Del total de entidades públicas examinadas por Fundamedios, el 95% incumple o cumple de forma parcial la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública(Lotaip) promulgada cinco años atrás.
Numerosas instituciones, para salir del paso del cumplimiento de la ley, se limitaron a abrir una página web e incluir en ella información muy general de carácter administrativo y presupuestario, jurídica, de servicios y sobre contratos...
El acceso a la información pública tiene como un obstáculo, según el análisis de Fundamedios, el hecho de que los funcionarios responsables del manejo de la información pública han desarrollado un especie de sentido de propiedad sobre esa información. En realidad, esta constatación es parte de un problema más amplio: la arraigada carencia de una cultura de transparencia en el ámbito público.
Un caso que ejemplifica las trabas para el acceso a la información es el que ha denunciado la veeduría creada para investigar el escándalo de los contratos con el Estado y empresas supuestamente vinculadas con el hermano del presidente Correa. La mayoría de entidades se ha negado a proporcionar información.
La Defensoría del Pueblo tiene el encargo legal de vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, pero el titular de ese organismo argumenta que las fallas en la vigilancia responden a la falta de recursos.
Quizás la explicación más de fondo sea la falta de esa cultura de transparencia como antes se mencionó. El acceso a la información no es un derecho en función de los periodistas que buscan esa información, sino es un derecho de todos los ciudadanos. Exigirlo debe facilitarse con mecanismos ágiles y al alcance de todos. La aplicación de la Lotaip debería convertirse en un instrumento práctico de lucha contra la corrupción. El aprovechamiento del poder o de los bienes públicos en beneficio particular se cobija en la falta de transparencia.
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