa de este domingo en el Museu d'Història de Catalunya: No creen que deban pedir perdón "por nada" de todo lo relacionado con esa polémica consulta del 9 de noviembre de 2014, porque, según Mas, lo único que llevaron a cabo es escuchar al pueblo catalán en su petición mayoritaria de decidir democráticamente votando sobre lo que entiende que debe marcar el futuro de Catalunya.

De modo que el ex mandatario considera, además, que el juicio por la consulta soberanista del 9-N carece de bases legal, y afirma que se trata de "un montaje político" orquestado por el Gobierno español "a través de sus instrumentos". "Aquí no hay un delito. Lo que hubo fue urnas y en lugar de una costalada fueron a votar 2.340.000 personas. Eso les irritó y casi encabritó. La reacción que tuvieron fue obligar a la Fiscalía General del Estado a cambiar la opinión de los fiscales de Cataluña y presentar la querella. Por eso estamos en el juicio, por el éxito del 9-N", afirma en una entrevista concedida a El Periódico.

En su opinión, la consulta celebrada en 2014 "fue un acto de libertad de Cataluña, de decirle al Estado: no os tenemos miedo". Mas insiste en que la consulta del 9-N no fue organizada por la Generalitat, porque el Tribunal Constitucional a instancias del Gobierno del PP no se lo permitió, aunque sí reconoce que prestó "la logística, los servicios y toda la infraestructura para que se pudiera llevar a cabo". En cuanto al referéndum soberanista que la Generalitat pretende convocar este año, se muestra confiado en que finalmente se celebrará: "El Govern encontrará la manera de poner las urnas".

El PP Europeo, en contra de la consulta

Todo lo contrario a lo que estima, en otra entrevista publicada en El País, el alemán Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo en la Eurocámara, sitúa al desafío independentista de Cataluña como uno de los principales riesgos para la recuperación española. "Hay un mensaje claro y necesario: Europa no puede aceptar acciones al margen de la Constitución española. Europa es Estado de derecho, de eso hablamos cuando hablamos de valores europeos: de respeto a las leyes, a los jueces. Las actividades que no se ajusten a la Constitución son ilegales e inaceptables", señala.

Miles de personas apoyarán al expresidente en el juicio

Respecto al juicio de este lunes, la Asamblea Nacional Catalana asegura que más de 40.000 personas han respondido a su llamamiento para asistir, ante las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la concentración en solidaridad con el expresidente Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau. Los tres se sentarán en el banquillo en el inicio del juicio por organizar, pese a la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional, una consulta sobre la independencia el 9 de noviembre de 2014.

Bajo la consigna Totssom 9-N, los organizadores confían en que los dos millones de ciudadanos que fueron a votar en aquella consulta sientan la defensa de Mas como propia. Distintas entidades soberanistas han llamado a los ciudadanos a acudir mañana al TSJC para mostrar su apoyo a Mas; invitación a la que se sumó la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, animando a los funcionarios de la Generalitat a pedirse un día por asuntos propios para asistir a la concentración.

Ciudadanos, PSC y PP

Desde el PP y Ciudadanos encajaron indignados la invitación porque entienden que se trataba de una coacción a los funcionarios, a lo que Borràs replicó que lo que a ella le escandaliza es que alguien sea juzgado "por poner urnas". El dirigente del PP catalán Xavier García Albiol acusó ayer a la Generalitat de estar haciendo una "lista de Schindler" entre "los funcionarios que son buenos y los malos, los que se tienen que salvar y los que tienen que ser castigados por su traición a la causa".

Sobre las manifestaciones de apoyo a los encausados por la consulta del 9-N, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, dijo ayer que espera "que no tengan como objetivo alterar la voluntad de un tribunal, ya que sería muy grave desde un punto de vista democrático". Aunque "no tiene a Mas por un delincuente", Iceta considera que la actitud del Ejecutivo catalán puede situar a los ciudadanos como rehenes de una estrategia equivocada, con el riesgo de situar a las instituciones fuera de la ley. "No hay una solución unilateral, ni una solución ilegal, ni un referéndum que traiga la independencia" de Cataluña, afirmó en la clausura del congreso del PSC.