Además, subrayó que se trata de una "aportación nueva" y recalcó que, aunque "con demasiada frecuencia se ignoran este tipo de aportaciones", acordadas en conferencias sectoriales y aprobadas después en el Consejo de Ministros, "forman parte sustancial de la calidad de vida de los ciudadanos".
Según dijo, pueden "parecer pequeñas" al lado de las grandes partidas para infraestructuras contempladas en los Presupuestos Generales del Estado, pero "no dejan de tener importancia" y representan "un nuevo compromiso del Estado con Cantabria indiscutible para dar mejor respuesta a las demandas de los ciudadanos".
Esas aportaciones que recibirá Cantabria ascienden en total a 3.437.406 euros. La partida más elevada, por importe de 1,4 millones, corresponde al Plan concertado de servicios sociales, a través del cual el Estado y la Comunidad Autónoma cofinancian los servicios sociales. Junto a ello, Cantabria percibirá también 1.107.431 euros para el Plan de acción de mayores, unos recursos que se destinarán a la financiación de plazas concertadas en residencias y a los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio.
Además, el Estado transferirá a la comunidad otras partidas para el programa de apoyo familiar (210.974 euros), conciliación de la vida familiar y laboral (268.193), atención a la primera infancia (96.804), el Plan de acción para personas con discapacidad (91.920), atención a la infancia maltratada (55.134), Plan de voluntariado (49.931), Plan de desarrollo del pueblo gitano (48.797) y para los programas de ejecución de medidas para menores infractores (41.183 euros).
Apuestas por los Servicios Sociales
Esas partidas, en palabras de Gorostiaga, suponen "reforzar" la apuesta que el Gobierno cántabro está realizando por los servicios sociales, un área que durante esta legislatura ha visto cómo su presupuesto ha crecido un 69,5%, alcanzando en 2007 un gasto de 204 euros por habitante y año, frente a los 124 del año 2003. En ese mismo periodo se ha incrementado un 117% el número de plazas concertadas para atención a la dependencia.
El incremento de recursos en servicios sociales, que este año tienen unos presupuestos "particularmente ambiciosos", se ha acompañado además de un esfuerzo en la planificación y gestión, en la búsqueda del consenso con las organizaciones del sector y en una mayor capacidad de respuesta. "Ahora somos capaces de atender a más personas con mayor calidad y mayor eficacia", apuntó Gorostiaga. Toda esa apuesta se inscribe en buena medida en las acciones necesarias para aplicar la Ley de Dependencia, a través de la cual el sistema de bienestar "va a dar un salto cualitativo que va a hacer que responda mejor a las necesidades" de los ciudadanos, concluyó.
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