Prácticamente todas las actividades están detenidas en la provincia de cerca de 200 mil habitantes, pero sin que se presentaran hechos de violencia en las primeras horas, informaron los medios locales.
Los pobladores de La Convención exigen la declaratoria de emergencia en el agro, la construcción de una carretera y el fin del estado de emergencia en la zona, que implica la suspensión de algunas garantías ciudadanas por el posible riesgo de violencia.
Pero el punto más conflictivo es el de la Convención de Viena sobre narcotráfico. Según los campesinos, el Estado peruano debe renunciar a éste por la supuesta penalización que implica para la coca, pedido que es descartado tajantemente por el gobierno.
En ese marco, los cocaleros expresaron su apoyo al renunciante ministro de Agricultura, Juan José Salazar, quien firmó con ellos un acuerdo que contemplaba la posibilidad de renunciar a la Convención de Viena. Ese acuerdo, duramente criticado por la opinión pública, fue desconocido por el gobierno, lo que obligó a Salazar a dimitir.
Los cocaleros de La Convención aseguran que la hoja que se produce en esa provincia es para el consumo tradicional, muy extendido en la zona, pero las autoridades sostienen que también allí hay grandes excedentes que tienen como destino al narcotráfico.
Los huelguistas anunciaron que varios de ellos harán una marcha hacia la ciudad de Cusco, por lo que la Policía dispuso medidas especiales de seguridad.