“El Código de Procedimiento Penal debilita la acción de la Policía”. Con esta afirmación el coronel Eduardo Mosquera, jefe de la Policía Judicial de Pichincha, justificó en parte la falta de acción que la ciudadanía reclama de los uniformados, ante la preocupante escalada de violencia que se registra en todo el país.
El oficial se atrevió a cuestionar públicamente lo que muchos otros policías y autoridades lo dicen ‘en off’ porque la jerarquía o sus cargos políticos se lo impiden, porque en la práctica consideran necesarias varias reformas que evite la impunidad de los delincuentes.
Es que pese a que hay una visión generalizada de la bondad jurídica de la mayoría de aspectos de las reformas que la extinta Comisión Legislativa (Congreso) realizó al Código de Procedimiento Penal (CCP), no son pocos los cuestionamientos que policías, juristas, ciudadanos y hasta fiscales realizan a algunos cambios que entraron en vigencia en marzo del 2009.
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No(
