Un año de huelgas contra la Comunidad

Los trabajadores de limpieza del Metro; los de edificios y locales; las clínicas de interrupción del embarazo; los médicos y trabajadores de los centros sociales; los doctores de atención primaria y los pediatras; los trabajadores de los laboratorios públicos; las escuelas infantiles; los profesores, padres, alumnos de colegios e institutos; las asociaciones de vecinos y los funcionarios de Justicia se rebelaron contra la discriminación salarial, la externalización de servicios, la falta de recursos y, especialmente, la "falta de diálogo y de voluntad" de las distintas consejerías para convocar las mesas sectoriales y solucionar sus problemas.

Metro y clínicas abortistas
El año comenzó como había terminado 2007, con la huelga de los 1.500 empleados de las empresas de limpieza del Metro por la equiparación salarial y los pluses de peligrosidad y toxicidad. Esperanza Aguirre y Manuel Lamela, entonces consejero de Transportes, aseguraron que se rescindiría el contrato a las adjudicatarias (Clece, Valoriza, Eurolimp y Ferroser) por los daños materiales y de imagen causados por la huelga -varios trabajadores causaron destrozos en las instalaciones-, pero la amenaza no llegó a cumplirse. Tras 22 días de huelga, el 6 de enero se alcanzó un acuerdo.

Sólo un día después, el 7 de enero, las clínicas abortistas asociadas en ACAI iniciaron un paro de cinco días contra el aumento de las inspecciones "injustificadas" sufridas a raíz del cierre de las clínicas del conocido doctor Morín en Barcelona.

La Justicia se planta
La Justicia sufrió una ralentización importante desde marzo hasta octubre por la huelga de los funcionarios de los servicios centrales en Madrid (entre ellos la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo). El 11 de marzo, en torno a 200 funcionarios se encerraron durante dos días en las dependencias ministeriales. Mientras tanto, en el Registro Civil de la capital se formaban colas de hasta 17 horas. El día 29 cerca de 7.000 funcionarios se manifestaron en el centro de la capital. El 1 de abril, se alcanzó un acuerdo con el Ministerio, pero el 88,3% de los trabajadores siguió adelante con la huelga al no parecerles suficiente la subida de 140 euros. Llevaban ya 8 semanas en huelga y 12 reuniones de la mesa de negociación.

Por fin, el 7 de abril, Mariano Bermejo anunció oficialmente el fin de las protestas, pero octubre volvió a registrar paros en Madrid por la falta de medios y la "injerencia" del Estado por la sanción al juez Tirado en el 'caso Mariluz'. En diciembre la Comunidad anunció que aplazaba la subida de sueldos a los funcionarios, que se entregaría completa en 2010, lo que propició nuevos paros.

Sanidad y Educación, por lo público
Los grandes paros contra la Comunidad de Madrid los sufrieron la Sanidad y la Educación. Hasta 571.000 pacientes se vieron afectados durante los primeros días del mes de abril por siete jornadas de huelga en Atención Primaria. En enero, las Federación de Médicos FEMYTS había advertido que las Urgencias y Pediatría de la Comunidad "ya no pueden más". Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, el 8 de mayo 20.000 médicos de ambulatorios y hospitales fueron llamados a la huelga total.

Las manifestaciones por la Sanidad pública se repitieron a lo largo de todo el año. El 10 de marzo pararon los técnicos de laboratorio, cuya función se privatizó y centralizó. El 29 de abril, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos promovió movilizaciones en 10 distritos de la capital ante la privatización de los servicios sanitarios y de centros como los de Quintana y Pontones. Los dependientes y discapacitados sufrieron desde febrero hasta junio los paros de los médicos de la Consejería de Asuntos Sociales por la equiparación salarial. La consejera Gádor Ongil reclamó a las empresas privadas a las que se habían subcontratado los servicios que llegasen a un acuerdo, pero el 28 de mayo fueron 30.000 funcionarios públicos de Sanidad, Educación (excluidos los profesores) y Servicios Sociales (residencias, atención a enfermos y dependientes) los llamados a manifestarse en sus centros de trabajo y en la Puerta del Sol.

El 7 de mayo, la Educación 'cerró' mientras 3.000 padres, alumnos y profesores se manifestaban de la mano contra la política de la consejera Lucía Figar. La aprobación sin consenso del decreto de mínimos en las guarderías, el recorte de la inversión en la educación pública, el impulso a los centros concertados, la no convocatoria de la mesa sectorial y el desmantelamiento de los equipos de orientación provocó las protestas de escuelas infantiles, centros de primaria, secundaria, de adultos, escuelas de idiomas, conservatorios, CAPs y equipos de orientación. Antes, el 17 de marzo, las escuelas infantiles o guarderías participaron en una huelga total que afectó a 250.000 niños contra el decreto de mínimos que aumentaba el número de niños por clase. A pesar de ello, en septiembre, Educación modificó el sistema de tarifas y eliminó las plazas gratis en las guarderías públicas.

El 3 de diciembre, CCOO, UGT, CSIT-UP, y STEM se manifestaron para decir "basta ya a las ayudas insolidarias" y las desgravaciones fiscales para uniformes aprobadas en noviembre por la Comunidad, que, denunciaron, "benefician sólo a las clases altas y no a las familias con menos poder adquisitivo y que más sufren la crisis".

Hasta en verano
El verano no interrumpió las huelgas, ya que el 31 de julio un 80 por ciento de los trabajadores de las piscinas municipales del Ayuntamiento de Madrid, según CCOO, no ejercieron sus funciones contra la privatización de los servicios en las instalaciones. En agosto, en plena temporada de alerta contra los incendios, los trabajadores temporales de extinción continuaron sus protestas por la regularización de su situación. En septiembre, mantuvieron un encierro en el Parque de Collado Villalba para solicitar que el consejero Francisco Granados les recibiese. Los trabajadores de los centros de menores también solicitaron la atención de Granados por la mejora de sus condiciones laborales.

Los trabajadores de Telemadrid en huelga, los universitarios contra el Plan Bolonia y los trabajadores del Canal de Isabel II contra su conversión parcial en empresa privada se movilizaron en un año de intensas protestas. El 10 de diciembre, las universidades públicas de Madrid se manifestaron para rechazar la caída del presupuesto de sus instituciones para 2009.