Andalucía aprueba la primera ley española sobre muerte digna

La futura ley será ahora enviada al Parlamento andaluz para su tramitación definitiva, regula el "abanico de posibilidades" clínicas para garantizar una muerte digna y minimizar los procesos agónicos, como la limitación del esfuerzo terapéutico, que permite a un paciente no recibir tratamientos artificiales para seguir con vida, o el rechazo al tratamiento, que le faculta a desconectarse de sistemas artificiales.

    Según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Salud, María Jesús Montero, otras circunstancias que contempla la "ley de la muerte digna", que desarrolla un derecho incluido en el Estatuto de Autonomía, son la sedación paliativa terminal (conjunto de procedimientos para afrontar los procesos agónicos) y la determinación de la muerte cerebral.

No regula la eutanasia

El texto no regula la eutanasia (acto para provocar la muerte) ni el suicidio asistido (ayuda a la muerte de una persona, como ocurrió con el tetrapléjico Ramón Sampedro) pues son figuras tipificadas en el Código Penal sobre las que no puede legislar un gobierno autonómico.

    Lo que sí hace la futura ley es solventar situaciones como la vivida en 2007 con Inmaculada Echeverría, cuando la Orden Hospitalaria San Juan Dios pidió su traslado del Hospital San Rafael de Granada, dependiente la citada orden religiosa y donde permanecía la enferma, a otro centro de titularidad pública y una vez se autorizó la desconexión de la ventilación mecánica que la mantenía con vida.

    No obstante, quedará fuera del paraguas legal del futuro texto normativo la eutanasia activa y el suicidio asistido, ya que la comunidad no tiene competencia para legislar en esta materia, además de que está tipificado como delito dentro del Código Penal.

    Con todo, hará prevalecer los derechos del paciente que exprese se deseo de limitar las medidas de soporte vital cuando éstas provoquen una obstinación o encarnizamiento terapéutico. Además, establece la potestad del ciudadano de rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención.

    El texto también plasma que los profesionales sanitarios que atiendan al paciente en su fase terminal deberán respetar también las decisiones que éste tome sin imponer sus opiniones personales, morales, religiosas o fisiológicas.

    De igual modo, los facultativos tendrán la obligación de limitar las medidas de soporte vital cuando lo estimen necesario para evitar la obstinación terapéutica, así como la de ofrecer al paciente todas las intervenciones sanitarias necesarias para garantizar su adecuado cuidado.

    De acuerdo con el proyecto de Ley, entre los derechos reconocidos se encuentra el recibir, o no si así lo desea el paciente, información clínica comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico, con objetivo de ayudarle en la toma de decisiones.

    De igual modo, el texto regulará el derecho del ciudadano a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa cuando lo precise, al tiempo que garantizará los cuidados paliativos integrales, que serán proporcionados, si así lo desea la persona, en su propio domicilio y siempre que no estén contraindicados.

En principio el PP lo apoya

La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Esperanza Oña, consideró que el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, aprobado este martes por el Consejo de Gobierno, llega "demasiado tarde" por ser fruto de un consenso estatutario. Además, dijo que su formación no valorará el citado proyecto hasta que no tenga acceso al texto finalmente aprobado y que aún desconoce.