Misión de justicia

La denuncia del comandante provincial de Policía del Guayas, Juan Ruales, acerca del lento y sospechoso proceder de varias autoridades judiciales, ha causado distintas reacciones. La primera de todas partió precisamente de los acusados de actuar con demora o entorpecer la labor de los uniformados, cuando los delincuentes deben ser procesados de manera oportuna y seria en la instancia judicial. La segunda reacción partió de la ciudadanía por distintos medios, en los que han expresado su total acuerdo con las quejas del comandante Juan Ruales y respaldan el ánimo de transparentar los procedimientos legales.

Pues bien, la sociedad ecuatoriana está viviendo, con bastante impotencia, las disputas que a nivel de instituciones –Policía, Judicatura, Corte, Fiscalía- se ventilan por las actuaciones poco claras de varios de sus dignatarios y la ola de rumores y acusaciones que unos a otros se endilgan.

El caso del Fiscal es el más notorio por la dosis de politización y escándalo que varios de sus acusadores han interpuesto y la no muy prudente actitud del propio fiscal al responder con más y expectantes imputaciones. Parecería que lo más importante es exhibir la capacidad de pesquisa que tiene cada uno para ‘sepultar’ la reputación del otro.

Pero el debate de fondo es el nivel de seriedad y compromiso social que tienen las instituciones que imparten justicia en el país y la capacidad de los funcionarios para asumir su rol en concordancia con las demandas de la sociedad.

No es posible que, a nombre de la justicia, en abstracto, se violenten los principios que sostienen la necesaria institucionalización de los procedimientos jurídicos. Es obvio que el país todavía carece de una ‘cultura institucional’ sólida que esté por encima de intereses individuales o corporativos; pero ya va siendo hora de que el servicio a la ciudadanía se imponga como misión única.