El Supremo investigará la "filtración" que permitió huir a Plazaola y exigirá "responsabilidades"

"Yo como presidente del Tribunal Supremo voy a pedir la apertura de investigación sobre esta filtración, trataremos de identificar a la persona responsable y le exigiremos responsabilidades porque en este caso se ha producido un daño a la Justicia", ha dicho.


Lesmes ha recalcado que, si bien el Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tienen una política de comunicación "amplia", ésta sigue siempre los canales oficiales, con "neutralidad informativa y preservando el interés de la justicia".  Sin embargo, en este caso no ha sido así: "Lamentablemente se ha producido una filtración, es algo anómalo que altera la neutralidad informativa", ha dicho.

Según el diario 'El Mundo', fue una filtración en el ámbito jurídico la que permitió al etarra fugarse,ya que la decisión del Supremo trascendió a las 12.40 horas, sin haber sido trasladada al Departamento de prensa, y los cuerpos y fuerzas de seguridad no recibieron orden de detenerle hasta las 17.30 horas


El ministro del Interior ha recordado que la Policía no podía vigilar sin incurrir en una ilegalidad al etarra Plazaola, en busca y captura desde que el Tribunal Supremo anulase su excarcelación, porque estaba en libertad sin condiciones. "Si se hubiera hecho otra cosa se habría incurrido en una ilegalidad", señaló el ministro a su llegada al Consejo de ministros europeos de Interior que se celebra hoy en Bruselas.


Fernández Díaz ha manifestado que Plazaola no estaba en libertad condicional, sino en libertad sin condiciones, por lo que no tenía medidas de seguridad decretadas por la autoridad correspondiente y vigilarle habría supuesto incurrir en una ilegalidad. El ministro ha explicado que para delitos contra la libertad o de carácter sexual ya se está tramitando en el Congreso la reforma del código penal, para que se puedan ejercer medidas de seguridad sobre aquellas personas que se teme que vuelvan a delinquir.


"Si a la Policía o la Guardia Civil se le hubieran dado órdenes en cuanto a mantener una seguridad sobre esa persona (Plazaola), evidentemente esa persona hubiera sido vigilada y detenida en el momento que la autoridad judicial lo ha dispuesto", añadió.

El ministro evitó comentar si pasó demasiado tiempo desde que se supo la noticia hasta que se dio la orden de arresto a la Policía, y se limitó a decir que no tiene por norma cuestionar las decisiones judiciales. "Cuando se recibió la correspondiente orden, en este caso se puso en marcha el dispositivo de vigilancia para detenerlo y ponerlo a disposición judicial", aseguró.

Sobre la decisión de anular la excarcelación, Fernández Díaz dijo tener "absoluto respeto" por los tribunales españoles, por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo, y confió en que no ocurra como con la doctrina Parrot que fue anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
"No tengo la menor duda de que lo que ha hecho el Tribunal Supremo es ajustado a derecho", recalcó, al tiempo que aseguró que si hay un sistema judicial especialmente garantista en la UE es el español. "Confío en que no se reproduzca lo que se produjo con la derogación de la doctrina Parrot, que nosotros hemos acatado porque fue una decisión del Tribunal Europeo de Derecho Humanos", afirmó.

Plazaola fue puesto en libertad en diciembre por la Audiencia Nacional en virtud de una normativa europea, pero el Tribunal Supremo anuló este miércoles su excarcelación.

Cuando la Guardia Civil acudió a su domicilio de la localidad guipuzcoana de Doñate no encontró a Plazaola, que está en busca y captura desde entonces.

Plazaola salió de la prisión de Texeiro (A Coruña) el pasado 4 de diciembre tras así decretarlo la Audiencia Nacional, que también ordenó excarcelar a Santi Potros en virtud de una decisión marco europea que prevé acumular penas por condenas cumplidas en cualquier país de la Unión Europea.
Aunque ambos salieron de prisión ese día, Potros fue arrestado de nuevo el 19 de enero -actualmente está en prisión preventiva- en relación con dos atentados cometidos en los años ochenta en los que se sospecha de su intervención.

Mientras, Plazaola cumplía una condena de 36 años por dos delitos de asesinato frustrado en relación con la colocación de una bomba en un bar de Eskoriatza (Guipúzcoa) en 1987 y otros 10 años por un delito de estragos.

En Francia, fue sentenciado a una pena de 7 años en 1994 que cumplió, y que fue la que se acumuló a las condenas españolas, por lo que su fecha de licenciamiento se fijó con efectos desde el 24 de agosto de 2013.

La Sala Penal del Tribunal Supremo deliberó el miércoles sobre estos casos, a los que ha decidido aplicar la reciente doctrina de este tribunal para situaciones similares, si bien la votación ha contado con un voto particular.