El comité de empresa de la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, ha descubierto dos documentos del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2003 en los que figura como aspirante a la prejubilación una mujer que, según los trabajadores, no pertenece o ha pertenecido a la plantilla del mercado central de abastos. Asimismo, Antonio Garrido Santoyo, miembro de la Ejecutiva local del PSOE de Baeza (Jaén) e incluido como aspirante a la prejubilación promovido en el ERE del 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, ha renunciado a su cargo en dicho órgano de la Agrupación socialista de Baeza y ha puesto su carné de militante a disposición del partido. A todo esto la Junta a través de su consejero de Gobernación, Luis Pizarro, ha manifestado la "sorpresa" por esta situación.
El comité de empresa de la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, ha descubierto dos documentos del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2003 en los que figura como aspirante a la prejubilación una mujer que, según los trabajadores, no pertenece o ha pertenecido a la plantilla del mercado central de abastos.
Se trata, en concreto, de María del Carmen Fontela González, cuyo nombre figura en el 'estudio de prejubilaciones' del procedimiento y en el protocolo de colaboración, si bien esta persona no figura en los documentos de la sociedad mixta relativos a la "salida" de los trabajadores afectados y "tampoco" en las pólizas correspondientes.
El presidente del comité de empresa de la sociedad mixta, Rafael Domínguez (CCOO), ha informado a Europa Press de que la figura de María del Carmen Fontela González fue descubierta al examinar los abogados de UGT y de su organización sindical la documentación correspondiente al expediente de regulación de empleo de 2003, autorizado en noviembre de aquel año por la Delegación provincial de la Consejería de Empleo para extinguir un máximo de 74 empleos merced a la reestructuración de la plantilla impulsada por la dirección del mercado central de abastos, entonces dirigido por Fernando Mellet.
En concreto, el comité de empresa esgrime un documento de la sociedad mixta fechado el 17 de octubre de 2003 y titulado 'Estudio de prejubilaciones anticipadas por edad', dado que en dicho documento figura, en cuarto lugar, el nombre de María del Carmen Fontela González ligado a la cuantía de 156.749,93 euros en concepto de "coste prima contado". El mismo nombre está asociado a la cuantía de 174.415,21 euros en concepto de "coste promedio acumulado".
NOMBRE ASOCIADO A UN "COSTE"
El segundo de los documentos, expuesto también por el comité de empresa y recogido por Europa Press, es el "Protocolo de colaboración" suscrito el 4 de diciembre de 2003 entre Fernando Mellet como director general de Mercasevilla y el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, en cuanto a la "prejubilación" de los trabajadores de la sociedad mixta afectados por la "reestructuración" de la plantilla. En este documento, según ha señalado Rafael Domínguez, Fontela González figura en el primer lugar de la relación de trabajadores susceptibles a acogerse a dicha reestructuración a partir del 1 de enero de 2004. Su nombre está asociado a la cuantía de 154.851,61 euros en concepto de "coste prima contado", lo que según el presidente del comité de empresa constituye el "coste de la póliza a suscribir".
"No conocemos a esta mujer", ha asegurado el presidente del comité de empresa, quien relata que el miércoles de esta semana expuso el asunto al actual director general de Mercasevilla, Juan Carlos Recio, al objeto de esclarecer si Fontela González figura o no en los archivos de la empresa por lo que a la plantilla se refiere. Juan Carlos Recio, según el presidente del comité de empresa, habría confirmado que esta mujer no figura en los archivos con la condición de trabajadora, si bien el colectivo de prejubilados ha reclamado que tal extremo sea "certificado" oficialmente.
"TAMPOCO APARECE EN LAS PÓLIZAS"
"Es otro intruso", ha destacado Rafael Domínguez, quien ha destacado que el nombre de María del Carmen Fontela González no figura en ninguno de los cuatro documentos librados entre diciembre de 2003 y abril de 2004 por Mercasevilla con las diferentes relaciones de trabajadores acogidos al expediente de regulación de empleo autorizado por la Delegación provincial de la Consejería de Empleo el 18 de noviembre de 2003. A tal efecto, Domínguez y el colectivo de prejubilados han advertido de que el nombre de esta mujer "tampoco aparece en las pólizas" de seguro contratadas por la sociedad mixta para dar cobertura a las prejubilaciones pactadas merced a este procedimiento.
"Aquí sí se han hecho todos los trámites que dice la Junta de Andalucía y sí que ha pagado la Junta", enfatizan el presidente del comité de empresa y el colectivo de prejubilados en cuanto al expediente de regulación de empleo de 2003, en el que aseguran haber descubierto "otro intruso" similar al ya ex miembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, incluido como aspirante a la prejubilación en dos documentos relacionados con el expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007 pero ajeno a la compañía, según ha confirmado expresamente el propio mercado central de abastos.
El expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por la sociedad mixta, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros y de cuya financiación se desliga la Administración autonómica, está incluido en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla en cuanto a la posible comisión de un delito societario por parte de la anterior directiva del mercado central de abastos, encabezada por Fernando Mellet y Daniel Ponce. Ambos están imputados en las tres líneas de investigación incoadas por la juez Mercedes Alaya en torno a la gestión de Mercasevilla.
GARRIDO SANTOYO RENUNCIA A SU CARGO
Antonio Garrido Santoyo, miembro de la Ejecutiva local del PSOE de Baeza (Jaén) e incluido como aspirante a la prejubilación en dos documentos relacionados con el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, ha renunciado a su cargo en dicho órgano de la Agrupación socialista de Baeza y ha puesto su carné de militante a disposición del partido. El área de Personal y Recursos Humanos de la empresa, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, había descartado mediante un documento oficial que Garrido Santoyo hubiese figurado nunca en la plantilla.
El PSOE de Baeza, a través de un comunicado, ha informado de que Garrido Santoyo, ha dimitido del cargo que ocupaba en la Ejecutiva socialista de esta ciudad y ha puesto su carné de militante del PSOE a disposición del partido "hasta tanto sean aclarados los hechos", dado que Garrido Santoyo figura como aspirante a la prejubilación en dos documentos asociados al último expediente de regulación de empleo promovido por el mercado central de abastos de Sevilla pese a que, según defiende la propia empresa, su nombre no figura en los registros con la condición de trabajador.
En efecto, la responsable del departamento de Personal y Recursos Humanos de Mercasevilla, Carmen M. Prior, certifica mediante un documento firmado el 15 de noviembre y recogido por Europa Press, que "una vez examinado el registro existente de los trabajadores por cuenta ajena que han prestado y prestan actualmente sus servicios" en Mercasevilla y su Fundación Socioasistencial, "no consta en el citado registro ningún trabajador con este nombre", en alusión a Antonio Garrido Santoyo.
Este documento, en concreto, había sido elaborado por la responsable del departamento de Personal y Recursos Humanos merced a la "indicación" del director general de Mercasevilla, Juan Carlos Recio, a quien el comité de empresa de la sociedad mixta había reclamado previamente "información" en cuanto al papel de esta persona en el ERE de 2007, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros y de cuya financiación se desliga la Consejería de Empleo pese a que en la documentación figura como principal fuente de los pagos.
Garrido Santoyo, según el PP de Sevilla, es "íntimo amigo" de Juan Lanzas, el ex sindicalista jiennense cuyo nombre surgió en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis en cuanto al posible intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce. La juez Mercedes Alaya, igualmente, investiga en torno a Mercasevilla las supuestas irregularidades de la venta de los suelos del mercado central y un posible delito societario, línea de investigación esta última en la que se incluye el expediente de regulación de empleo de 2007.
Uno de los documentos en cuestión, de cualquier forma, atribuye a Garrido Santoyo, entre el 1 de noviembre de 2007 y el 30 de abril de 2009, un "importe mensual en concepto de complemento salarial" de 5.876,22 euros, toda vez que su nombre no figura en la relación completa de trabajadores de Mercasevilla adheridos al expediente de regulación de empleo de 2007, sometido como se ha informado a una investigación judicial.
SORPRESA DE LA JUNTA
El consejero de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro, ha manifestado la "sorpresa" que para el gobierno de la Junta de Andalucía, en el ámbito de la Consejería de Empleo, ha supuesto la inclusión como aspirante a la prejubilación en dos documentos relacionados con el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla de Antonio Garrido Santoyo, miembro de la Ejecutiva local del PSOE de Baeza (Jaén).
En declaraciones a los periodistas tras su visita a las obras del centro del 112 en Sevilla, Pizarro ha asegurado que la administración autonómica no tenía "ningún tipo de conocimiento" sobre este particular, toda vez que Empleo, "que es la consejería competente, no ha gestionado el expediente de esa empresa".
EMPLEO “SE LAVA LAS MANOS”
Por otra parte, la Consejería de Empleo ha reiterado que no tiene "ningún compromiso administrativo" para con la financiación de las prejubilaciones implicadas en el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa. Mientras el colectivo de prejubilados de este procedimiento reclama al Gobierno andaluz que asuma tal papel al haber quedado paralizadas sus prestaciones, el departamento de ha manifestado su "interés" en que el Juzgado de Instrucción número seis "llegue hasta el final" en las diligencias incoadas en torno a la anterior gestión del mercado central de abastos.
En un comunicado, la Consejería de Empleo informa de que el pasado mes de junio, elevó al Juzgado de Instrucción número seis "toda la documentación referente" al expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por Mercasevilla, al que se acogieron unos 40 empleados cuyas prejubilaciones han quedado en el aire al desligarse la Administración autonómica de su financiación. Aunque en la documentación del ERE figura la Junta de Andalucía como principal fuente de los pagos, el Gobierno andaluz no concede validez jurídica a los documentos esgrimidos hasta el momento por el colectivo de prejubilados.
Así, la Consejería de Empleo reitera su disposición "a colaborar plenamente con la instrucción del caso, para que se esclarezca cualquier irregularidad si esta se detectara". A tal efecto, ha manifestado "interés en que la investigación llevada a cabo en torno a Mercasevilla llegue hasta final y se depuren todas las responsabilidades posibles que en su caso pudieran determinar los jueces".
En concreto, el Juzgado de Instrucción número seis tramite tres líneas de investigación en torno a la anterior gestión de la sociedad mixta. La juez Mercedes Alaya, en efecto, investiga el posible intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, las supuestas irregularidades de la enajenación de los suelos del mercado de abastos y un posible delito societario, línea esta última en la que se encuadra el ERE de 2007.
La Consejería de Empleo, así, reitera "una vez más, que no tiene ningún compromiso administrativo para el pago de las prejubilaciones" pactadas en torno al ERE de 2007.
Y es que la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, mediante un escrito elevado el pasado 21 de junio al Juzgado de Instrucción número seis y recogido por Europa Press, ha negado "rotundamente, cualquier compromiso de pago" para con la financiación del expediente de regulación de empleo de 2007. Dicha alta instancia defiende, respecto a este ERE, que no le consta "ningún procedimiento con arreglo a las normas de derecho administrativo especial" y que los "meros actos de comunicación" del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero son "huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".
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