La propuesta ha sido elaborada por Izquierda Unida, con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre todas las formaciones políticas, de conformidad con los criterios que marque la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Se trata de establecer por ley unos límites para los sueldos de alcaldes y concejales y que no vuelvan a ocurrir ‘asuntos’ como los recientes de Mijas y otros consistorios españoles. IU ha insistido en estos tres años en propuestas similares a ésta, pero el Gobierno hizo oídos sordos. Ahora, por fin, la nueva ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, ha aceptado el reto, por lo que la iniciativa cuenta a partir de ahora con el apoyo del Gobierno.
Después de que la responsable de Política Municipal y Autonómica de IU, Montserrat Muñoz, expusiera esta propuesta en la reunión del Pacto Antitransfuguismo, celebrada el miércoles en el Ministerio de Administraciones Públicas, su titular, Elena Salgado, ha manifestado “el apoyo del MAP a esta iniciativa” y, por indicaciones suyas, ha sido remitida a través del secretario de la Comisión de Seguimiento del Pacto, José Manuel Rodríguez Álvarez, a todos los partidos políticos y grupos parlamentarios que forman parte del mismo.
En este sentido, Montserrat Muñoz se ha felicitado “por la buena acogida y el interés que todas las formaciones políticas han mostrado hacia esta importante iniciativa de Izquierda Unida. Se ha demostrado que estamos a tiempo para atajar y cortar de raíz el aprovechamiento que algunos cargos electos han hecho para beneficiarse mediante sus sueldos de la ausencia de una regulación legal y de un marco global”.
La dirigente y diputada nacional de IU anuncia que “para tramitar nuestra iniciativa, además de propiciar un futuro debate en el seno de la FEMP, la transformaremos en una proposición no de ley para su tramitación en el Congreso y buscaremos su inclusión en la futura Ley de Gobierno Local”.
Éstas son las tres medidas más significativas a tomar en un primer momento:
- Establecer una horquilla para las retribuciones de alcaldes y concejales de acuerdo con los criterios de la FEMP que permita que cada ayuntamiento en ejercicio de su autonomía local pueda fijar sus retribuciones, atendiendo siempre a unos criterios objetivos que no se podrán sobrepasar.
- Que a estos efectos los criterios objetivos a establecer tengan en cuenta, entre otros, la población del municipio, su presupuesto anual y la situación financiera del ayuntamiento.
- Favorecer un gran acuerdo entre los partidos respecto a los criterios y cuantías para su posterior incorporación a la legislación básica local.
En ese sentido, Muñoz recuerda que “hasta ahora, la regulación legal otorga al Pleno de la Corporación la facultad de fijar el salario de sus alcaldes y concejales. Habitualmente se fijan en el primer Pleno después de la constitución de los ayuntamientos y se aprueban en el marco del acuerdo global del Pleno de Organización. En éste, además, se discuten el número de liberados con dedicación exclusiva del gobierno local y de la oposición, las dietas y el personal de confianza política a designar”.
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