Ayer, este Diario informó de nuevos y serios riesgos que se ciernen en el sector de La Josefina, en la provincia del Azuay, en el mismo sitio en el que, en 1993, ocurrió una tragedia que dejó una veintena de muertos, decenas de damnificados y alrededor de $150 millones en pérdidas.
Muchos aún deben recordar lo penoso que fue para miles de ecuatorianos cuando el cerro Tamuga se vino abajo, luego de que, por años, las bases del mismo fueron menoscabadas por la explotación de piedra, arena, ripio y otros materiales.
El país entero se involucró en semejante hecho, que significó una pesadilla para miles de personas que no pudieron transitar por la vía que conecta Cuenca con Gualaceo y Paute, por el represamiento del río que causó destrozos y muerte.
Pero, superada la emergencia, nuevamente varias personas han reanudado la explotación de las mismas, desoyendo a las autoridades y a los técnicos que pronostican nuevos deslizamientos de tierra, lo que significaría que hay riesgo de una nueva tragedia.
Lo penoso es que las autoridades de la provincia conocen los nombres de quienes actúan en contra del bien público, pero han sido incapaces de hacer respetar las leyes y las ordenanzas, lo que termina también convirtiéndolas en negligentes ante la población y probables corresponsables de cualquier evento trágico.
El Ecuador no puede ser tierra de nadie. Si la Cámara Provincial del Azuay ha resuelto el 15 de junio suspender las actividades mineras, todos tienen que acatar la decisión, so pena de que sean llevados ante las autoridades.
Eso sí, la población también debe movilizarse y actuar para impedir que se siga "cortando los pies al cerro", lo que podría provocar una tragedia de iguales o mayores dimensiones que la ocurrida en 1993, cuando se produjo el represamiento del río. No hay que esperar que las tragedias lleguen, hay que actuar a tiempo.
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