La Comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género daba ayer lunes luz verde en el Congreso al Informe de su subcomisión encargada de renovar y actualizar dicho pacto.
El documento ha obtenido un amplio respaldo con 34 votos a favor frente a 3 en contra.
El informe define desde sus primeras líneas que “la violencia contra las mujeres supone una vulneración de los derechos humanos y una expresión de discriminación”.
Asimismo, incluye cualquier acto de violencia basado en el género que cause daños o sufrimientos físicos, sexuales, psicológicos o económicos, así como otras formas de agresión específicamente dirigidas hacia las mujeres.
El texto aprobado
El texto finalmente aprobado contiene un total de 461 propuestas organizadas en 10 apartados clave: sensibilización y prevención; respuesta institucional mediante coordinación y trabajo en red; asistencia y protección a las víctimas; atención específica a menores afectados; formación especializada; estudios y análisis estadísticos; recomendaciones dirigidas a Comunidades Autónomas, entidades locales e instituciones relacionadas; visibilización de otras modalidades de violencia contra las mujeres; compromiso económico; y seguimiento y evaluación del propio Pacto.
Por último, la comisión acordó por unanimidad elevar tanto el informe como los votos particulares que se mantengan al Pleno del Congreso. Para ello, se estableció un plazo de 48 horas durante el cual podrán decidirse sobre la conservación de dichos votos.
La solicitud inicial para constituir esta subcomisión llegó a la Mesa de las Cortes el 5 de marzo de 2024, impulsada por PP, PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, EH-Bildu y el Grupo Mixto.
Posteriormente, el 19 de marzo del mismo año, la Comisión correspondiente resolvió remitir la propuesta al Pleno, donde fue aprobada el 23 de abril.
Vox se niega
Vox ha sido el único grupo político que se ha opuesto frontalmente al informe, argumentando que representa "un auténtico fracaso y una estafa para los españoles".
Según su postura, el documento se basa en una legislación que consideran injusta hacia los hombres, refiriéndose específicamente a la normativa vigente sobre violencia de género.
Por contra, el resto de grupos parlamentarios destacaron durante el debate la disposición general al consenso mostrada por la mayoría de fuerzas políticas. Esta actitud común busca reforzar las acciones destinadas a combatir las distintas formas de violencia contra las mujeres.
Ángeles Carmona, Vocal del Consejo General del Poder Judicial, quien presidió el Observatorio contra la Violencia de Género, aplaudió que los partidos hayan alcanzado un acuerdo en este ámbito tan crucial.
Sin embargo, subrayó un aspecto esencial: "Es necesario que todas estas medidas se traduzcan en cambios legislativos concretos. Este es un camino que aún requiere mucho esfuerzo para seguir avanzando". Su intervención pone de manifiesto la importancia de no quedarse únicamente en buenas intenciones, sino de materializarlas en reformas legales efectivas.
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