La Dirección General de Seguridad e Interior no tiene de la Consejería de Interior no tiene "competencias, ni amparo legal, ni medios los técnicos necesarios ni personal capacitado ni habilitado para hacer funciones de vigilancia, inteligencia o espionaje". Así lo aseguró este lunes su responsable, Enrique Barón, ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, corroborando el testimonio de su compañero Sergio Gamón, director del área de Seguridad del mismo departamento.
El ex jefe superior de Policía de Madrid llegó a la Comunidad en julio de 2008 sustituyendo al propio Gamón, cesado tras el robo del ya famoso ordenador en el Campus de la Justicia y después fichado de nuevo para depender directamente del viceconsejero Alejandro Halffter como director de área de Seguridad. Así, destacó el PP, él tampoco estaba en el Ejecutivo cuando se dieron los supuestos espionajes.
Barón negó a preguntas de PSOE e IU haber heredado ninguna estructura de espionaje a su cargo o haber tenido nunca noticia de que dichas actividades se hubiesen producido con anterioridad. Al mismo tiempo, negó que existan tres equipos paralelos con funciones superpuestas cada uno al mando del propio Gamón, del asesor Marcos Peña y de sí mismo: "Ni Gamón ni Peña dependen de mí. Dependemos ambos del viceconsejero". También se desvinculó de cualquier conocimiento sobre el robo de ordenadores en el Campus de la Justicia y se mostró preocupado porque la comisión desvele la composición o datos de la estructura de seguridad regional.
Barón, en la línea del grupo del Partido Popular
y de Gamón por la mañana, desacreditó los supuestos partes realizados por los espías, lo que para David Pérez significó el fin de toda credibilidad de las acusaciones contra el Gobierno de Esperanza Aguirre. Según Barón, "aquí se ha denominado parte de trabajo a unos papeles sin firma, sin membrete y sin identificar al autor; esta denominación no es muy rigurosa y les digo una cosa, si hay un documento donde interesa saber quien lo confecciona es cuando se hace una vigilancia, porque puede haber datos que se pasen por alto; poca evaluación del desempeño profesional podemos hacer si no sabemos quién elaborado los documentos".
Navarro: es por el "control" y el "poder"
Para Fausto Fernández, de IU, la ausencia de referencias es lógica teniendo en cuenta que los seguimientos eran ilegales y podrían provenir del propio Gobierno regional. David Pérez insistió en que los partes son "falsos" al igual que todas las acusaciones realizadas ahora. "Aferrarse a este espejismo no tiene sentido. Díganme si han podido demostrar hasta ahora la culpabilidad de alguien", apeló recalcando que su grupo no seguirá participando de una comisión de la que considera que su base, los partes, han sido desacreditados suficientemente según una información del diario El Mundo que asegura que de los 30 partes de vigilancias "tres son falsos, tres contienen datos erróneos y tres son irrelevantes". Por ello, pidió a la oposición que
no siga sosteniendo una situación que calificó de "absurdo e "indignante".
Adolfo Navarro, portavoz adjunto del PSOE, recalcó que el espionaje "existe" dado que la propia Comunidad de Madrid reconoce al menos el realizado a su vicepresidente Ignacio González, y advirtió que todavía queda por descubrir que intereses los motivaron. A su juicio, "el control del adversario y el poder" dentro del PP. Navarro planteó además a Enrique Barón "para qué necesita el señor Granados nueve asesores si le tiene a usted" y destacó el "descontrol y el galimatías de los tres equipos de seguridad -los supuestamente dependientes de Peña, Gamón y Barón- en una Consejería que apenas tiene competencias en seguridad" según el estatuto de autonomía.
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