El Congreso de los Diputados aprobó ayer martes iniciar la tramitación de una proposición de ley orgánica presentada por el PSOE que busca castigar con penas de prisión las terapias de conversión relacionadas con la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género.
La propuesta recibió el respaldo de todos los grupos parlamentarios, excepto de Vox, que se opuso a su procesamiento.
Penas de cárcel
La iniciativa pretende incorporar estas prácticas al Código Penal, considerándolas un delito sancionable con penas de entre 6 meses y 2 años de cárcel.
Según argumentaron sus impulsores, estas terapias constituyen formas graves de violencia que atentan contra la dignidad y la integridad de las personas.
Denuncias contra las terapias de conversión
Durante el debate en el pleno del Congreso, el diputado socialista Víctor Gutiérrez denunció que estas terapias representan "una de las peores formas de violencia que una persona puede sufrir, que es ser obligado a odiarse, ser torturado física o psicológicamente para que le arranquen su orientación o identidad de encima".
Además, Gutiérrez criticó duramente que aún existan familias, líderes religiosos o supuestos 'coaches' que promuevan estas prácticas bajo falsas promesas: "Sigue habiendo curas, pastores de sectas o charlatanes que venden la misma mentira: que la diversidad sexual y de género se puede extirpar con sesiones de rezo, descargas eléctricas o medicamentos. (...) Lo hacen impunemente, muchas veces escondidos tras asociaciones religiosas y sectas".
Apoyo mayoritario y discrepancias políticas
Varios grupos parlamentarios coincidieron en calificar estas prácticas como auténtica "tortura". BNG, Podemos, Bildu y ERC utilizaron este término, mientras que el PNV las describió como una "aberración" que solo provoca daño y trauma. Desde Sumar también se sumaron a las críticas, señalando que estas terapias "atentan contra la dignidad de las personas".
No obstante, algunos grupos reprocharon al PSOE que no apoyara previamente una iniciativa legislativa presentada en febrero, que no solo buscaba tipificar estas prácticas como delito, sino también proteger y reparar a las víctimas. Este punto fue destacado durante el debate, especialmente en un contexto cercano a la celebración del Orgullo estos días.
Posturas encontradas
El PP apoyó la iniciativa. Su diputado Jaime Miguel de los Santos afirmó que defender los derechos del colectivo LGTBI equivale a defender los valores de una sociedad justa: "En eso estamos todos unidos, por más que la izquierda esté empeñada en levantar muros", declaró en todo caso, para lanzar críticas al Gobierno.
Por su parte, María de la Cabeza Ruiz, de Vox, calificó la propuesta como "una auténtica aberración" que persigue "mandar a la cárcel a personas inocentes". Además, acusó al texto de constituir un ataque a la libertad individual, de pensamiento y religiosa, defendiendo posturas contrarias a la criminalización de estas prácticas.
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