La doctrina del indianismo y sus múltiples denuncias sobre el colonialismo interno, se propone construir un conocimiento social que contenga entre sus principales supuestos una idea de futuro, es decir un proyecto de orden social nuevo pero sin la contaminación del mestizaje o las clases altas blancas. Por lo tanto, recupera aquella vieja tensión entre el pensamiento histórico donde resaltan las luchas indígenas y el pensamiento utópico que imagina una refundación estatal en Bolivia liderada por el sujeto indio; estas construcciones mentales y proyectos políticos están pensados para hacer hincapié únicamente en los ciclos históricos de “resistencia india” donde la sociedad oprimida debe, forzosamente, retomar su carácter de sujeto revolucionario. De cualquier manera, la rebelión india no está orientada hacia ningún tipo de procesos de renovación o profundización democráticos, sino que son explosiones para expresar la continuidad ancestral y una íntegra autonomía de la sociedad india, razón por la cual resultaría inútil seguir reflexionando en torno a la unidad nacional o la Nación boliviana.
Este es el principal déficit del indianismo, buscar siempre la subversión del orden con el propósito de demostrar la superioridad moral del dominado, lo cual tiene consecuencias directas en la institucionalidad del sistema político que se manifiestan en una ausencia de concepciones estables sobre el Estado democrático y sobre la posibilidad de concertación con otros actores sociales que no sean sólo los indígenas pero que también son parte de Bolivia.
Las argumentaciones doctrinarias del indianismo en la Asamblea Constituyente negaron cualquier posibilidad de reconciliación o síntesis democrática con otras posiciones entre los años 2006 y 2007. Su conducta marcadamente divisionista condujo a varias rupturas en la Constituyente, rebelando grandes limitaciones para adaptarse a un mundo contemporáneo muy complejo donde pueda accederse a la comprensión de otras realidades culturales y donde la globalización se manifiesta como un nuevo enemigo, frente a la cual debe reivindicarse solamente la visión y culturas indígenas que marcan arbitrariamente quién queda adentro, es decir, aceptado y reconocido como parte de Bolivia y quiénes deben estar afuera y ser rechazados. Esta lógica dualista propugna la exclusión y un espíritu antidemocrático muy difícil de desaparecer en el indianismo boliviano.
No se puede negar que Bolivia es un país indígena pero también expresa el surgimiento de nuevos patrones de desarrollo intercultural y modernización occidental bastante extendidos y recibidos con buenos ojos por las mismas culturas aymaras, quechuas, guaraníes, mojeñas o chimanes; esto es lo que enriquece al país para convertirse en una propuesta intercultural en el mundo entero. Por esto, no es nada saludable detenerse a discutir si Bolivia logró convertirse en un país capitalista porque contiene los rastros de otras economías milenarias y carece de un sólido modelo de industrialización; asimismo, es una pérdida de tiempo exigir dogmáticamente el conteo de por lo menos treinta etnias indígenas para sentenciar que Bolivia es un país primordialmente indio. De acuerdo con el último censo nacional de población y vivienda de 2002, 61% de la población boliviana de 15 años hacia adelante dijo pertenecer a algún grupo indígena, mientras que 39% señaló no pertenecer a ninguno. Un hecho es irrefutable: Bolivia continúa siendo el país más pobre y uno de los más desiguales de América Latina, por lo que es fundamental afianzar un régimen político democrático representativo como la única garantía sin reduccionismos indianistas que son excluyentes, autoritarios y víctimas de su propia ignorancia.
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